Por: Carlos Zelaya Herrera
La sentencia de la Sala Constitucional sobre la legalidad del convenio entre Honduras y la OEA para dar vida a la MACCIH y a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, (UFECIC), culmina la mayor escalada de los sectores políticos más oscuros del país en los tibios avances de la lucha contra ambos flagelos.
Una escalada con episodios de una reforma legislativa a la ley de Presupuesto General de la República para no rendir cuentas en el uso de fondos públicos para proyectos sociales, en enero; de una “fe de erratas” con la que se intentó tapar el bache, en febrero; a la renuncia de Juan Jiménez Mayor de la MACCIH ese mismo mes.
También señalamientos de injerencia por afectados y opuestos a esa lucha y ahora el fallo de la Sala Constitucional este 31 de mayo, como expresión máxima que culmina el aplastante dominio de la corrupción y la impunidad en el Estado hondureño.
Ambos flagelos, fuertemente enquistados en el poder político-económico y militar, han venido destruyendo lo poco que se ha logrado avanzar en acabar la lacra que conecta la corrupción política con la económica y desde ahí se irradia a toda la estructura del Estado de Honduras.
El fallo de la Sala Constitucional trascendió sin que se conocieran sus considerandos, anticipando la falta de sustento y el dolo para el país; el mismo declara inconstitucional la creación de la UFECIC y con eso despoja a la MACCIH del órgano operativo que acabó con la tranquilidad de ex presidentes, diputados, una ex primera dama y funcionarios públicos de segundo nivel.
El parón a la MACCIH expresa el triunfo de políticos acusados o en proceso de investigación por presuntos actos de corrupción y una derrota de la población y sus organizaciones representativas, que hemos sabido defender lo más próximo a la CICIG que pudimos acceder y que con antorchas en las manos miles exigimos en calles de todo el país.
La sentencia de la Sala Constitucional seguramente tendrá insospechadas consecuencias y fuertes connotaciones en materia de política exterior, si se considera el criticado papel de EEUU en América Latina, pasivo con el fraude electoral en Honduras y aplastante sobre la soberanía política y democrática en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Además, de que en estos momentos el Senado estadounidense analiza una iniciativa para que la Secretaría de Seguridad de su país enliste a los políticos de Guatemala, Honduras y El Salvador señalados o acusados de delitos de corrupción.
Precisamente en el foro que dirige el periodista Renato Álvarez por la TV nacional este día compareció el joven abogado Odir Fernández, Jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), que afirmó que el fondo de lo resuelto por la justicia era dañar a la UFECIC, afectar a la MACCIH y decir que es Constitucional, pero en el fondo inconstitucional.
Los abogados defensores de los corruptos van a invocar el fallo de la MACCIH para pedir a la Sala Constitucional que los ampare y los va a amparar en reclamo de su derecho; en el caso de Mario Zelaya, actor de la mayor estafa al Seguro Social, la semana pasada sus abogados presentaron un escrito invocando el Reglamento Interno del Congreso que manda las investigaciones al Tribunal Superior de Cuentas.
«En lucha contra la corrupción, que no habíamos avanzado mucho, con la sentencia de la Sala Constitucional sobre la MACCIH en realidad hemos retrocedido años luz en el combate de la corrupción», recalcó el Jefe de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción.
“Lo ideal en esta mañana es bueno es desenmascarar al pueblo del engaño que nos han hecho, en realidad hemos retrocedido años luz…sabemos leer los renglones de lo que se escribe en esas resoluciones.
Hacia dónde vamos como Estado, vamos a que todas las estructuras y agentes que combaten y previenen la corrupción en nuestro país desaparezcan, respondan a intereses políticos.
Por eso se quería una Sala Constitucional conformada a la medida de cómo está hoy; viene la elección del Fiscal para años de impunidad, que no se toque a un sector político, sin importar el color político, independientemente del color pero que ha estado vinculado a la corrupción.
Lo más difícil era atacar a la MACCIH, después vendrán por las demás instituciones y lo van hacer; con esta resolución dirán que el CNA no debe tener unidad de investigación, no somos brujos ni pitonisos, pero sabemos leer lo que se escribe en estas resoluciones, concluyó.
