¿Entrará en vigencia o se ampliará la Vacatio Legis para el nuevo Código Penal?

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-A pocas horas para que el Congreso Nacional sesione con motivo de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, la posibilidad de retrasar o consumar la efectividad de la cuestionada normativa aún sigue siendo incierta.

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Este viernes el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció en sus redes sociales que en la sesión del sábado se discutirá la ampliación de la Vacatio Legis, que cesa el domingo.

En el contexto desfavorable que actualmente atraviesa el país por la pandemia del coronavirus (Covid-19), el titular del Poder Ejecutivo, Juan Hernández, solicitó hoy al Poder Legislativo, a través del Gabinete de Defensa y Seguridad, que reforme nueve artículos del Código, relativos a delitos de delincuencia común y crimen organizado.

Tanto la petición del Ejecutivo para efectuar las reformas, como la entrada en vigencias del nuevo Código Penal, son un acto inconstitucional, según el artículo 188 de la Constitución de la República que, literalmente establece: El territorio en que fuesen suspendidas las garantías expresadas en el artículo anterior se regirá durante la suspensión, por la Ley de Estado de Sitio, pero ni en dicha ley ni en otra alguna podrá disponerse la suspensión de otras garantías que las ya mencionadas. Tampoco podrá hacerse, durante la suspensión, declaraciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las ya establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión.

En el marco de la emergencia decretada por el coronavirus el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobó el 16 de marzo, mediante el Decreto PCM 21- 2020, un estado de excepción que restringe las garantías constitucionales, entre ellas, la libre locomoción, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la morada y la libertad empresarial

El nuevo Código Penal cuenta con el rechazo de las bancadas opositoras y de organizaciones de sociedad civil, que han venido denunciado que el contenido de la nueva normativa atenta contra los derechos humanos y favorece los delitos relacionados a la corrupción.

El nuevo Código Penal fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 10 de mayo de 2019. Inicialmente se aprobó un periodo de seis meses para la Vacatio Legis, sin embargo, por el rechazo de diversos sectores ésta se extendió por seis meses más, que vencen el domingo 10 de mayo.

Tanto el titular del Poder Ejecutivo como del Legislativo y los diputados del gobernante Partido Nacional, han expresado su deseo para que el Código Penal entré en vigencia en las próximas horas, sin importarles la barrera constitucional y la emergencia sanitaria.

  

Congreso autoriza que alcaldía capitalina se endeude por L.5.000 millones

3.000 millones se destinarán para proyectos de agua potable y 2.000 millones para seguir construyendo obras grises

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.- Con el argumento de apalear los efectos del Covid-19, el Congreso Nacional aprobó este jueves un proyecto de ley que autoriza a las autoridades de la Alcaldía Municipal (AMDC) a asumir una deuda de 5.000 millones de lempiras.

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El endeudamiento fue aprobado en una nueva sesión virtual con el voto de 100 congresistas y estipula el financiamiento para la construcción de represas de agua potable, obras viales y otras previsiones, supuestamente, para hacerle frente al coronavirus.

El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, representante de la comisión dictaminadora, explicó que 2 mil millones de lempiras serán destinados para financiar obras de infraestructura vial y los 3 mil millones restantes para la emisión de bonos municipales para gestionar proyectos que aseguren de agua a la población.

Previo a su aprobación, el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jary Dixon Herrera, cuestionó la decisión de seguir construyendo obras grises en la capital.

La decisión de seguir destinando recursos para la construcción de obras viales sigue incólume pese a que inicios de este año el alcalde capitalino, Nasry Asfura, se comprometiera a reducir estos proyectos y priorizar en la construcción de represas para suplir de agua potable a los hogares capitalinos, severamente afectados por la falta del vital líquido.

En los últimos años la alcaldía capitalina ha descombrado varias áreas verdes para construir puentes a desnivel y rotondas, dañado así el ecosistema.

Congreso aprueba permanencia laboral para activistas del Partido Nacional del Código Verde

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. El Congreso Nacional aprobó este miércoles un decreto de ley encaminado a otorgar acuerdos de permanencia al personal de salud que ha estado laborando en el sistema sanitario bajo la modalidad de contrato.

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El decreto de ley, que fue presentado por el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, exime a todo aquel personal contratado por la secretaría de Salud y otras instituciones públicas a participar en concursos como lo establece la ley.

La decisión inquietó a la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) ante la posibilidad de que se beneficie únicamente al personal del programa Código Verde, conocido por su vinculación al Partido Nacional.

El Colegio Médico ha venido denunciado en los últimos años que el gobierno no ha contratado a médicos por méritos profesionales y que tampoco ha creado nuevas plazas para atender la demanda de los pacientes. Asimismo, que ha aprobado el programa Código Verde para evadir los concursos y emplear profesionales y personas que son activistas del gobernante Partido Nacional.

El gremio médico ha denunciado además que los médicos contratados son jóvenes a quienes les dan salarios, incluso, muy por debajo al salario mínimo del obrero, que anda en 10,022.04 lempiras.

La diputada de Libre, Scherly Arriaga, pidió que en vez de que se contrate al personal de Código Verde, se le dé la permanencia al personal de antigüedad laboral en el sistema de salud púbica, entre ellos, “doctores, odontólogos, microbiólogos y enfermeras”, enumeró la congresista.

Igualmente, la diputada opositora solicitó la inclusión al programa de los jóvenes en servicio social.

Durante la sesión legislativa de la tarde de este miércoles, también se dictaminó, para su posterior aprobación, un contrato de línea de crédito, suscrito el pasado 25 de abril entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Central de Honduras (BCH).

La línea crediticia de 200 millones de dólares forma parte del “Programa de Apoyo a la Gestión de Liquidez de los Bancos Centrales de los Países Fundadores y Regionales no Fundadores y Regionales no Fundadores del BCIE”.

Medidas de «auxilio» aprobadas en el Congreso dejan por fuera al sector informal

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. La atención a la suspensión de contratos de trabajo a causa de la emergencia nacional también fue incluida en el compendio legislativo que el Congreso Nacional aprobó este jueves como parte de la Ley de auxilio al sector productivo y los trabajadores ante los efectos provocados por el Covid-19.

Frente a la suspensión de contratos laborales sin goce de salario, el Poder Legislativo dispuso en la sección siete de la nueva Ley de Auxilio, la asistencia “solidaria” a los trabajadores suspendidos a causa de la emergencia nacional. 

La ley establece en su artículo 28 que “los trabajadores que sean objeto de una suspensión de contratos por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria nacional podrán recibir una aportación solidaria temporal”.

No obstante, en el apartado “A” de ese artículo, especifica que abarcara exclusivamente a “los trabajadores que se encuentren afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) con las aportaciones que al efecto realice el Estado y el sector privado”.

