En manos del Congreso Nacional está la convocatoria a elecciones: Kelvin Aguirre

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –La convocatoria a elecciones primarias está en manos del Congreso Nacional, aseveró el concejal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, quien alertó que ese poder del Estado tiene en suspenso las reformas electorales que se requieren para celebrar los comicios.

“La última palabra la tiene el Congreso Nacional, en manos de ellos” están las elecciones primarias, sostuvo el funcionario en declaraciones a un medio televisivo la noche del miércoles.

La ley manda que debe haber elecciones el segundo domingo de marzo de 2021 y que la convocatoria debe hacerse el 13 de septiembre de 2020, señaló Aguirre, que a la vez hizo hincapié en que hasta el momento el Congreso Nacional no ha aprobado ninguna reforma electoral.

“Nosotros debemos cumplir haciendo las convocatorias siguiendo lo estipulado en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas”, aseguró.

El funcionario del CNE aseguró que los empleados de dicha institución continúan trabajando a través de la implementación de herramientas tecnológicas, pese a la actual crisis sanitaria por la presencia del coronavirus o Covid-19, que mantiene a Honduras en un toque de queda que mantiene a los y las hondureños en aislamiento en sus hogares.

“Seguimos trabajando, para poder estar listos y cumplir con el cronograma electoral. La crisis del Covid nos ha demorado, pero hemos estado trabajando de manera remota para poder cumplir con el mandato de ley”, afirmó Aguirre.

De acuerdo con el funcionario, el CNE está culminando la elaboración de un presupuesto por un aproximado de seis millones de lempiras, el cual debe ser presentado ante el Congreso y la secretaria de Finanzas, en el mes de mayo para que pase a un proceso de análisis y posibles reajustes.

Aguirre detalló que, a consecuencia de la pandemia, 128 proyectos electorales diseñados por el CNE se encuentran en suspenso hasta segundo orden. En ese sentido citó la aprobación por parte del Poder Legislativo de la nueva ley electoral, que está empantanada desde el pasado mes de febrero.

El pasado seis de marzo, el Consejo Nacional Electoral oficializó su postura de no admitir la inscripción de ninguna candidatura presidencial que conlleve la reelección.

Dicha determinación fue adoptada por mayoría de los votos emitidos por las concejales que representan a los partidos Libre y liberal Rixi Moncada y Ana Paola Hall, respectivamente, a excepción de Kelvin Aguirre, del Partido Nacional, que votó en contra de la decisión, que ese mismo día fue notificada al Congreso Nacional y que surtirá efecto para las elecciones de 2021.

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PREPARAN EL AMBIENTE

El 8 de abril, la diputada del oficialista Partido Nacional, Wesly Vásquez, comentó que las elecciones internas deberían ser suspendidas y en su lugar destinar el presupuesto para atender a familias afectadas por Covid-19.

“Creo que nadie está interesado en tener elecciones internas. Lo que tenemos que hacer es suspender toda elección interna. Considero que las elecciones internas las tenemos que hacer ayudando a cada familia que necesita en Honduras, y si alguien en política le estorba el dinero, que se lo vaya a dar la gente humilde”, dijo la diputada durante una entrevista a Radio América.

Las declaraciones de Vásquez fueron consideradas por la oposición política como la intención del Partido Nacional de perpetrar en el poder al actual jefe de Estado, Juan Hernández, quien logró mantenerse en el poder mediante un proceso de reelección ilegítimo y fraudulento en noviembre de 2017. Hernández se mantiene en la Presidencia de Honduras desde enero de 2014.

SARTÉN POR EL MANGO

Para que el Congreso Nacional tome decisiones sobre algunas reformas electorales—que implican una reforma constitucional—como la segunda vuelta o sobre la implementación de un plebiscito para preguntar por la reelección presidencial, debe contar con el voto de la mayoría calificada, es decir, con el apoyo de 86 diputados.

Durante los dos periodos de la administración de Juan Hernández, el diputado del Partido Nacional por el departamento de Choluteca, Mauricio Oliva, ha sido el presidente del Poder Legislativo. Oliva, quien se supone correrá en busca de la candidatura presidencial por el oficialismo, fue acusado en enero de 2018 por el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, de liderar una mafia de diputados corruptos dedicada al saqueo de las arcas del Estado.

El presidente del Legislativo ha liderado el blindaje a la corrupción y la impunidad, mediante la aprobación de leyes. De hecho, promovió la cancelación del convenio con la MACCIH, instancia de la OEA que develó varios actos de corrupción, en su gran mayoría, cometidos por políticos del Partido Nacional.

A raíz de la emergencia sanitaria el Congreso Nacional ha dejado de sesionar. Sin embargo, el 2 de abril celebró una sesión extraordinaria para aprobar la “Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19”, con la se autorizó al Poder Ejecutivo para que asuma una deuda por 2.500 millones de dólares.

Oliva prometió que el Congreso reactivaría las sesiones de manera virtual para aprobar, entre otras cosas, las reformas electorales.