Pueblo hondureño necesita conducción en lucha contra la dictadura: Eugenio Sosa

 

 

Hay un lado positivo y es que el pueblo está en las calles, porque hay un despertar ciudadano, una reactivación popular y una lucha permanente desde los territorios.

 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Para el sociólogo Eugenio Sosa los ciudadanos están saliendo a las calles a manifestar su descontento contra el gobierno, pero les hace falta conducción.

Los presidentes de las organizaciones, los directivos de los gremios y los líderes políticos tienen de una vez por todas, encontrarse y reflexionar cómo dar conducción a un enorme malestar de la ciudadanía hondureña frente al gobierno.

La represión de las manifestaciones pacíficas por parte del ejército y de la Policía Nacional se debe a que hay un convencimiento del grupo corrupto que está conduciendo el país, que a punta de Policía Militar del Orden Público (PMOP), bombas lacrimógenas y del uso de la fuerza puede imponer lo que sea.

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En un país con una leve actitud democrática y con respeto a la ciudadanía, esto tendría otras connotaciones, dijo Sosa

Señaló que conculcar el derecho a protestar, aunque no está legalizado en Honduras, prácticamente ha sido suscrito, ha desaparecido. Porque el régimen no tolera ningún tipo de acción ciudadana.

Y luego reclaman la violencia, que hay quema de llantas y lanzamiento de piedras cuando del otro lado hay una violencia institucionalizada, puntualizó Sosa.

Lamentablemente este gobierno cuenta con el visto bueno de una clase empresarial, de tolerancia de los Estados Unidos y de apoyos religiosos como el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez que criminaliza las antorchas, pero bendice al lado represor.

Sosa manifestó que el cambio en Honduras pasa por una derrota política brutal a todos estos sectores de poder que hoy permiten, toleran y suscriben este tipo de gobierno que tienen los hondureños y que es totalmente fraudulento.

Sin embargo, dijo que hay un lado positivo y es que el pueblo está en las calles, porque hay un despertar ciudadano, una reactivación popular y una lucha permanente desde los territorios.

Visualizó además que hay un enorme desfase de conducción, los presidentes de las organizaciones, los directivos de los gremios y los líderes políticos tienen de una vez por todas, encontrarse y reflexionar cómo dar conducción a un enorme malestar de la ciudadanía hondureña frente al gobierno.

Ante UFECIC presentan pruebas de corrupción contra Juan Hernández y su esposa

El fiscal Luis Javier Santos al recibir las pruebas dijo que, «el país se lo han robado», comentó la periodista Lidieth Díaz

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Este lunes la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) recibió las pruebas de varios actos de corrupción en los cuales se sindican al titular del régimen de Honduras, Juan Hernández y su esposa Ana García Carías.

Las pruebas fueron llevadas hasta las oficinas de la UFECIC ubicadas en la ciudad de Comayagüela, por la periodista Lidieth Díaz, esposa del periodista David Romero Ellner, quien guarda prisión condenado por el delito de calumnias constitutivas de injuria.

Contrario a lo sucedido en la MACCIH, en la UFECIC la comitiva encabezada por Lidieth Díaz si fue recibida en las oficinas de manera amable y dispuestos a escuchar y ver las pruebas que llevaron a presentar.

Díaz manifestó que fue recibida por el fiscal Luis Javier Santos y pidió paciencia porque no tienen mucho personal, pero prometió que la van a revisar y que eso lleva tiempo.

La periodista destacó que el fiscal Santos al recibir las pruebas le manifestó que «el país se lo han robado» 

La comunicadora señaló que el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Luiz Guimarães Marrey dijo que quien debería recibir esas pruebas es el titular de la UFECIC, Luis Javier Santos y por esta razón ahora se las llevan a él para ver si este hace las investigaciones del caso.

La semana pasada la periodista, acompañada de un bueno número de pobladores se presentó a las oficinas de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), para presentar otra cantidad de documentos que, según ella y su esposo, prueban la corrupción de la pareja presidencial hondureña.