Específicamente, el RAP otorgará a sus afiliados un anticipo que “será fraccionado en 3 pagos mensuales sucesivos de igual valor, hasta un monto de 9 mil lempiras a desembolsar en 3 meses”, reza el artículo 36. Entre otras cosas, también indica que se podrá acceder a los fondos siempre y cuando la empresa pueda comprobar que sus actividades han sido afectadas por la emergencia.

Tras la aprobación de la medida legislativa, profesionales del derecho cuestionan que esa determinación legal no abarca en su totalidad la condición laboral de los trabajadores que no gozan de un contrato ni afiliación al RAP.

Para el profesional de las leyes, Fredín Fúnez, la decisión no representa un respiro para la clase trabajadora empleada sin la modalidad de un convenio laboral. 

Por ejemplo, “la ley no beneficia a un sector de la economía informal que casi llega a un millón y medio. Tampoco a ese otro sector que es el sector que viven bajo la línea de la miseria”, afirma.

Sobre lo anterior, el abogado laborista, Fausto Cálix, también coincide que “no se han tomado medidas de fondo para solventar la situación que atraviesa la empresa privada y trabajadores, principalmente a empresas Mipymes, que son las que dan el mayor porcentaje de empleo en el país”.

Cabe agregar que la nueva disposición legislativa establece que para que los trabajadores accedan a los fondos, la secretaria del Trabajo deberá extender una constancia que habilite a las empresas a acceder a los beneficios de la nueva ley. Asimismo, aclara que “en ningún caso la emisión de la constancia representa una autorización por parte de la secretaria del Trabajo para la suspensión de contratos de trabajo”.

Construcción de hospital oncológico también entra en la emergencia aprobada ayer en el Congreso

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –Hasta la construcción del hospital oncológico entra en la emergencia de los $ 420 millones aprobados ayer en el Congreso Nacional de Honduras y que se amparan en la pandemia del coronavirus (COVID-19).

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La ley ha sido cuestionada por diversos sectores que consideran que es un nuevo mecanismo de corrupción y un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga compras y contrataciones directas en una franca violación a la Ley de Contratación del Estado».

La construcción del denominado Instituto Oncológico se establece en el artículo 4 de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus, aprobada por los diputados del oficialista Partido Nacional, de los partidos minoritarios y de la mayoría de los diputados del Partido Liberal.

El artículo 4 establece: “se autoriza a la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, para que con carácter de urgencia y haciendo uso de la disposición presupuestaria establecida en el Artículo 276 del Presupuesto General de la República del Ejercicio Fiscal dos mil veinte (2020), proceda a hacer uso de los recursos necesarios a fin de completar  los estudios e iniciar la construcción del Instituto Oncológico, en el marco de las opciones de contratación que establece el presente Decreto, cuya construcción será efectuada como parte de la Red Integral Pública de Servicios de Salud”.

Lo anterior implica que tanto los estudios como la construcción del centro hospitalario se efectuarán mediante compras y contrataciones directas, violentando los procesos de licitación que establece la Ley de Contratación del Estado.

En medio de la discusión de la ley varios diputados de la oposición pidieron la palabra para cuestionar que muchas obras estaban siendo incluidas en una emergencia sin sentido alguno y con el claro propósito de fomentar la corrupción y privatización de la salud.

En virtud de la oposición a la normativa, el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, encargado de dirigir la sesión, les quitó la palabra a varios congresistas y a otros no se las dio, como ocurrió con el diputado del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), David Reyes, que quiso manifestarse en el momento justo cuando se le dio lectura a lo relacionado a la construcción del hospital oncológico.

“En el artículo pasado—se aprobó y no me dieron la palabra— la construcción de un hospital oncológico que no tiene nada que ver con el coronavirus y se aprobó de carácter de urgencia, o sea, sin licitación y violando el proceso de contratación del Estado”, cuestionó Reyes.

El congresista del departamento de Choluteca aclaró que no se apone a la construcción del centro oncológico, siempre y cuando sea el resultado de un proceso transparente y bajo los procedimientos que establece la ley de Contratación del Estado, porque de la manera en que se aprobó es sinónimo de corrupción, porque implica la contratación de empresas de manera directa, “por debajo de la mesa, sin saber costos y sin conocer las cotizaciones de otras empresas que ofrezcan los mismos servicios”.

También reclamó que el proyecto de ley no haya sido socializado con los diferentes sectores, pese a que se presentó como la panacea a los problemas de inversión y falta de empleo.

Reyes alertó al pleno sobre el aprovechamiento del coronavirus para tercerizar la salud, pero en lugar de encontrar eco recibió la burla del vicepresidente del Congreso. Finalmente, el oficialismo aprobó el proyecto de ley tal y como fue remitido por el Poder Ejecutivo.

SOBRE EL HOSPITAL ONCOLÓGICO

La iniciativa para la construcción del hospital oncológico surgió en enero de 2018 por parte del diputado electo en el 2017 por el Partido Unificación Democrática, Mario Noé Villafranca. En aquel entonces, Villafranca, quien es médico oncólogo, dio las espaldas a la oposición y se sumó al oficialismo, condicionando a formar parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional a cambio de la construcción del centro hospitalario.

Pese a la promesa del gobierno han pasado y dos años y el centro oncológico aún no se ha construido.

El Congreso Nacional aprobó una partida de 20 millones de lempiras para los estudios de la construcción del hospital oncológico. La asignación de recursos a la secretaría de Salud se convirtió en ley mediante la Gaceta número 35,137. Sin embargo, la ley especial aprobada el viernes, en el marco de la pandemia por el coronavirus, contempla recursos (sin cuantificar montos) para completar los estudios para la construcción.

Conozca el dictamen y decreto de la ley aprobada ayer en el Congreso

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de Honduras aprobó el viernes la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus, mediante la cual se destinarán $ 420 millones (el equivalente 10,353 millones de lempiras) para la construcción de 95 centros hospitalarios, abastecimiento de medicamentos y contratación de personal del área de la salud.

La ley ha sido cuestionada por diversos sectores que consideran que es un nuevo mecanismo de corrupción y un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga compras y contrataciones sin las debidas limitaciones, violentando la Ley de Contratación del Estado».

