Fallo Sala Constitucional sobre la MACCIH: “En realidad hemos retrocedido años luz en el combate de la corrupción”

Por: Carlos Zelaya Herrera

La sentencia de la Sala Constitucional sobre la legalidad del convenio entre Honduras y la OEA para dar vida a la MACCIH y a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, (UFECIC), culmina la mayor escalada de los sectores políticos más oscuros del país en los tibios avances de la lucha contra ambos flagelos.

Una escalada con episodios de una reforma legislativa a la ley de Presupuesto General de la República para no rendir cuentas en el uso de fondos públicos para proyectos sociales, en enero; de una “fe de erratas” con la que se intentó tapar el bache, en febrero; a la renuncia de Juan Jiménez Mayor de la MACCIH ese mismo mes.

También señalamientos de injerencia por afectados y opuestos a esa lucha y ahora el fallo de la Sala Constitucional este 31 de mayo, como expresión máxima que culmina el aplastante dominio de la corrupción y la impunidad en el Estado hondureño.

Ambos flagelos, fuertemente enquistados en el poder político-económico y militar, han venido destruyendo lo poco que se ha logrado avanzar en acabar la lacra que conecta la corrupción política con la económica y desde ahí se irradia a toda la estructura del Estado de Honduras.

El fallo de la Sala Constitucional trascendió sin que se conocieran sus considerandos, anticipando la falta de sustento y el dolo para el país; el mismo declara inconstitucional la creación de la UFECIC y con eso despoja a la MACCIH del órgano operativo que acabó con la tranquilidad de ex presidentes, diputados, una ex primera dama y funcionarios públicos de segundo nivel.

El parón a la MACCIH expresa el triunfo de políticos acusados o en proceso de investigación por presuntos actos de corrupción y una derrota de la población y sus organizaciones representativas, que hemos sabido defender lo más próximo a la CICIG que pudimos acceder y que con antorchas en las manos miles exigimos en calles de todo el país.

La sentencia de la Sala Constitucional seguramente tendrá insospechadas consecuencias y fuertes connotaciones en materia de política exterior, si se considera el criticado papel de EEUU en América Latina, pasivo con el fraude electoral en Honduras y aplastante sobre la soberanía política y democrática en Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Además, de que en estos momentos el Senado estadounidense analiza una iniciativa para que la Secretaría de Seguridad de su país enliste a los políticos de Guatemala, Honduras y El Salvador señalados o acusados de delitos de corrupción.

Precisamente en el foro que dirige el periodista Renato Álvarez por la TV nacional este día compareció el joven abogado Odir Fernández, Jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), que afirmó que el fondo de lo resuelto por la justicia era dañar a la UFECIC, afectar a la MACCIH y decir que es Constitucional, pero en el fondo inconstitucional.

Los abogados defensores de los corruptos van a invocar el fallo de la MACCIH para pedir a la Sala Constitucional que los ampare y los va a amparar en reclamo de su derecho; en el caso de Mario Zelaya, actor de la mayor estafa al Seguro Social, la semana pasada sus abogados presentaron un escrito invocando el Reglamento Interno del Congreso que manda las investigaciones al Tribunal Superior de Cuentas.  

«En lucha contra la corrupción, que no habíamos avanzado mucho, con la sentencia de la Sala Constitucional sobre la MACCIH en realidad hemos retrocedido años luz en el combate de la corrupción», recalcó el Jefe de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción.

“Lo ideal en esta mañana es bueno es desenmascarar al pueblo del engaño que nos han hecho, en realidad hemos retrocedido años luz…sabemos leer los renglones de lo que se escribe en esas resoluciones.

Hacia dónde vamos como Estado, vamos a que todas las estructuras y agentes que combaten y previenen la corrupción en nuestro país desaparezcan, respondan a intereses políticos.

Por eso se quería una Sala Constitucional conformada a la medida de cómo está hoy; viene la elección del Fiscal para años de impunidad, que no se toque a un sector político, sin importar el color político, independientemente del color pero que ha estado vinculado a la corrupción. 