Las puertas de la UFECIC fueron cerradas para que no ingresara la gente que se presentó a las oficinas del ente investigador, pero sí se recibió a la comitiva que acompañaba a la periodista Lidieth Díaz a la presentación de las pruebas.

Segunda vuelta electoral atenta contra la democracia y promueve violencia: Reinaldo Sánchez

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Con la procacidad que caracteriza a muchos dirigentes del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional, manifestó que la segunda Vuelta de Electoral promueve la violencia y es un atentado contra la democracia.

Sánchez explicó que es válido que el Partido Nacional se pregunte de dónde se sacará el presupuesto para hacer una Segunda Vuelta de elecciones, si la oposición respetará los resultados de hacerse la segunda vuelta.

Sánchez declaró que lo más probable de hacer una segunda vuelta electoral es que haya violencia en las calles, saqueos a negocios y otros actos delincuenciales.

Agregó que esa no es la solución que el pueblo necesita, porque ello no garantiza que se solventen los problemas luego de unas elecciones, por lo que aún hay que encontrar muchas respuestas a dicha propuesta.

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Sin embargo, el dirigente nacionalista manifestó que su partido no tiene ningún temor a entrar a dialogar sobre la segunda vuelta electoral o balotaje y que han iniciado una consulta sobre el tema planteándolo de acuerdo a la realidad nacional.

Los nacionalistas volvieron con sus acusaciones contra la oposición acusándolos de hacer alianzas con las maras y panillas para boicotear el proceso electoral y piden que garanticen que no lo harán nuevamente y que no promoverán la violencia al no aceptar los resultados.

También señalan que no hay dinero para esa segunda vuelta electoral que representa más de mil millones de lempiras y que hacerlo representa dejar de hacer muchos programas sociales.

Juicio Contra Latinoamérica

Por: Edmundo Orellana

La justicia estadounidense no es imparcial en esos juicios contra narcos. En estos juicios el banquillo de los acusados está reservado para latinoamericanos. Es Latinoamérica a la que se juzga en esas cortes federales.

Y es que resulta inexplicable que, siendo Estados Unidos el mercado más importante de la droga en este continente, ningún gringo aparezca como testigo en el juicio del Chapo y de los otros narcos. ¿Cómo explicarse que no hayan negociado ni conocido a ningún gringo de los que recibían la droga que enviaban a Estados Unidos?

Si el Chapo se convirtió en un multimillonario, con poder sobre la vida y los bienes de millones de personas, desde México hasta Colombia, fue porque había quienes dentro de Estados Unidos compraban la droga que él exportaba. Estos enriquecieron al Chapo y a muchos otros capos de la droga. Los magnates gringos que compran la droga, convirtiendo en multimillonarios a los capos latinos, la colocan en el mercado estadounidense a un valor infinitamente superior al de la compra, obteniendo ganancias multimillonarias, que no se esconden en colchones ni en paredes falsas, sino que entran en el mercado financiero gringo y, por esa vía, circulan por las arterias del sistema financiero internacional.

Cuánto de las ganancias que los narcos gringos obtienen de la compra de esa droga latina, contribuye a la estabilidad financiera mundial, es una pregunta que no se puede responder porque son cantidades impronunciables. Y si adicionamos lo que genera el crimen organizado en el mundo (mafia rusa, china, judía, etc.), habrá que preguntarse cuánto de la economía mundial depende de esta fuente de recursos financieros.

Los multimillonarios no pueden obviar negociar con recursos de la economía del crimen, colocados legítimamente en el mercado. Fortunas famosas, como la que acumuló el patriarca de la familia Kennedy, se dice que provienen del crimen organizado. Y en esos ambientes se comparten negocios y placeres. Cuando Sinatra, el incomparable, adicto a esos ambientes, las figuras del crimen organizado eran aterradoras, y, sin embargo, por su medio, alternaban con los círculos inmediatos del Presidente de los Estados Unidos. Ahora tienen otra apariencia legitimada con títulos académicos y apoyados en corporaciones cuyas acciones se cotizan en las bolsas de valores del mundo. Ya no necesitan de Sinatras, pues son respetados señores en el mercado mundial que, por sus propios méritos, alternan directamente con estadistas en todo el planeta y participan, directa o indirectamente, en reuniones en las que se decide el destino del mundo.