A continuación CRITERIO transcribe de manera literal el dictamen y el decreto de la ley:

DICTAMEN

HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

Los suscritos miembros de la Comisión Especial, nombrados por la Junta Directiva del Congreso Nacional, para emitir Dictamen en relación al Proyecto de Decreto, presentado por el Poder Ejecutivo, orientado a la aprobación de la LEY DE ACELERACIÓN ECONÓMICA Y PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE A LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS COVID-19. Sobre la tarea encomendada nos manifestamos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a valorar los razonamientos que expone el Poder Ejecutivo para justificar la aprobación de este Decreto, quien señala que:

El Coronavirus (COVID-19), considerado por expertos en economía como un terremoto económico global, de magnitud impredecible, el cual está causando estragos y severos impactos negativos en la economía, fuertes caídas en las demandas internas, vínculos comerciales y de producción, reducción del turismo, disminución en envío de millones de dólares en concepto de remesas, desempleo, pánico en los mercados internacionales, que han reaccionado con profundas caídas en las principales bolsa de valores del mundo.

La rápida propagación del Coronavirus (COVID-19), ahora convertido en pandemia, está provocando espantos, no solo en la salud de las personas, sino en los mercados financieros, fuga de capitales, devaluación de las monedas frente al dólar y una creciente amenaza de recesión global es decir una desaceleración económica o de producción que trae como consecuencia la caída estrepitosa del Producto Interno Bruto (PIB)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 30 de enero del año 2020, a través del Comité de Emergencia, declaró al Coronavirus (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el día  11 de marzo fue declarado Pandemia Global.

A la fecha el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por medio del Laboratorio Nacional de Virología confirmó mediante examen de laboratorio los dos (2) primeros casos de COVID-19, lo que activó la segunda fase del plan para la contención y respuesta a nivel nacional para contener la propagación y mitigar los impactos negativos en la salud de las personas, por lo cual se percibe tendrá un grave impacto y en la economía del país.

En el marco de la crisis de la pandemia declarada COVID-19 las implicaciones serán sanitarias pero también de contracción de la actividad económica en diferentes sectores estratégicos del país. La Constitución de la República establece que los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, de compra venta o arrendamiento de bienes deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la Ley. Se Exceptúan los contratos que tengan por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por un estado de emergencia y los que por su naturaleza no puedan celebrarse sino con persona determinada.

Es por ello que buscando fortalecer la economía, que el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) dentro de sus facultades esta apoyar el desarrollo nacional mediante el financiamiento de sectores estratégicos a través de su banca de primer y segundo piso, garantizando la reactivación de los sectores procurando mediante este decreto facultarlo para flexibilizar sus productos y servicios financieros a fin de garantizar la inclusión financiera, la generación de empleo, el impulso del crecimiento económico, contribuir para apalear los efectos que causen inflación y otros.

Como consecuencia de la situación de emergencia anteriormente indicada y por motivos de interés general y de emergencia socioeconómica, con el objeto de proveer las necesidades ocasionadas con la llegada del COVID-19, es apremiante se autorice acciones importantes acciones que incluya medidas sanitarias y económicas, para contrarrestar  los efectos del COVID-19. 

Para tal efecto solicita al Congreso Nacional la aprobación de la LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE A LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL COVID-19.

SEGUNDO: Esta Comisión  Especial comparte los argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo sobre la necesidad de tomar medidas eficaces para hacer frente  a los efectos negativos que el COVID-19 pueda generar tanto en la salud de las personas, así como en la economía, los mercados financieros, devaluación de las monedas frente al dólar y una creciente amenaza de recesión global es decir una desaceleración económica o de producción que trae como consecuencia la caída estrepitosa del Producto Interno Bruto (PIB); duchas acciones comprenden tanto medidas sanitarias y económicas, para contrarrestar  los efectos del COVID-19, a efecto de evitar la propagación y mitigar los impactos negativos en la salud de las personas, y reducir el impacto negativo en la economía del país.

En razón de lo antes expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos emite opinión FAVORABLE a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, orientado a la aprobación la LEY DE ACELERACIÓN ECONÓMICA Y PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE A LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS COVID-19, salvo mejor criterio del Honorable Pleno.

Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, 13  de  marzo de 2020.

COMISIÓN ESPECIAL

 

 

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DECRETO No. XX-2020

 

SOBERANO CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO: Que Artículo 59 de la Constitución de la República estipula que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, consecuentemente, todos tenemos la obligación de respetarla y protegerla.  Igualmente garantiza el derecho a la protección y promoción de la salud por lo que  corresponde al Estado adoptar medidas destinadas a promover, proteger, garantizar y conservar los derechos de los ciudadanos.

CONSIDERANDO: Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 30 de enero del año 2020, a través del Comité de Emergencia, declaró al Coronavirus (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el día  11 de marzo fue declarado Pandemia Global.

CONSIDERANDO: Que a la fecha el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por medio del Laboratorio Nacional de Virología confirmó mediante examen de laboratorio los dos (2) primeros casos de COVID-19, lo que activó la segunda fase del plan para la contención y respuesta a nivel nacional para contener la propagación y mitigar los impactos negativos en la salud de las personas, por lo cual se percibe tendrá un grave impacto y en la economía del país.

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado Declaro: ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo de dengue; asimismo fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19). 

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado, la declaración del estado de emergencia se hará mediante Decreto del Presidente de la República en Consejo de Ministros.

CONSIDERANDO: Que La rápida propagación del coronavirus, ahora convertido en pandemia, está provocando espantos, no solo en la salud de las personas, sino en los mercados financieros, fuga de capitales, devaluación de las monedas frente al dólar y una creciente amenaza de recesión global es decir una desaceleración económica o de producción que trae como consecuencia la caída estrepitosa del Producto Interno Bruto (PIB)

CONSIDERANDO: Que la seguridad social es un instrumento del Estado al servicio de la Justicia Social, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, brindando la asistencia médica y protección de los medios económicos de subsistencia, en caso de incapacidad para trabajar, cuya cobertura es necesaria para el logro del bienestar individual y colectivo, de las naciones, especialmente en momentos de vulnerabilidad y crisis individual o colectiva.

CONSIDERANDO: Que mediante el Artículo 7, 18  y  43 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social,  aprobada mediante Decreto No.56-2015 se crea el régimen del Piso de Protección Social y su correspondiente Fondo para la Promoción Solidaria y de Auxilio Recíproco, el cual propicia la implementación del Plan para la Promoción Solidaria y del Auxilio Recíproco (Plan PRO- SOLIDAR), mismo que tienen entre sus objetivos el incremento de la cobertura, a través del mejoramiento de la Red Integral Pública de Salud, para brindar acceso a servicios esenciales y transferencias sociales con énfasis en las personas más pobres y vulnerables.

CONSIDERANDO: Que en el marco de la crisis del Coronavirus las implicaciones serán sanitarias pero también de contracción de la actividad económica en diferentes sectores estratégicos del país.