Lo más difícil era atacar a la MACCIH, después vendrán por las demás instituciones y lo van hacer; con esta resolución dirán que el CNA no debe tener unidad de investigación, no somos brujos ni pitonisos, pero sabemos leer lo que se escribe en estas resoluciones, concluyó.

CNA denuncia artificios de los políticos de Honduras para limitar el accionar en el combate a la corrupción

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA),  en un comunicado ha  manifestado su preocupación por los artificios que la clase política está utilizando, mediante la presentación de reformas, decretos, fe de errata, reglamentos y resoluciones, que limitan acciones para combatir la corrupción de manera frontal.

Señalan que este Proyecto, tiene como finalidad única el beneficio de personas que actualmente están siendo sometidas a procesos penales y que su vinculación con diferentes partidos políticos, les está exigiendo la compensación de favores, como recompensa de su apoyo.

Ya en el año 2015, abogados independientes, presentaron un recurso de Inconstitucionalidad contra dicha ley, por considerar que la misma, violenta derechos y garantías constitucionales; sin embargo, los mecanismos incoados, fueron desestimados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

COMUNICADO DE PRENSA

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), debido al Proyecto de Reforma que se ha sometido a la Cámara Legislativa del Congreso Nacional, encaminado a modificar la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; comunicamos lo siguiente:

PRIMERO: Que, en el año 2015, abogados independientes, ejerciendo su derecho a recurrir, presentaron Recurso de Inconstitucionalidad contra dicha ley, por considerar que la misma, violenta derechos y garantías constitucionales; sin embargo, los mecanismos incoados, fueron desestimados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que se apega a los lineamientos exigidos en la Norma Suprema del ordenamiento jurídico hondureño.

SEGUNDO: Que este Proyecto, tiene como finalidad única el beneficio de personas que actualmente están siendo sometidas a procesos penales y que su vinculación con diferentes partidos políticos, les está exigiendo la compensación de favores, como recompensa de su apoyo. Por lo que es evidente que en ningún momento se está pensando en la sociedad hondureña, sino que en sujetos socialmente reconocidos y que, mediante recursos económicos ilícitos, han adquirido bienes y realizado mejoras a los inmuebles obtenidos de manera previa al ejercido de la función pública.

TERCERO: Que el Proyecto de Reforma, es la evidente muestra de un conflicto de interés, ejecutado por el Diputado Proyectista, quien fungió como Gerente General de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, misma que le fue asegurada en 2013; por lo que uno de los socios (su sobrino) se encuentra en la actualidad bajo prisión preventiva, por enfrentar procesos penales en los órganos jurisdiccionales competentes.

CUARTO: Que la actual Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, no presenta ninguna razón para ser reformada o considerarla inconstitucional, sino que el problema radica, en que los operadores de justicia, no aplican los procedimientos establecidos en la misma, de una manera objetiva y correcta, sino que de forma desproporcional.

QUINTO: Manifestamos nuestra preocupación, a los artificios que la clase política está utilizando, mediante la presentación de reformas, decretos, fe de errata, reglamentos y resoluciones, que limitan acciones encaminadas a combatir la corrupción de manera frontal; es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía hondureña, para que no permitamos que se comentan los mismos hechos ocurridos en la aprobación de la ilegal reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, aprobada en el mes de enero recién pasado.

Tegucigalpa M.D.C., 07 de marzo de 2018.

Nuevo hito en el combate de la corrupción e impunidad en Honduras

Por: Carlos Zelaya Herrera

Sin duda alguna que la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad es el desafío más grande para la institucionalidad del Estado, el gobierno y el bienestar de la sociedad hondureña de la actualidad. 

Efecto que no inmuta a las redes sociales que ven lo acontecido como el sacrificio de un chivo expiatorio en prejuicio de la crisis política, las violaciones de derechos humanos y la cuestionada legitimidad del régimen de Juan Hernández, del Partido Nacional.