Escudriñar en ese mundo del crimen, en las cortes federales, llevaría a los fiscales y jueces gringos a dimensiones en las que no existe frontera entre lo legal y lo ilegal, pulsando fibras sensitivas del sistema financiero gringo, con el peligro de provocar colapsos de alcance mundial.

Atacar a los capos latinos es un fuerte golpe al crimen organizado, por supuesto, pero no al negocio de lavado de activos, en el que participan los que pueden mimetizar el dinero sucio en el mercado. No todos están en posición de convertir dinero sucio en dinero lícito. Solo los muy hábiles y los que están cerca del Poder Político están en esa posición y a éstos no les conviene que el negocio de la droga desaparezca. Por eso, misteriosamente, pese a la captura de esos capos, los circuitos de distribución de la droga continúan su dinamismo sin interrupción, proveyendo a los capos, de los países como Estados Unidos, lo que necesitan para mantener sus glamorosas vidas y la economía continua sigue siendo insuflada con renovados recursos financieros.

El dinero proveniente del crimen organizado es parte de la economía mundial, ciertamente. De ahí que en ese mundo de los negocios internacionales lo que priva es una doble moral. La que exhiben al público y la que hacen valer en la oscuridad de sus trincheras ejecutivas. Simulan apegarse a la ética y a la ley, pero operan inescrupulosamente y sin reconocer límites. Sus víctimas no son personas, como en el caso de los narcos, sino mercados y países.

Hurgar en ese mundo está prohibido. Códigos, patrones y conductas son respetados por autoridades y capos, por gobiernos y corporaciones, en una relación inextinguible de mutuo provecho. Sin embargo, para los latinos esta relación puede convertirse en una trampa, como el caso de Noriega y del Chapo, por el prejuicio de que son despreciables y criminales, y, en consecuencia, desechables, exacerbado, hoy, por la retórica Trumpiana

Por eso, resulta muy cómodo y útil que en esas cortes federales la justicia abandone su imparcialidad, evitando condenar por igual, porque son igualmente criminales, a los capos latinos que exportan la droga a Estados Unidos y a los capos gringos que la importan de Latinoamérica.

Dictan detención judicial contra defensor del Bajo Aguán 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Un juez con jurisdicción nacional dictó detención judicial al campesino Jeremías Martínez Cruz de 63 años de edad, quien fue denunciado por defender el territorio, el agua y la vida de su comunidad.

Jeremías está muy delicado de su salud y  ayer en horas de la tarde fue detenido en su casa de habitación sin habérsele mostrado una orden de captura y con la presencia policial al interior de su vivienda.

La audiencia de declaración de imputado celebrada este viernes en la ciudad de San Pedro Sula,  solo fue el reflejo de lo servil que es la institucionalidad hondureña para quienes despojan y violentan los derechos de la población, comentaron los defensores del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

A Jeremías Martínez  se le acusa de los delitos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras. 

El expediente contiene 18 ordenes de captura en contra de los defensores y ambientalistas que han estado en defensa del agua y la vida en la comunidad de Guapinol.

La audiencia inicial quedó programada para el próximo miércoles 5 de diciembre del 2018, el campesino será trasladado al centro penal de La Ceiba mientras Inversiones los Pinares goza de la protección e impunidad que le garantiza el corrupto sistema de justicia hondureño.

En febrero de 2017 asesinaron a su hijo Roque Martínez Ramos, en el sector de Zamora, en Tocoa, Colón.

Según relato del propio padre, su hijo se encontraba laborando para la empresa “5 de Enero” cuando ocurrió el ataque.