CONSIDERANDO: Que el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) dentro de sus facultades esta, apoyar el desarrollo nacional mediante el financiamiento de sectores estratégicos a través de su banca de primer y segundo piso con el propósito de garantizar la reactivación de los sectores estratégicos de la producción para flexibilizar sus productos y servicios financieros a fin de garantizar la inclusión financiera, la generación de empleo, el impulso del crecimiento económico,

CONSIDERANDO: Que el Artículo 205 numeral 1) de la Constitución de la República establece que corresponde al Congreso Nacional las atribuciones de crea, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO,

DECRETA:

LEY ESPECIAL DE ACELERACION ECONÓMICA Y PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE A LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS COVID-19

ARTÍCULO 1. TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS. En la implementación de esta ley, tanto en sus mecanismos especiales de contratación de obras públicas así como la adquisición de bienes y servicios a las instituciones autorizadas, actuarán como veedores para garantizar la transparencia y rendición de cuentas: la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST), el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

ARTÍCULO 2. RED INTEGRAL PÚBLICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (RIPSS). FINANCIAMIENTO DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN SOLIDARIA Y DE AUXILIO RECÍPROCO.- Para alcanzar la suficiencia y sostenibilidad financiera del Fondo para la Promoción Solidaria y de Auxilio Recíproco  del PLAN-PROSOLIDAR, relacionado con la contribución establecida en el inciso 3) del Artículo 44 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, misma que debe ser destinada exclusivamente al pago de los gastos operativos y administrativos de la Red Integral Pública de Servicios de Salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la asignación de recursos presupuestarios debe ser consignada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas dentro del Presupuesto General de la República aprobado cada año por el Congreso Nacional, considerando la tabla incremental de adecuación gradual y progresiva siguiente:

AÑO RANGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
2020 Entre 51,000 a 77,000 salarios mínimos
2021 Entre 64,000 a 80,000 salarios mínimos
2022 Entre 80,000 a 100,000 salarios mínimos
2023 Entre 100,000 a 125,000 salarios mínimos
2024 Entre 125,000 a 150,000 salarios mínimos

Para la adecuada determinación de los valores antes establecidos, el cálculo de los salarios mínimos mensuales vigentes, debe tomar como base el salario mínimo utilizado para la definición del techo de contribución al Instituto Hondureño de Seguridad Social.  Los valores resultantes, deben consignarse en el Presupuesto General de la República de cada año, haciendo uso de los recursos generados por el tres por ciento (3%), incorporado al Fondo de Solidaridad y Protección Social para la reducción de la pobreza extrema a que se refiere el Decreto No.290-2013 de fecha 8 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 5 de abril de 2014, Edición No.33,398 o las normas que lo reformen, o en su defecto de cualquier otra fuente de financiamiento del Presupuesto General de la República.

Sin perjuicio de cumplir con la obligación de pago de la deuda histórica conforme lo establece el Artículo 51 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, los recursos que el Gobierno aporte al Fondo para la Promoción Solidaria y de Auxilio Recíproco  del PLAN-PROSOLIDAR, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, deben ser consideradas como parte de la obligación que se deriva del Artículo 143 de la Constitución de la República y del Artículo 55-A de la Ley del Seguro Social.      

ARTÍCULO 3. PRELACIÓN Y REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS.- La disposición de financiamiento a la que se refiere el Artículo anterior, así como lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 39 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social tiene rango superior y se aplicará preferentemente a las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República que se aprueban anualmente; por lo que no es aplicable cualquier norma o disposición presupuestaria que restrinja el logro del objetivo esencial de cumplir en tiempo y forma el pago de los beneficios y servicios que se derivan de la seguridad social.

La forma de aplicación y ejecución de los recursos incorporados al FONDO PARA LA PROMOCIÓN SOLIDARIA Y DE AUXILIO RECÍPROCO, en el marco del artículo anterior, deben ser definidas mediante Reglamento Especial aprobado por la máxima autoridad de gobierno del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

ARTÍCULO 4.- AUTORIZACION ESPECIAL DE CONTRATACION DE OBRAS PÚBLICAS, BIENES Y SERVICIOS. Para las inversiones que se realicen derivadas de la aplicación del Artículo 19 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social y del presente decreto, se autoriza a los Fideicomitentes referidos en el citado artículo el aporte en garantía de títulos valores y otros bienes al fideicomiso que propicien la viabilidad financiera de la operación.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y otras entidades Públicas o publico privadas, pueden suscribir convenios con la unidad de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-Honduras), la Agencia de Compras y Contrataciones de Naciones Unidas (UNOPS), u otros organismos nacionales o internacionales de similar propósito y naturaleza para la compra y contratación directa de obras públicas, adquisición de suministros y servicios

Para los efectos contenidos en esta ley, las referidas entidades pueden utilizar mecanismos especiales y expeditos para la contratación directa de obras, bienes y servicios, haciendo uso de reglas, manuales, procesos y normativas internamente aprobadas, necesarias para el cumplimiento de su mandato.

Se autoriza a la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, para que con carácter de urgencia y haciendo uso de la disposición presupuestaria establecida en el Artículo 276 del Presupuesto General de la República del Ejercicio Fiscal dos mil veinte (2020), proceda a hacer uso de los recursos necesarios a fin de completar  los estudios e iniciar la construcción del Instituto Oncológico, en el marco de las opciones de contratación que establece el presente Decreto, cuya construcción será efectuada como parte de la Red Integral Pública de Servicios de Salud.

ARTÍCULO 5.- AUTORIZACION ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DE LICENCIAS Y PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS: Se autoriza a las siguientes instituciones del Poder Ejecutivo: Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, Instituto de la Propiedad, Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y otras instituciones públicas que así lo requieran para los fines de ésta Ley Especial, a contratar de manera directa la adquisición de sistemas de planificación de recursos financieros que puedan acorde a la prioridad institucional, los siguientes componentes:          A) Gestión administrativa financiera que contempla la contabilidad general, control de activos fijos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y tesorería; la gestión del control presupuestario que contempla la contabilidad de centros de costos y módulo de gestión presupuestaria. B) La gestión del control logístico que contempla la compra y adquisición de bienes, control y gestión de inventarios y el mantenimiento de activos y flota vehicular; C) Controles sobre los gastos, el personal y la captación y retención del recurso humano calificado para incrementar gradualmente la profesionalización del servidor público en las instituciones seleccionadas; D) Medir el comportamiento de variables críticas de procesos de recursos humanos como la rotación del personal, ausentismo laboral, tiempo de contratación, vacantes no cubiertas, llegadas tarde, permisos, empleados ficticios y duplicados; E) Automatización de procesos sensitivos para asegurar la calidad, trazabilidad y mejora en el servicio; y, F) Adquirir el suministro de la infraestructura técnica para la instalación de dicha solución, los servicios de consultoría especializada por cada uno de los módulos de gestión y la obtención de licenciamiento respectivo;

Los Sistemas y Mecanismos que se deriven de los referidos procesos,  deben ser compatibles a nivel de interfaz con el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

Asimismo se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y al Comité Técnico del Fideicomiso aprobado a través del Decreto Legislativo 307-2013, para que se proceda a la adquisición directa de un contrato de diseño, construcción, financiamiento y operación que conlleve a implementar una solución integrada en aras del Gobierno Digital.

