Por: Hugo Noé Pino
La instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA fue vista, con optimismo en algunos sectores nacionales y con escepticismo por otros. La esperanza radicaba en que la Maccih había surgido como resultado de una movilización ciudadana, muy pocas veces vista en el país, exigiendo castigo para los corruptos, en especial a los vinculados a la malversación de recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Las marchas, organizadas por el grupo de Indignados (en su mayor parte jóvenes), duraron varios meses y se extendieron a las principales ciudades.
El escepticismo se basaba en varios aspectos: primero, la Maccih se consideraba como la versión “light” de la CICIG de Guatemala, y hacia lo cual apuntaban las marchas (¡queremos un CICIG en Honduras!); segundo, la OEA depende mucho de los gobiernos que la conforman y el hondureño podría tener mucha influencia en la Misión. Tercero, la concentración de poder por Juan Orlando Hernández es tan fuerte que las instituciones de justicia no harán nada para sancionar a los corruptos.
Casi dos años han transcurridos desde que la Maccih se instaló en Honduras bajo la conducción de Juan Jiménez Mayor. Durante los primeros doce meses hubo fuertes críticas que la Misión no avanzaba, que no existía ningún caso relevante, que era más relaciones públicas, etc. Sin embargo, se fueron presentando algunos rasgos positivos como el acuerdo con la Procuraduría General de la República que impedían procesos de conciliación en casos de corrupción, como se había venido haciendo en algunas oportunidades.
También el establecimiento de los juzgados anticorrupción, lo cual fue visto como un paso adelante, pese a que en su establecimiento el Congreso Nacional introdujo modificaciones importantes, entre ellas, el hecho de que sólo los casos en que se podrían probar como red de corrupción serían llevados en estos tribunales. Una acusación que se hiciera contra uno o dos funcionarios sería juzgada por los tribunales comunes. Pero tal vez el más importante avance fue el establecimiento de la Unidad Fiscal Especial Anticorrupción en el Ministerio Público (UFECIC) en la cual se siguió un procedimiento adecuado para la selección de los fiscales que estarían a cargo de las investigaciones y judicializaciones de los casos de alto impacto.
Pero también hubo retrocesos aún con la presencia de la Maccih, la reducción de penas por corrupción, la politización en la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, los cambios al proyecto de la Ley de política limpia, muestran que el poder político no estaba (ni está) dispuesto a muchas concesiones.
La verdadera prueba de la Maccih viene en el período después de las elecciones, se presentan acusaciones contra seis diputados por el manejo irregular de fondos públicos recibidos por medio de una ONG. Este caso, y las acusaciones contra la ex primera dama Rosa de Lobo y otros funcionarios allegados a ella, enciende las alarmas del estamento corrupto del país. Muchos diputados, funcionarios, empresarios, miembros de ONGs, de organizaciones religiosas, etc. se vieron reflejados en el espejo que muestra el camino hacia los juzgados anticorrupción, imágenes imposibles hasta hace poco en nuestro país.
El contraataque de la corrupción ha sido en varios frentes, entre ellos: primero, el pacto de impunidad denunciado por Jiménez Mayor antes de su salida. Segundo, el recurso de inconstitucionalidad del convenio de la Maccih elevado (y ahora aceptado) por la Sala Constitucional) por los defensores de los seis diputados acusados; tercero, campañas de desprestigio y amenazas a UFECIC, Consejo Nacional Anticorrupción, la Maccih y a los jueces anticorrupción. Cuarto, las reformas a la ley de Privación de Dominio, recientemente aprobadas. Sería insólito que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional un convenio internacional, por lo que parece que el objetivo es un ablandamiento de las acusaciones de la Maccih. Así que el recurso legal estar mucho tiempo sin resolver, pero como una espada de Damocles sobre la Misión.
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No se sabe si por casualidad, por torpeza, o por formar parte de la trama, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, simultáneamente escribió una carta a Juan Orlando Hernández, con un despido indirecto a Juan Jiménez Mayor. La salida del vocero de la Maccih, y la de varios funcionarios que también renunciaron, ha debilitado a la Misión.
Algunos sectores de la sociedad hondureña hacen esfuerzos por evitar que la Maccih caiga en una situación de irrelevancia en la lucha contra la corrupción o que se ordene su salida de Honduras. No obstante, el contraataque de las redes de corrupción es fuerte y solamente un esfuerzo unitario y estratégico podrá detener esta escalada. En este sentido, se creó recientemente el grupo denominado Ciudadanía Contra la Corrupción, el cual pretende emprender diversas acciones para mantener vigente la lucha contra la corrupción en Honduras. La constitución del grupo es una respuesta de diversas organizaciones de la sociedad civil que ofrecerán su respaldo a la Maccih en tanto mantenga en alto la bandera contra la corrupción. Igual apoyo dará a un Ministerio Público independiente y capaz, para lo cual monitoreará que la elección del nuevo fiscal general sea bajo los criterios de capacidad, experiencia, honradez e independencia.
Será interesante ver también cuál será la posición de la cooperación internacional que ha apoyado abiertamente estos esfuerzos anticorrupción. Sin embargo, estos actores externos han olvidado un factor fundamental en todo lo que acontece: el reconocimiento de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras fue simultáneamente un reconocimiento y respaldo al sistema de impunidad y corrupción que lo sostiene.