Hacen un llamado para ponerle fin a la violencia contra las mujeres en la política

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Este miércoles se llevó a cabo el Foro denominado “Violencia contra las mujeres en la política: un problema de derechos Humanos” desde donde se lanzó un llamado para ponerle fin a la violencia que sufren las mujeres en la política

La violencia contra las mujeres en la política se manifiesta por medio de una diversidad de prácticas consideradas “naturales” en el ámbito político y de la contienda por el poder. Si bien, tanto los hombres como las mujeres pueden experimentar la violencia en la política, esos actos hacia las mujeres se basan en desigualdades y discriminaciones en razón de construcciones socioculturales que llevan a prácticas de violencia que amenazan, afectan, restringen o impiden su participación política.

El goce de los derechos políticos por las mujeres significa su plena participación en el ejercicio efectivo del poder político y en el proceso de toma de decisiones, en todas las esferas de la vida pública y política, en igualdad de condiciones con los hombres, sin ningún tipo de discriminación y de violencia.

Desde el 2016 el NDI lanzó el Llamado a la Acción “NoEsElCosto: Alto a la violencia contra las mujeres en la política” como una forma de visibilizar esta problemática y ponerle un alto. El llamado a la acción refleja la necesidad de hacer que todos los actores involucrados tomen medidas hoy para que la violencia contra las mujeres políticamente activas sea tan inaceptable como cualquier otra forma de violencia contra las mujeres.

El foro estuvo dirigido a partidos políticos, autoridades estatales, sociedad civil organizada y medios de comunicación, con el fin de llamar la atención respecto a que la violencia no es el costo que las mujeres deben asumir por participar en la política y en la vida pública. Se construyó como una instancia de análisis e intercambio que permitiera identificar buenas prácticas, lecciones aprendidas y los obstáculos que persisten en el abordaje del problema de violencia contra las mujeres en la política, así como plantear acciones desde las instituciones públicas y los partidos políticos.

Durante el foro, la experta Isabel Torres García, especialista en derechos humanos e igualdad de género, hizo una conceptualización de sus manifestaciones y consecuencias. Además, se contó con la participación de Katia Uriona, ex magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, quien compartió la experiencia y desafíos en la aplicación de una ley específica que tienen en ese país y Alejandra Chávez; magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, compartió la experiencia de México en la aplicación efectiva de la paridad en las elecciones de 2018 y las acciones prácticas implementadas para atender, prevenir y sancionar la violencia en la política contra las mujeres en la contienda electoral reciente.

El foro se hizo en el marco de la conmemoración en noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y de los 16 días de activismo contra la violencia de género.

 El foro estuvo organizado por el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

INP acepta que sus policías dispararon contra periodista Geovanny Sierra

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) mediante un comunicado aceptaron esta noche de lunes haber disparado contra los manifestante que conmemoraban el aniversario del fraude electoral del 26 de noviembre de 2017 y donde resultó herido el periodista Geovanny Sierra de UneTV.

El ente encargado de resguardar las cárceles del país señala que sus soldados se vieron obligados a disparar, porque los manifestantes atacaron el bus y querían liberar a 8 privados de libertad que venían de los tribunales de justicia.

Señalan que ante el ataque de los manifestantes, a los soldados no les quedó otro recurso que usar sus armas y disparar a los manifestantes.

Lo que está raro es que un bus que transportaba presidiarios, pasara por un lugar donde había una manifestación, violando los protocolos de seguridad para trasladar ese tipo de personas.

El Instituto Nacional Penitenciario (INP), se compromete a realizar las investigaciones de los hechos suscitados esta noche y reitera su fiel cumplimiento en respetar los derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a la vida y el derecho a la protesta sin violencia ni la obstaculización del libre tránsito.

Comunicado del INP

El Instituto Nacional Penitenciario (INP), a la ciudadanía en general informa:

1.- Que hoy lunes, siendo las 6:15 pm, a inmediaciones del bulevar Fuerzas Armadas una turba de manifestantes atacó el autobús del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en el cual se transportaban agentes penitenciarios que resguardaban a ocho (8) privados de libertad, todos acusados por el delito de extorsión y provenientes de las audiencias en los diferentes Juzgados capitalinos.

