La CIDH señala que ese programa impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados sectores sociales.
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reiteró su preocupación por el Plan Guardianes de la Patria, que introduce a las Fuerzas Armadas y la policía en el ámbito educativo, con el argumento de controlar la presencia de maras y pandillas en las escuelas, así como la venta y el consumo de drogas.
La CIDH señala que ese programa impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados sectores sociales.
la misión señaló que resulta preocupante el impacto que la situación socio-económica tiene en los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su bienestar y en las oportunidades que tienen de desarrollarse plenamente.
La pobreza infantil en Honduras es la más severa en toda América Latina. De la población infantil de menos de 4 millones, hay 435.000 niñas y niños trabajando. Más de un millón de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años no acude regularmente a la escuela o se encuentran fuera del sistema educativo.
Los indicadores son aún más abrumadores en la niñez indígena, afrodescendiente y con discapacidad, y debe prestarse especial atención a la integración al sistema educativo de la niñez migrante retornada y la desplazada por la violencia.
La CIDH reiteró su preocupación por el Plan Guardianes de la Patria, que introduce a las Fuerzas Armadas y la policía en el ámbito educativo, con la finalidad de controlar la presencia de maras y pandillas en las escuelas, así como la venta y el consumo de drogas. Dicho programa impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados sectores sociales.
Por otra parte, el clima de inseguridad y violencia que se vive en el país es particularmente pernicioso para los niños, niñas y adolescentes. La niñez que vive en los barrios con fuerte presencia e implantación de las maras y las pandillas es uno de los grupos que más se ve afectado en el goce de sus derechos. La CIDH advierte que niñas, niños y adolescentes son expuestos a las presiones, amenazas, violencia y engaños por parte de las maras, y son utilizados y abusados para sus actividades. Además, son estigmatizados, discriminados y maltratados por los agentes del orden, ya que los ven como potenciales delincuentes. Respecto de los niñas y niños que viven en situación de calle, preocupa a la CIDH su situación de extrema vulnerabilidad ante las denominadas operaciones de “limpieza social”. Este contexto de violencia incide en la decisión de migrar de muchas niñas, niños y adolescentes, y sus familias, así como en el desplazamiento interno.
Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por el elevado número de embarazos adolescentes y por el nivel de violencia sexual que experimentan las niñas y las adolescentes. Honduras es el segundo país con mayor embarazo adolescente en América Latina, con un promedio nacional de embarazo forzado adolescente en 24% entre las adolescentes de 15 y 19 años. Es alarmante que un porcentaje muy elevado de estos embarazos, cercano al 50%, sean producto de violaciones. El abuso sexual a la niñez es motivo de profunda preocupación y reclama esfuerzos prioritarios y urgentes por parte del Estado que incorporen una estrategia para la modificación de estereotipos de género en la sociedad, el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en el conocimiento de sus derechos, y acceso a servicios como las líneas telefónicas de atención gratuita 24 horas. Durante la visita la CIDH fue informada del avance realizado en el 2017 por el Estado hondureño al modificar su legislación para no permitir el matrimonio de niños, niñas y adolescentes antes de cumplir los 18 años. Con el fin de prevenir el embarazo adolescente, la Comisión insta al Estado a incluir en la currícula escolar, materias relacionadas con la educación sexual y reproductiva.
En materia de justicia juvenil, la Comisión reconoció diferentes medidas adoptadas por el Estado, tales como la reforma de 2013 que busca que la justicia juvenil sea más especializada y ajustada a los estándares internacionales, y como la instauración del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) como el órgano encargado de administrar el funcionamiento de los centros de detención de adolescentes en contacto con la ley penal.
Sin embargo, la CIDH advierte que la situación de los niños y adolescentes privados de su libertad sigue caracterizándose por precarias condiciones de encierro, uso excesivo de la prisión preventiva, escasos programas de reintegración social efectivos, y la necesidad de dotar el sistema de autoridades judiciales especializadas.
Respecto de los centros juveniles de detención, la información al alcance de la Comisión indica que se caracterizan por deficientes instalaciones, insalubridad, falta de programas socioeducativos que permitan una efectiva reinserción, e inseguridad e ingobernabilidad como consecuencia del control que las pandillas ejercerían al interior. Además de las condiciones deficientes que caracterizan los centros carcelarios en general, durante su visita a Renaciendo, la CIDH advirtió que únicamente se brinda educación hasta el sexto grado. Adicionalmente, y a pesar de las actividades de agricultura que están por iniciar en las siguientes semanas, la Comisión considera que no existen actividades educativas ni recreativas que garanticen una efectiva reinserción social a los adolescentes privados de su libertad en este centro. En este sentido, la CIDH observa que las condiciones de detención resultan contrarias a los estándares internacionales en materia de justicia juvenil, pues no brindan un tratamiento acorde al respeto y la dignidad humana, ni tienen como finalidad clara la reinserción efectiva y constructiva a la sociedad.