Ambos flagelos están presentes en el continente, siendo los más recientes el del ex presidente Álvaro Colom, en Guatemala; los de ex presidentes de Brasil, Dilma Roussef y Luis Inacio Lula Da Silva; y Alejandro Toledo y Ollanta Humala, en Perú, como lo es el de Fernando Collor de Melo, el primero en la patria carioca y del continente en 1992. 

Analistas del acontecer nacional, empresarios y entes como el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDEH y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, estiman que cada año el país pierde unos 10 mil millones de lempiras a causa de la corrupción.

El flagelo, con raíces que parten desde la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones, CONADI, por más de 600 millones de lempiras a finales de la década de 1970, se extendió ampliamente a lo largo de todos los gobiernos desde el regreso de la democracia, el año 1982 a la actualidad, colocando al país como el de mayor índice de corrupción en el continente, según el informe más reciente de Transparencia Internacional. 

En 1994 la Cámara Legislativa sanciona la ley que crea el Ministerio Público, que radica 13 procesos judiciales contra el ex presidente Rafael Leonardo Callejas, entre otros; y, en 2005, varias entidades de sociedad civil dan vida al Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, que planteó las primeras acusaciones por esa clase de delitos ante la fiscalía, aunque sin muchos resultados tangibles desde la perspectiva jurídica del país

El mal se consolidó con el golpe de Estado que en junio de 2009 depuso al presidente liberal, Manuel Zelaya, al debilitar la separación de poderes y la estructura de la institucionalidad pública debido a la injerencia político-sectaria.

Ante la imposibilidad de tomar el binomio corrupción-impunidad por los cuernos, se acumularon retos que desembocaron en la apertura del Ministerio Público y de la Fiscalía Especial de Lucha Contra la Corrupción, desde donde se incoaron juicios a ex funcionarios del gobierno del ex presidente Porfirio Lobo Sosa por el fraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social, por más de siete mil millones de lempiras y la muerte de más de dos mil derechohabientes.

No obstante, la percepción social es que esta se aquietó lo que dio espacio a las masivas protestas de Los Indignados en 2015 y 2016, que con antorchas en mano demandaban la presencia en el país de un organismo similar a la Comisión Internacional Contra Corrupción e Impunidad en Guatemala, CICIG.

Con el abrigo de la Organización de Estados Americanos, OEA y del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, en 2016 se firma el convenio del Proyecto Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH, con lo que el país ingresa a una etapa inédita en el ataque a ese grave problema social. 

A partir de ese entonces se crea lo que hoy la vocera interina de la MACCIH, la fiscal internacional Ana María Calderón Boy, denominó circuito contra la corrupción en Honduras, formado por dicha entidad, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, UFECIC del Ministerio Público y el Tribunal Anticorrupción. 

Es así como este miércoles, 28 de febrero, la UFECIC/MACCIH, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Policía Militar, Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron las viviendas de la ex primera dama de la Nación, Rosa Elena de Lobo y la de su cuñado, Mauricio Mora, acusados de asociación ilícita, malversar caudales públicos y lavado de activos; malversación de caudales públicos y lavado de activos, en el segundo caso.

Proceso trascendente e histórico, debido a que, con el mismo Honduras al lado de las naciones de la región en procesar por corrupción a altos cargos públicos, una lucha que rememora casos como el de Lava-Jato, que implica a la constructora Odebrecht y a 17 gobiernos del continente y los Panamá Papers, que no ha tenido repercusión alguna en el país. 

Hasta mediados de febrero de este año 42 hombres y mujeres ejercieron 45 administraciones entre 1990 y 2018 desde Guatemala a Panamá, y 19 de ellos están o fueron cuestionados de actos ilícitos ligados a su ejercicio en la presidencia o por hechos posteriores a ellas. 

La estela de retos por la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad administrativa persisten ante las cuestionadas reformas a la Ley de Presupuesto, que la MACCIH llamó Pacto de Impunidad, el enjuiciamiento de la Red de Diputados por el manejo de fondos de ayuda social; la derogación de la Ley de Secretos y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, entre otros.