Para lo anterior se autoriza al Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de inversiones y Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información (TIC´s) que traslade e incorpore los recursos que sean necesarios para dar cumplimiento a lo indicado en párrafo precedente.

Todo lo anterior, es con el propósito de eficientar el gasto público en estas instituciones y garantizar una mejor provisión de servicios públicos para la población. Los servicios a contratar deben garantizar la transparencia, rendición de cuentas y divulgación permanente del gasto público, de tal forma que la ciudadanía en general conozca plenamente como se está ejecutando el gasto público, autorizado en esta Ley Especial.

ARTÍCULO 6.- REFINANCIAMIENTO Y READECUACIÓN FINANCIERA PARA SECTORES ESPECIALES.- Considerando que en el marco de la crisis del Coronavirus las implicaciones serán sanitarias pero también de contracción de la actividad económica en diferentes sectores estratégicos del país, considerando que el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) dentro de sus facultades esta apoyar el desarrollo nacional mediante el financiamiento de sectores estratégicos a través de su banca de primer y segundo piso. Por lo anterior es importante que para garantizar la reactivación de los sectores estratégicos el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) mediante este decreto de emergencia sea facultado para flexibilizar sus productos y servicios financieros a fin de garantizar la inclusión financiera, la generación de empleo, el impulso del crecimiento económico, contribuir para apalear los efectos que causen inflación y otros. Por tanto el decreto habilita al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) a tomar las medidas necesarias que garanticen el financiamiento mediante productos y servicios financieros y otras estrategias que redunden en facilitar el acceso a los sectores productivos.

Se autoriza al Banco Central de Honduras (BCH) y al Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI), en su calidad de Fideicomitente y Fiduciario  respectivamente, para que con los recursos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Apoyo Financiero para los Sectores Productivos de Honduras, contenida en el Decreto No.175-2008 de fecha 18 de diciembre de 2008; reformado mediante Decreto No.672009 de fecha 12 de mayo de 2009; Decreto No.57-2013 de fecha 16 de abril de 2013; Decreto No.95-2014 de fecha 16 de octubre de 2014; Decreto No.90-2016 del 19 de octubre de 2016;  y Decreto No.145-2018 del 28 de noviembre de 2018, pueda realizar gastos e inversiones que propicien la gestión de riesgos y/o el refinanciamiento y readecuación de deudas, a personas naturales o jurídicas deudoras del sistema financiero pertenecientes a sectores productivos, tales como MIPYME, Agropecuario, Forestal y otros sectores prioritarios en generación de empleo y divisas para el país; así como la contratación de billeteras electrónicas u otros mecanismos electrónicos que permitan el acceso a crédito a la Micro y Pequeña empresa de manera expedita y segura en todos los sectores productivos del País mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

ARTÍCULO 8.- APOYO AL EMPRENDEDURISMO FRENTE A LA CRISIS.- El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SEMPRENDE) debe Establecer un catálogo y reglamento de productos y/o servicios que sean requeridos por el Gobierno y las Alcaldías para ser contratados directamente a personas naturales, MIPYMES y sector social de la economía.

El reglamento debe contener procesos que se exceptuarán dependiendo la naturaleza del producto o servicio del emprendedor, Mipyme o Empresa del Sector Social.

Los contratos que celebre el Gobierno o Alcaldías con las referidas personas naturales o jurídicas, pueden ser consideradas garantías por el Sistema Financiero u otras entidades de financiamiento del Sector Social de la Economía.

ARTÍCULO 9.- AUTORIZACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO: Los empleados de cualquier entidad pública o privada pueden desarrollar sus labores total o parcialmente a distancia de su local de trabajo empleando las tecnologías de la información y la comunicación.

Cuando exista contrato escrito, el contrato de teletrabajo además de contener lo indicado en el Artículo 37 del Código del Trabajo tendrá las reglas de propiedad, uso y cuidado de equipos, la forma en la que se pagará los costos de interconexión, la propiedad de los datos o información transmitida y los procesos para garantizar el almacenamiento de esta.

Los empleados sujetos a este régimen no requieren tener un horario de trabajo, pero deben laborar la cantidad de horas o desarrollar la actividad que negocien con su empleador respetando la cantidad máxima de horas señaladas en la legislación laboral.

Los trabajadores sujetos a este régimen gozan de todos los beneficios y protecciones otorgados a trabajadores de actividades similares.

ARTÍCULO 10.- Reformar Artículo 7, del Decreto Legislativo número 29-2020, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, Edición No. 35,193 en fecha 12 de marzo del 2020, el cual debe leerse así:

“Se autoriza a las zonas libres, donar o vender el cien por ciento (100%), libre de impuestos de su producción dentro del territorio nacional, el equipo médico específico para el tratamiento de esta pandemia, siempre que sean necesarios para atender la emergencia sanitaria en el marco de este Decreto Legislativo. Asimismo, incrementar el equipamiento médico debiendo hacerse en una forma expedita.”

ARTÍCULO 11.- VIGENCIA: El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (13) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020).

 

MAURICIO OLIVA HERRERA

PRESIDENTE

 

JOSÉ TOMAS ZAMBRANO           SALVADOR VALERIANO PINEDA

          SECRETARIO                                                 SECRETARIO

 

En Honduras aprovechan emergencia por coronavirus para hacer festín con fondos públicos

 

Durante los últimos diez años no se ha construido un tan sólo hospital, con el argumento de la falta de recursos económicos, pero curiosamente hoy el gobierno logró identificar $ 420 millones para ejecutarlos de manera directa. 

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –En medio del pánico colectivo por la presencia del coronavirus (COVID-19) el Congreso Nacional de Honduras aprobó este viernes una ley especial mediante la cual se destinarán $ 420 millones (el equivalente 10,353 millones de lempiras) para la construcción de 95 centros hospitalarios, abastecimiento de medicamentos y contratación de personal del área de la salud.

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Los fondos, que se manejarán de manera discrecional y que evadirán los procesos de licitación que manda la Ley de Contratación del Estado, forman parte de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus, aprobada con la dispensa de dos debates, con 69 votos a favor de la bancada del Partido Nacional, las bancadas de los partidos minoritarios y parte de la bancada del Partido Liberal, ya que al menos la mitad estaba ausente. La normativa contó con el rechazo de los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD).

