Pobladores se suman a conductores del transporte público exigiendo se rompa el confinamiento para poder trabajar
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa.- Una toma de carretera como acción de protesta por parte de los motoristas del servicio de transporte público interurbano a la altura del kilómetro 12 en el municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán, sirvió de muro de lamentos para los pobladores del sector.
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A eso de las seis de la mañana de este jueves, al menos 20 buses amarillos iniciaron el bloqueo en el paso vehicular de la CA-5, la carretera primaria que conduce al sur del país. A la acción de protesta de los transportistas se sumaron los ciudadanos que transitaban por la zona, y que también, ya no aguantan el confinamiento obligado que los mantiene inactivos económicamente.
Los transportistas ya suman 66 días sin trabajar en consecuencia de la entrada en vigencia del estado de excepción contemplado en el Decreto Ejecutivo PCM-021-2020, que restringe las garantías constitucionales, entre estas la libertad de locomoción y la suspensión de acciones laborales de la empresa privada y pública.
“Nosotros también comemos y también necesitamos trabajar para llevar comida a nuestros hogares”, explicaban los motoristas a la población que se acercaba para saber que ocurría. Durante al menos cuatro horas los buses no permitieron el paso de vehículos, situación que provocó un congestionamiento vehicular en la zona.
Con el paso del tiempo, las personas se bajaron de sus vehículos y poco a poco se fueron agrupando en Ante la aglutinación de vehículos. Todas ellas con diferentes historias, pero con el mismo argumento, “tenemos que trabajar”.
Todos somos iguales, todos debemos trabajar
Sin descuidar los protocolos de bioseguridad, siempre con sus mascarillas y con una distancia comprensible, bajo la sombra de unos árboles, frente a un restaurante de comida china, un grupo de ocho personas conversaban sobre lo complejo que resulta poder cumplir con sus compromisos laborales bajo el actual contexto de la pandemia.
Doña Alba es la propietaria de un puesto de granos básicos en el mercado Perisur, todos los días sale de su casa, ubicada en sector de la Bodega km 16, a las cinco de la mañana y regresa a su hogar a las siete de la noche, a excepción de los domingos que el mercado cierra a la una de la tarde
Carlos de aproximadamente 24 años, trabaja en un supermercado desde hace tres años y como reside en las afueras de la ciudad, no cuenta con el servicio de transporte de su empresa y por eso junto a su amigo Samuel han contratado a don “Pancho”, para que los traslade a sus trabajos.
Saul de unos 30 años es dependiente en una franquicia de venta de café y junto a Carlos viajan de lunes a viernes desde el centro de Santa Ana en el km 27 en el vehículo de don “Pancho”, quien es mecánico, pero ante la falta de trabajo, desde hace aproximadamente un mes, se dedica a transportar de manera clandestina a varios ciudadanos de su zona.
Junto a ellos esta Celia que trabaja en una procesadora de pollos, ella viaja en compañía de Katherin en una motoneta. Katherin es empleada de una institución bancaria, ubicada en la zona de Comayagüela.
A la plática se les suma una periodista que, de manera anónima, obtuvo la información para CRITERIO.HN. “Tenemos que trabajar”, era el común denominador de las ocho personas, todas conscientes de los riesgos de la pandemia del Covid-19, pero también realistas de las condiciones económicas que ha conllevado esta enfermedad.
Carlos dijo: “Los buses hacen falta, no todos tenemos vehículo, a mí ni me sale pagar carro particular, pero si no llego a la chamba me despiden, quise quedarme donde una tía en la Flor del Campo, pero ahí es clavo (problema) cuando un extraño llega, además los hijos de mi tía se pusieron majes (tontos)”.
“Yo solo estuve tres días en la casa, ya el jueves después del toque de queda me llamó la jefa y me dijo que teníamos permiso para ir a trabajar porque nosotros procesamos alimentos, pero que no me podían venir a traer hasta mi casa, por eso le quite la moto a mi hermana que esta sin trabajo”, manifestó Celia.
Por su parte Katherin aseguró que de no ser por su amiga Celia, ya la hubieran suspendido del banco donde labora. “A los jefes no les interesan excusas, ni de donde vive una, ni como le hace para llegar, así es esto”.
Saúl, el más preocupado por llegar a su trabajo, expresó que hace dos días habían anunciado el despido de varios en su empresa, “están de toque en la chamba, no aguantan casacas yo le mande a mi supervisor de área un vídeo y foto desde las siete para que vea que no es mentira mía”, comentó el joven en su lenguaje coloquial.
Doña Alba y don “Pancho” eran los más relajados, ambos dueños de sus propios negocios y prontos a ser parte de la población de la tercera edad, escuchan atentamente los lamentos de los jóvenes sin mayores comentarios.
Todos coinciden que es importante que se reactive el servicio de transporte y que se legalice la circulación pues, según ellos, todos han tenido que salir de sus casas a trabajar aun y cuando el municipio de Santa Ana mantiene activa una ordenanza municipal que limita la circulación de sus pobladores.
Alrededor de las diez de la mañana los carros empezaron a movilizarse lentamente y las ocho personas corrieron a sus vehículos para poder llegar a sus centros de trabajo y poder con ello llevar alimentos a su núcleo familiar
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población del municipio de Santa Ana es de 17,123 personas, 8,499 hombres y 8,624 mujeres. Con una población en el área urbana de 5,550 personas y en el área rural de 11,572 personas.
Datos del INE, estipulan que solo el 22 % de los hogares cuentan con automóvil propio.
En la primera semana del mes de mayo el alcalde de Santa Ana, Jorge Sandres, oficializó el contagio 12 de pobladores con COVID-19, razón por la cual, por medio de ordenanza municipal, se emitió el cierre total del municipio.