La MACCIH sigue trabajando en el combate contra la corrupción

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la impunidad de Honduras (MACCIH) participó en una reunión con el Poder Judicial y el Ministerio Público como parte de la visita oficial a Honduras de la Señora Embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.

La vocera y representante interina del Secretario General de la OEA en la MACCIH, doctora Ana María Calderón expresó el interés de la MACCIH en continuar con el acompañamiento activo al Estado de Honduras en el combate a la corrupción y la impunidad, y trabajar hombro a hombro con los equipos integrados de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción en el Ministerio Público (UFECIC-MP), parte vital del Sistema Hondureño Anticorrupción.

Por su parte, la diplomática estadounidense manifestó que su presencia ratifica el apoyo para la continuación de las tareas encomendadas a la MACCIH, haciendo votos por que todas las instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción colaboren mutuamente en pro de la sociedad hondureña.

La reunión -desarrollada en el Poder Judicial con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y el Fiscal General, Óscar Chinchilla-, fue una iniciativa del gobierno estadounidense para alentar la colaboración continua entre las diferentes instituciones de justicia y la MACCIH. 

La embajadora estuvo acompañada por el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Señor Brian Nichols y el representante de USAID para Honduras, Fernando Cossich. Además, acompañaron a la vocera de la MACCIH, la Coordinadora de la Seguridad Pública Dra. Virginia Contreras; la Fiscal Internacional Martha Ladino y el Juez internacional Marco Villeda.

Combate a la corrupción

Por: Edmundo Orellana

Comienzan a funcionar los juzgados anticorrupción, acompañados de una fiscalía especial encargada de dirigir, desde de una perspectiva técnico- jurídica, la investigación de los casos de corrupción y judicializarlos. Es un avance institucional importante, sin duda. Sin embargo, no es suficiente para demostrar que existe voluntad para luchar contra la corrupción.

Para tener resultados de este complejo institucional es necesario que los encargados de investigar, de dirigir la investigación y de decidir sobre la responsabilidad de los imputados, demuestren su competencia técnica y profesional en el manejo de las causas que conozcan. En otras palabras, que lo investigado sea presentado con la solidez necesaria para resistir los cuestionamientos de la defensa, que los alegatos del fiscal sean jurídicamente consistentes y atinentes a la causa, y, finalmente, que el juez demuestre en la sentencia poseer su capacidad profesional para discernir, imparcialmente, lo ocurrido en el juicio y aplicar, con criterio jurídico, la normativa pertinente al caso.

No obstante, el sistema nos ofrece ejemplos que nos inducen a pensar que la voluntad del gobierno para luchar contra la corrupción carece de energía.  

El caso de la reducción de penas, es uno. Reducir las penas en un país que ocupa los primeros lugares de corrupción en las clasificaciones internacionales, que no ha logrado incorporarse a la cuenta del milenio, justamente, por cuestiones de corrupción y que, precisamente, por la corrupción del sistema de justicia hubo necesidad de instalar la MACCIH, es decir, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Nombre de inequívoca y demoledora elocuencia), es una evidente contradicción con la iniciativa de, supuestamente, hacer más efectiva la lucha contra la corrupción, mediante la creación de juzgados y fiscalías anticorrupción.

La reciente condena del ex vicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura, es otro ejemplo. El tribunal resolvió como si fuera un caso más. No consideró que el condenado ocupó un cargo de rango igual al de magistrado de Corte Suprema, que su deber legal era evitar aquello por lo que fue condenado y, finalmente, que se aprovechó del cargo para envilecer el sistema de justicia hondureña. Pese a la gravedad del caso, el tribunal resolvió con benevolencia, mientras muchos languidecen en las cárceles, con penas severísimas, por robarse una bicicleta o una gallina.