La aprobación de la millonaria suma se efectuó en un día inusual, ya que normalmente el Congreso sólo sesiona los martes, miércoles y jueves, pero hoy hubo premura en el asunto y lograron obtener los votos necesarios para echar a andar el plan que fue introducido al pleno por el Poder Ejecutivo, a través del secretario de la Presidencia, Ebal Díaz.

El funcionario justificó la ley en la necesidad de la generación de nuevos empleos y otras previsiones, supuestamente, afectadas por la presencia del COVID-19. “En el sector turismo tenemos más del 90% de cancelaciones a los tours operadores y eso es devastador porque detrás hay mucha gente que trabaja y no va a tener empleo. Hay más de un 65% en reservaciones de hoteles, y estamos hablando de un sólo sector, pero también está el tema de seguridad alimentaria y los diferentes rubros del país que están siendo afectadas, de tal manera que las previsiones de desarrollo económico que teníamos se van a ver alterados por esta situación”.

Díaz adelantó que lo aprobado hoy es apenas un primer paquete de medidas, pues el Poder Ejecutivo tiene contemplado proponer más previsiones al Congreso a fin de que la economía no se detenga y se generen empleos. El funcionario aseveró que los fondos corresponden al Presupuesto General de la República de 2020.

Honduras coronavirus
La aprobación de los fondos de emergencia de este viernes se suman a dos decretos del Poder Ejecutivo que contemplan 733 millones de lempiras. (Fotos: redes sociales del Congreso).

En medio de la discusión varios diputados de la oposición pidieron la palabra, pero el vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera Callejas, les impidió que hablarán apagándoles micrófono.

Tras la aprobación, el Frente de Transparencia del Congreso Nacional, denunció el decreto por constituir una fuente de corrupción, ya que la ejecución de los fondos está exenta de seguir los procesos de licitación.

En tal sentido, el diputado del Partido Unidad e Invocación – Social Demócrata (PINU-SD), Luis Redondo, denunció que no se va a seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y cuestionó que no se haya obtenido la opinión del Colegio de Economistas y del Colegio Médico, “entonces esto se presta a más fraude», sentenció el congresista a quien el vicepresidente del Congreso le impidió que siguiera hablando.

Por su parte, la también diputada del PINU-SD, Doris Gutiérrez, alertó al Colegio Médico, Colegio de Economistas, Central de Trabajadoras y empresa privada, sobre la decisión del Gobierno de “tercerizar los servicios de salud aprovechando la situación de emergencia generada por el Coronavirus».

«Constituye en un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga compras y contrataciones sin las debidas limitaciones, violentando la Ley de Contratación del Estado», agregó.

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa calificó, en su cuenta de Twitter, la decisión legislativa como un «robo y saqueo», por lo que hizo un llamado a la población a reaccionar en contra de la aprobación de la ley.

La ejecución de los fondos quedó en la nebulosa. Según el diputado de Libre, Rony Martínez, la normativa faculta a Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) a ejecutar los millonarios fondos.

La ley faculta al saqueado Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a ejecutar los fondos, quitándole dichas facultades a la secretaría de Salud, que ejercerá la función de rector del plan.

El texto de la ley se conocerá hasta que sea publicado en el diario oficial La Gaceta.

Congreso exime de responsabilidad penal a autores intelectuales de crímenes de lesa humanidad

Por: René Novoa

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Nuevos atentados contra la libertad de expresión se registraron anoche en Honduras. Todo se dio en la sesión de ayer, 19 de febrero, en el Congreso Nacional (CN), cuando el pleno de diputados aprobó la derogación de dos artículos 28 y 153 del nuevo Código Penal; el primero relativo a los medios de difusión y el segundo sobre la responsabilidad en materia de violaciones a los derechos humanos.

Con una votación de 46 votos a favor y 44 en contra, eliminaron los dos artículos en la “vacation legis” del nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el próximo 10 de mayo; quizás sea irónico, pero ese mes se “celebra” el Día del Periodista Hondureño. (25 de mayo).

Según el vicepresidente del Poder Legislativo, Mario Pérez, “se han eliminado dos artículos del nuevo Código Penal, hemos entrado en razón y creemos que la responsabilidad debe ser directa contra el que comete el ilícito penal y no al director o al dueño del medio de comunicación”.

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Además, al eliminar el artículo 28 se quitó la posibilidad de escalonar responsabilidades al director del noticiero jefe de redacción, de información y por último al dueño del medio de comunicación.

“Hemos entrado en razón y creemos que la responsabilidad debe ser directa del que comete el ilícito penal y se quita la posibilidad de ir escalonadamente al director del noticiero, al jefe de redacción, y por último el dueño del medio de comunicación”, dijo Pérez.

Blindaje a las cúpulas

El parlamentario explicó que el otro artículo eliminado “es el 153, (que) deja claro y establecido que una violación de derechos humanos es responsable quien comete el hecho y quien dio la orden (si es que existió alguien que ordenó), pero que nunca va a llegar a responsabilidad contra alguien que no tuvo el conocimiento de esa situación o que no tuvo ningún tipo de participación en la misma”, dijo Pérez.

Al respecto, el presidente del CN, Mauricio Oliva, explicó que “lo que entiendo yo que se sacó del nuevo Código Penal es la situación de la co-responsabilidad que hay entre el medio de comunicación y el periodista. En el sentido que si hay algún fallo contra periodistas por difamación o calumnias, si el periodista recibe una multa, la puede pagar el medio en solidaridad con él; pero sigue vigente el Código Civil”.

“Y lo otro que se aprobó es para cuando se violenten derechos humanos. Si alguien no le ha dado la orden, el que comete la acción es el responsable, o si puede demostrar de manera expresa quién se lo ordenó, será responsable quien le dio dicha orden… pero no es que vamos a ir, si el soldado cometió un delito, por toda la cadena de mando hasta llegar al Presidente de la República, que tal vez no tiene conocimiento de lo que está pasando”, dijo Oliva.

Al ser consultado si la reforma al artículo 28 la consensuaron con el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Oliva enfatizó que están en constante diálogo, debido a que la posición del CPH es clara de que ese tipo de delitos deben dilucidarse en el ámbito civil.

Por su parte, el diputado Sergio Castellanos dijo que estas reformas “son un zarpazo a la democracia, a la libertad de expresión y a la libertad de manifestarse contra un gobierno corrupto, que pronto serán llamados en la Corte de Nueva York por sus vínculos con el narcotráfico. No pueden quedar impunes los crímenes de lesa humanidad que durante 10 años han ordenado los gobiernos nacionalistas”.

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Artículos eliminados

ARTÍCULO 28.- RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN.

En los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de difusión no responden criminalmente los cómplices.