2.-  Que los manifestantes lanzaron  piedras quebrando los vidrios de la unidad del transporte y se abalanzaron  a la misma para liberar a los privados de libertad que eran transportados a la Penitenciaria Nacional de Tamara, Francisco Morazán.

3.- Que ante tales acciones violentas, los agentes penitenciarios usaron los recursos que tenían a su disposición para advertir y disuadir a los atacantes, cumpliendo con su deber para salvaguardar su integridad física y la de las personas privadas de libertad que eran transportadas en la unidad de transporte.

4.- Que lamentablemente resulto herido el periodista Geovanny Sierra, quien también cumplía con su deber de informar a la población hondureña y de quien estaremos pendiente para su pronta recuperación.

5.- El Instituto Nacional Penitenciario (INP), se compromete a realizar las investigaciones de los hechos suscitados esta noche y reitera su fiel cumplimiento en respetar los derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a la vida y el derecho a la protesta sin violencia ni la obstaculización del libre tránsito.

Tegucigalpa, M.D.C, 26 de noviembre de 2018.

Policías del INP habrían disparado contra el periodista Geovanny Sierra

Hieren a periodista de UNETVPor: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- La Secretaría de Seguridad de Honduras mediante un comunicado emitido esta noche negó en primera instancia que personal de ese ministerio haya disparado contra los manifestantes, donde resultó herido el periodista de UneTV, Geovanny Sierra.

En primera instancia y como ya es costumbre la Secretaría de Seguridad lanzó un comunicado donde negaba la participación de policías en el hecho.

Minutos después al conocerse las fotos del bus del INP, la Secretaría de Seguridad en el párrafo segundo de su aclaración pública señala que los disparos se efectuaron desde un bus que pasaba por el lugar y que fue atacado por los manifestantes que querían liberar unos privados de libertad.

Testimonios de los manifestantes señalan que el autobús color amarillo propiedad del Instituto Nacional Penitenciario (INP), es desde donde se disparó a los manifestantes y han hecho circular una fotografía del mencionado automotor donde se ve una ventanilla abierta por presuntos disparos.

Aclaración de la Secretaría de Seguridad

La Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en relación al atentado en que resultó herido un comunicador social a la opinión en general aclara:

  1. Descartamos categóricamente que funcionarios policiales que trabajan en restablecer el orden en el bulevar Kuwait de Tegucigalpa durante una protesta con signos de violencia hayan disparado contra la humanidad de los manifestantes.
  2. Fue captado en video el momento en que desde un autobús en marcha dispararon contra la multitud donde resultó herido un reportero de un medio de comunicación televisivo quien realizaba su labor informativa.
  3. Con instrucciones del Alto Mando, se coordinan acciones investigativas para dar con el paradero de la persona responsable de atentar contra la vida de los manifestantes.

La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso de velar por el orden y la seguridad de su población.

El director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tabora, lamentó que la policía haya actuado a la ligera al asegurar que no tiene ninguna responsabilidad en el caso, porque no ha realizado la investigación.

El defensor de la libertad de expresión dijo que siempre que hay ataques contra la prensa la institución policial se apresura a asegurar que no existe la partición de ningún policía y que eso es muy grave porque en Honduras no hay garantías para la libertad de expresión.

Tábora manifestó además que las agresiones contra los periodistas de UneTV es algo sistemático, porque ya en el pasado reciente se han registrado otros casos.

Código Penal de Honduras ha sido diseñado contra los pobres y el movimiento social

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-En el marco de un foro realizado en Tegucigalpa, profesionales del derecho concluyeron que el Código Penal de Honduras ha sido diseñado para proteger el poder económico y político, porque criminaliza la protesta social para favorecer el supuesto desarrollo.

El nuevo código, que fue aprobado en su totalidad en el Congreso Nacional en octubre del año pasado, incorpora nuevas figuras que criminalizan la protesta social, el derecho a la reunión y de asociación, que emanan del Código Penal de España de 1995 y de reformas del 2015.