Podría afirmarse en beneficio del sistema, que los nuevos juzgados anticorrupción no actuarán como este indulgente tribunal. Probablemente, pero, por ley, los casos de corrupción ya judicializados- que no son pocos- seguirán siendo conocidos por jueces con la formación de los que resolvieron el caso citado. Es de esperar, entonces, sentencias del mismo tenor de la aplicada al  ex vicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura. Lo que se explica con lo dicho por el Presidente de la Corte en la inauguración de los nuevos juzgados: “éstos nuevos jueces solo obedecen a la Constitución” (¿a quién obedecen los demás?)

También podría citarse como ejemplo de la falta de voluntad de combatir la corrupción, la resistencia a aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, apoyándose en el pobre argumento de que esta ley permitirá el encarcelamiento por chismes, inventado, sin duda, por los que temen ser denunciados por aquellos con quienes han conspirado para sustraer fondos públicos o  torcer la ley.

La explicación oficial de la policía para justificar el comportamiento brutal contra los estudiantes y defensores de derechos humanos, que quedó registrado en un video que fue subido a la web, es otro ejemplo. Los hechos están allí y no hay palabras para suavizarlos ni argumentos para justificarlos. Pero se atrevieron, alegando que el rasguño de una femenina a un policía lo justificó (¡Pobre policía, su vida estuvo en peligro por el arañazo!). ¡Las altas autoridades apañando la violación a los derechos humanos!. El marco de antivalores permanece intacto en aquellos ofíciales no depurados, que callaron los crímenes de sus jefes y ahora, fieles a su conducta, pretenden callar los de sus discipulos- subalternos.

La Comisión Depuradora de la Policía, que no es parte de esa cofradía policial, actuó como se esperaba, exigiendo la sanción respectiva. Es una acción propia de quien se apega a elevados principios y valores que dignifican la persona humana.

Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos la denuncia que el portavoz de la MACCIH formuló oportunamente. Las presiones de políticos para que se vaya del país, por temor a lo que están por hacer (aún no sabemos qué hará y, sin embargo, ya tienen canillera los corruptos)

En este contexto operarán los nuevos juzgados anticorrupción. ¿Qué opina usted, estimado lector? ¿Tiene voluntad el gobierno para combatir la corrupción y la impunidad?

 

Una vitamina común es capaz de destruir células cancerosas ‘invencibles’

Por: Redacción CRITERIO/Agencias

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Pruebas realizadas por científicos estadounidenses en ratones han demostrado que inyecciones de vitamina C son capaces de reprimir y detener la progresión de formas incurables de cáncer de colon, considerado uno de los cánceres más habituales.

Cancer
Científicos estadounidenses han descubierto que el ácido ascórbico, o vitamina C, puede matar las células cancerosas con mutaciones que las hacen casi invencibles, así como detener el crecimiento de tumores cancerosos en general, informa la revista ‘Science’.

Un equipo de la Universidad Johns Hopkins, EE.UU., inyectó en el estómago de ratones sustancias cancerígenas para que aparecieran pólipos y otros tipos de tumores malignos. Luego trataron de eliminarlos con altas dosis de vitamina C, correspondientes a la cantidad de ácido ascórbico que se puede obtener en 200 naranjas.

El experimento demostró que el tamaño del tumor disminuyó significativamente en todos los animales, mientras que en algunos incluso desapareció por completo. De ese modo, se ha confirmado la hipótesis de que la vitamina C es capaz de destruir de forma independiente las células cancerosas, incluso con las mutaciones que las hacen casi invulnerables a la quimioterapia y a las células del sistema inmunológico.

Según el estudio, este efecto de la vitamina C se debe a que el ácido ascórbico produce en el líquido que rodea el tumor una gran cantidad de peróxido de hidrógeno que es capaz de matar las células cancerosas.

Ambas mutaciones que causan el cáncer de colón ―BRAF y KRAS― se encuentran también en otros tipos de cáncer como, por ejemplo, de páncreas. Los científicos esperan que las inyecciones de vitamina C puedan ayudar en el futuro próximo a salvar a los pacientes con estos tipos de cáncer, o al menos mejorar su estado. (tomado de Reuters)