Los que sean autores solo responden, en estos casos, de forma escalonada, excluyente y subsidiaria, de acuerdo con el orden siguiente:

  1. a) Quienes hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quienes les hayan inducido a realizarlo;
  2. b) Los directores de la publicación o programa en que se difunda;
  3. c) Los directores de la empresa editora, emisora o difusora; y,
  4. d) Los directores de la empresa de grabación, reproducción o impresión.

Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de Honduras, no puede perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los literales del párrafo anterior, debe dirigirse el procedimiento contra las mencionadas en el literal inmediatamente posterior.

ARTÍCULO 153.- RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES Y OTROS SUPERIORES.

Deben ser castigados con las mismas penas previstas para los autores de los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente título, la autoridad o jefe militar, o quien actúe efectivamente como tal, cuando tales crímenes sean cometidos o, por fuerzas bajo su mando y control efectivo o bajo su autoridad y control efectivo, según sea el caso, si no se hubieran adoptado las medidas necesarias y razonables a su alcance para evitar la comisión.

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También debe ser castigado con la misma pena el superior no comprendido en el párrafo anterior, que en el ámbito de su competencia y estando a su alcance puede evitar la comisión por sus subordinados, de alguno de los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente título.

La autoridad o jefe militar, o quien actúe efectivamente como tal, que no adoptará las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente título, cometidos por las personas sometidas a su mando o control efectivo, deben ser castigados con las penas reducidas en un tercio (1/3) a las previstas para los autores.

También debe ser castigado con las penas reducidas de un tercio (1/3) o dos tercios (2/3) a las previstas para los autores el superior no comprendido en el párrafo anterior, que en el ámbito de su competencia, no adoptare las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente título cometidos por sus subordinados.

El funcionario o empleado público, que sin incurrir en las conductas previstas en los párrafos anteriores y faltando a la obligación de su cargo, deja de promover la persecución de alguno de los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente Título, de que tenga noticia, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez (10) a quince (15) años.

Si los jefes, autoridades o superiores en los supuestos señalados en los párrafos anteriores actuarán por imprudencia grave, se les debe castigar con la pena reducida en un tercio (1/3).

Sindicalistas piden al Congreso detener privatización del Infop

Infop
Los 945 empleados permanentes y 250 que laboran por contrato en el Infop, temen ser despedidos en el marco de la aprobación de las reformas legales.

 

Los trabajadores del ente de formación profesional advierten que con el paquete de reformas el ganador será la empresa privada, porque la institución será privatizada.

Por: Bismark Echeverría

Tegucigalpa. Mediante un plantón en los bajos del Congreso Nacional (CN), el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop), exigió nuevamente a los congresistas retroceder en la aprobación de la reforma a la ley de esa institución que, según ellos, busca la privatización.

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Durante el plantón, que inició a eso de las 9:00 de la mañana con la presencia de las siete seccionales que componen la estructura organizativa de la entidad gubernamental, los manifestantes también exigieron a los diputados no aprobar la reforma legal sin una previa socialización con el sector obrero.  

De acuerdo con el fiscal de la Junta Directiva Central del Infop, Edgar Padilla, el nuevo mecanismo legal vendría a aniquilar el ente de formación profesional, mediante el cierre de los centros a nivel nacional.

Por su parte, el presidente del seccional número uno del Sitrainfop, Mario Ruíz, refirió que de aprobarse la nueva ley, el gobierno estaría dando el tiro de gracia a la “universidad del pueblo”. Al reformar el artículo 23 de la ley del Infop, prácticamente la cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) lo que pretende es reducir drásticamente sus aportaciones, dijo el trabajador.

Infop
Mario Ruíz, presidente de la seccional 1 del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional.

“Esperamos que cuando se someta a discusión, los diputados voten completamente en contra, poniéndose a favor de la universidad del pueblo”, acotó Ruiz.   

Mientras los trabajadores rechazan la reforma legal, el gobierno argumenta que se busca modernizar la formación profesional.

El paquete de reformas fue presento ante el Congreso Nacional por iniciativa del Poder Ejecutivo con el aval del Cohep que, durante los últimos meses, ha venido presionando por su inmediata aprobación.

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Como ha ocurrido en varias instituciones del Estado, el Infop también ha sido objetivo de actos de corrupción por parte de sus autoridades. En el año 2015 el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ante el Ministerio Público que el actual diputado por el oficialista Partido Nacional, David Chávez, en su función como como director del Infop avaló y autorizó en el año 2013 la supuesta compra irregular de un equipo de software y adiestramiento automotriz para el centro de formación en Catacamas, Olancho, cuyo monto presuntamente se sobrevaloró en 21.9 millones de lempiras.

 

Diputados oficialistas votan para que el convenio de la MACCIH no sea ratificado

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Setenta diputados oficialistas determinaron esta noche mediante una votación que el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) no sea renovado.

Los diputados, pertenecientes a las bancadas del Partido Nacional, algunos del Partido Liberal y de los partidos minoritarios, votaron a favor para que la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) se vaya del país y deje de investigar a los corruptos.

La votación contó con el rechazo de 52 diputados pertenecientes al Partido Libertad y Refundación (Libre) parte de la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

LA VOTACIÓN:

70 SÍ

52 NO

4 NO VOTARON

1 ABSTENCIÓN

ASISTENCIA 127

La votación se produjo luego que una comisión especial, integrada por siete diputados del ofiacialismo, presentara un informe mediante el cual se argumenta que el convenio pactado con la OEA no debe ratificarse porque violenta la independencia de los órganos contralores, de investigación y de juzgamiento.

Los diputados oficialistas determinaron que luego de la votación se enviará una certificación al Poder Ejecutivo “para los efectos correspondientes”. 

La comisión especial fue integrada por los diputados: Felicito Ávila (Democracia Cristiana), Leonor Osorio (Partido Nacional), Walter Chávez (Partido Nacional), Juan Carlos Ávila (Partido Liberal), Sergio Figueroa (Partido Nacional), Erik Alvarado (Partido Nacional) y Dunia Ortiz (Alianza Patriótica).

El Poder Ejecutivo, mediante una nota emitida hoy por la Cancillería respondió a la petición de Estados Unidos—de ratificar el convenio—que la determinación de ratificar o no el acuerdo es una decisión soberana del gobierno de Honduras y que actuará con base a los resultados de la evaluación que realice la comisión internacional, integrada por funcionarios de la OEA.

En el informe, los diputados manifiestan su malestar a las declaraciones brindadas a la prensa en enero de 2018 por el entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, quien declaró que en Honduras existía una red de al menos 60 diputados corruptos y precisó que dicha red era encabezada por el presidente del Congreso, Mauricio Oliva.

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Con base al acuerdo firmado entre el Estado de Honduras y la secretaría general de la OEA, la ratificación del convenio se hace efectivo con el simple intercambio de notas entre los firmantes del acuerdo.