Alejandro Rodríguez Barillas, experto guatemalteco analiza el Código Penal de Honduras

Uno de los disertantes en el foro, Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) apuntó que el código tiene muchas ambigüedades, porque deja a la discrecionalidad de los funcionarios del Estado la aplicación de los delitos.

Tábora sostiene que el código está diseñado para los pobres y en especial para aplicárselo al movimiento social, aunque sus impulsadores argumentan figuras de protección a la seguridad colectiva.

Señaló que el decreto 06-2017, que modificó el delito de terrorismo e incluyó el delito de apología del terrorismo, es muy preocupante, porque criminaliza el derecho a la protesta y la libertad de expresión, al establecer sanciones a quienes obstaculicen, mediante una protesta, el paso vehicular o a quienes interrumpan una reunión del Estado o contra quienes difundan un rumor o una noticia falsa

En el artículo 540, se equipara la protesta social con el crimen organizado y se reincorpora nuevamente la figura de apología al terrorismo, al delito de terrorismo. “Entonces como vemos se han ido adoptando figuras penales a los fenómenos sociales, a las herramientas de lucha de la sociedad hondureña, sobre todo el de la lucha social”, indicó el defensor de los derechos humanos.

En el tema de usurpación, ya no solo se tipifica el delito para proteger la propiedad privada, sino también las concesiones porque criminaliza a aquellas personas que impidan el desarrollo de una concesión de agua.

“Esas figuras son sumamente graves porque además están adaptadas a las necesidades del poder económico y político”, manifestó Tábora, quien dijo además que a la sociedad civil le preocupa algunas definiciones. Como ejemplo citó que la criminalidad organizada está tipificada como un grupo de más de tres personas que se unan para cometer cualquier delito, ya no adaptado a los estándares internacionales sobre lo que se define como criminalidad organizada, sino que cualquier delito.

El director de C-Libre denunció que alrededor de la aprobación del nuevo Código Penal no ha existido transparencia, a tal grado que en este momento no se sabe en qué etapa se encuentra la ley.

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El Código Penal fue aprobado el año pasado. “Creo que en octubre del año pasado se terminaron de aprobar las últimas figuras penales, luego pasó a Comisión de Estilo; nos dimos cuenta que había pasado a la Comisión de Estilo porque se envió a Naciones Unidas, pero no sabemos si ya se envió a sanción al Poder Ejecutivo o no”, cuestionó.

Tábora concluyó diciendo que el período para que entre en vigencia el Código Penal aún no está definido y eso genera incertidumbre e inseguridad jurídica para la ciudadanía.

El foro, donde se debatió la temática fue organizado por la Coalición Contra la Impunidad y contó con la disertación del experto internacional en derecho penal, Alejandro Rodríguez Barillas.

Amplían requerimiento contra hermano de Pepe Lobo y Wilfredo Cerrato

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) el día de hoy amplió el requerimiento fiscal contra Wilfredo Francisco Cerrato Duron y Ramón Lobo Sosa, por los presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.

Durante la audiencia inicial que se realizó en la Corte Suprema, los fiscales de UFECIC-MP sostuvieron que después del requerimiento fiscal presentado el pasado 06 de noviembre, se recibió nueva información relevante que aumentó sustancialmente la cantidad de cheques emitidos y la cantidad de los fondos públicos apropiados que ascienden a la suma de trece millones setecientos veintiocho mil lempiras (L. 13,728,000.00).

Por otro lado, también se descubrió que el imputado Ramón Lobo Sosa recibió 34 cheques directamente de su coimputado Wilfredo Cerrato, por un monto de cuatro millones seiscientos veintiocho mil lempiras (L. 4,628,000.00) dinero que ingresó a su cuenta personal.

Esta nueva evidencia corrobora que ambos imputados son presuntos responsables de los delitos que se les atribuye, en evidente perjuicio del erario nacional.