 

Descargue aquí el informe de la comisión especial del Congreso Nacional 

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

Para esta Comisión es oportuno señalarle al Pleno que, al tenor de lo establecido en la Constitución de la República, artículo 205 numeral 21, el cual establece literalmente corresponde al Congreso Nacional … “21) nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. La comparecencia a requerimiento de dichas comisiones será obligatoria bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”. Por lo que el haberse negado por parte de la Misión el envío de la información requerida constituye desobediencia en los mismos términos que a un juez, por lo que esta acción no debe pasar desapercibida por las diferentes autoridades de nuestro país.  

En relación al mandato establecido por el Pleno, esta Comisión, concluye lo siguiente:

  1. No se pudo conocer el presupuesto ejecutado por la MACCIH durante los cuatro años hasta el día de hoy, porque la Misión se negó entregar esta información para conocimiento de la población hondureña.
  2. No se pudo determinar los CRITERIOS utilizados por la MACCIH en la selección de casos en los cuales participa, sin embargo, es de público conocimiento que no existe ninguna acción judicial en los casos: CASO IV URNA O CARRETILLAZO; AVIÓN JET NARCO DEJADO ABANDONADO EN TONCONTÍN; CASO SOBORNOS HONDUTEL FUNCIONARIOS “A” y “B”; CASO INJUPEMP; todos ellos del periodo 2006-2010 y que formaban parte del listado original de 12 casos que le fueron entregados, sumando a ello; tampoco existe acción judicial en los casos referentes al Fondo Departamental 2006-2010, caso denunciado por el ex administrador de casa presidencial Rafael Barahona sobre pagos ilegales efectuados a exministros de ese periodo de gobierno y personas allegadas, sobornos pagados para la aprobación de ALBA y PETROCARIBE, manejo irregular de fondos de la estrategia de reducción de la pobreza, entre otros.
  3. Igualmente, por la desobediencia a la entrega de información por parte de la Misión, no se pudo determinar porque razón en el caso conocido como “Red De Diputados”, aunque aparecen en la parte inicial del requerimiento fiscal, fueron excluidos de la condición de acusados 5 diputados de la entonces bancada del Partido Libertad y Refundación LIBRE.
  4. A criterio de esta Comisión ha existido una flagrante violación en la secretividad de las investigaciones que realiza la Misión, pues es de público conocimiento que sus propio voceros han revelado de forma ilegal, nombres y casos que están en procesos de investigación, al grado que se le ha entregado fotocopias de documentos relacionados a periodistas internacionales, ejemplo de ello lo que ha denunciado la Comisión Nacional de Banca y Seguros CNBS, cuando se ha revelado de manera ilegal, información bancaria de personas.
  5. La Comisión concluye que las acciones de la MACCIH han violentado la independencia de los órganos constitucionales contralores como el Tribunal Superior de Cuentas, de investigación (Ministerio Público) y de juzgamiento, al grado que se ha denunciado presión ilegal a jueces, incluso hacia los integrantes del más alto Tribunal del país.
  6. La creación de Tribunales Anti-corrupción, y designación de sus jueces y funcionarios bajo un proceso con participación de la Misión ha derivado en sendas denuncias de parcialidad, al grado que las resoluciones emitidas en la primera instancia de este circuito, en su mayoría han sido revocadas o sustituidas.
  7. Al igual se ha denunciado con carácter de ilegalidad la participación de extranjeros en actividades que son exclusivas de autoridades hondureñas, como allanamientos, secuestros de documentos, presencia en audiencias judiciales y posterior a estas el uso de redes sociales para presionar las resoluciones que deben tomar los jueces después de suspendidas dichas audiencias.
  8. La Comisión concluye que ha existido una violación al principio de legalidad por parte de los miembros de la Misión, cuando se desconoce abiertamente por parte de éstos, la vigencia de leyes y decretos y el respeto que toda autoridad debe tener por esta legislación.
  9. A 4 años de funcionamiento de la Misión, los logros obtenidos y que son de público conocimiento son muy escasos, pues existe errado planteamiento de la calificación de los delitos en los requerimientos fiscales, en las peticiones que en las audiencias se formulan ante los órganos jurisdiccionales, lo que ha ocasionado violaciones del debido proceso, los Derechos Humanos de los acusados y el estado de inocencia de las personas.
  10. Esta Comisión, al igual que países cooperantes, reconoce los esfuerzos realizados y logros alcanzados por las actuales autoridades que rigen el Ministerio Público y el Poder Judicial para reducir los índices de impunidad, fortaleciendo la investigación penal, capacitando a los funcionarios, e implementando reformas institucionales, en el combate a la corrupción; esfuerzos que merecen el apoyo presupuestario constante del Congreso Nacional.

RECOMENDACIONES:

En razón de lo antes expuesto, está Comisión Especial, recomienda:

  1. Con la finalidad de que el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan continuar con las acciones emprendidas en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y puedan continuar con el fortalecimiento de su institucionalidad, el Congreso Nacional revise anualmente el presupuesto asignado, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, y lo incremente en base a sus necesidades de contratación, formación de personal y fortalecimiento institucional.
  2. Se debe fortalecer la legislación actual, al igual que los presupuestos asignados al Tribunal Superior de cuentas a efectos de que se realicen de la forma más amplia y correcta posible, las auditorias de todos los fondos públicos, manejados por las diferentes instituciones, así como que se fortalezcan los mecanismos de prevención en temas de corrupción.
  3. Es imprescindible que para alcanzar el Estadio de desarrollo que todos aspiramos se debe fortalecer el Estado de Derecho, el respeto a la independencia de nuestras instituciones, el fortalecimiento de las mismas, la creación de una Política Nacional Anticorrupción, pero sobre todo la implementación de una cultura de trasparencia en todos los servidores públicos y ciudadanos.
  4. A través de dicha política, se deben establecer nuevos métodos de contracción pública y certificaciones de personal, trasparencia en el manejo de los recursos públicos, políticas de prevención de corrupción e instancias administrativas de control del ejercicio de la función pública, y un nuevo mecanismo de rendición de cuentas sobre los procesos de contratación del Estado.
  5. Se deben tomar medidas para fortalecer la institucionalidad del Estado de Honduras y garantizar el respeto a su soberanía, el imperio de su Constitución y el respeto a la Ley, por lo que:

Respetuosamente se le pide al Poder Ejecutivo que, en base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes expuestos derivados de los informes presentados a esta Comisión por parte de las diferentes instituciones, los que evidencian violaciones a derechos, garantías y principios constitucionales, manifiesto irrespeto de la ley y convenios internacionales: NO SE RENUEVE EL ACTUAL CONVENIO HONDURAS-OEA QUE CREÓ DICHA MISIÓN.