¿Cinco diputados, red de corrupción?…Permítanme que me ría

Por: Claudia Mendoza*

La novedad no es que haya corrupción en el manejo de fondos por parte de diputados del Congreso Nacional. La novedad es que se haya comenzado un juicio en contra de cinco diputados: Héctor Enrique Padilla, Augusto Cruz, Eliazar Juárez, Audelia Rodríguez y Dennis Sánchez (gatos, digo yo).

A manera de resumen (pues no es el punto central de lo que escribo), se les acusa de haber recibido y malversado 15 cheques que en conjunto suman 8.3 millones de lempiras (unos 353 mil 191 dólares), desde la cuenta de la Organización no Gubernamental Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, la que recibió, a su vez, transferencias desde la Secretaría de Finanzas, en el mes de diciembre del año 2016, según el Ministerio Público de Honduras.

La repartición a discreción de fondos/dinero desde la Presidencia del Congreso Nacional ha sido una práctica inveterada y conocida por las autoridades hondureñas. Es, además, auxiliada por la invisibilización que ha hecho la prensa del tema. Este drenaje de fondos ha tenido diversas formas, matices y colores. La manera en cómo se vinculó a estos cinco diputados es una, apenas. Pero me referiré a otra.

Durante años, organizaciones como la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y más recientemente el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), han presentado a la población informes sobre la producción legislativa y el manejo de fondos del Congreso Nacional.

La prensa se ha centrado y ha destacado con fuerza el primer aspecto: los más haraganes, los que nunca llegan, los que llegan a dormir, los que presentan mociones desvinculadas de las necesidades de la población, en fin, han invisibilizado que en algunos de esos informes ha habido datos que reflejan las cantidades millonarias de dinero que se les dio a las y los diputados hondureños durante décadas, a través del llamado Fondo Social Departamental.

Por otro lado, las autoridades hondureñas, incluido aquí el Ministerio Público, que hoy destaca el hallazgo de una red de corrupción de diputados, realizada desde la Unidad Fiscal Especial contra la impunidad de la corrupción, en conjunto con la MACCIH, se han hecho de la “vista gorda”.

De acuerdo con los informes de las ONGs que enlisté atrás, ha sido una odisea obtener los datos para elaborar los informes, particularmente los relacionados con el dinero que se les da a los mal llamados “padres y madres de la patria”. La mayoría, “patriotas” es lo que menos son.

En el año 2010, mientras dirigía el periódico digital Revistazo.com, junto a un equipo de periodistas (Eleana Borjas CoelloGerman Humberto ReyesClaudia Nieto Anderson) nos desplazamos a diversas zonas del país amparados en los datos del informe legislativo 2010 que destacó la FDsF, sobre el manejo de unos 400 millones de lempiras en el Congreso hondureño, a través del Fondo Departamental. El informe contenía nombres y apellidos de las y los diputados a quienes se les emitió millonarias sumas de dinero para proyectos sociales.

Los que más destacaron fueron dos: Alfredo Saavedra, actual diputado por el Partido Liberal, quien gestionó 20 millones de lempiras para la pavimentación de unos 12 kilómetros de carretera en Nacaome, sur de Honduras.

http://www.revistazo.biz/…/78-20-millones-de-lempiras-para-…

El segundo fue Roberto Micheletti Bain, presidente de facto durante el golpe de Estado en el año 2009 y quien gestionó 15 millones de lempiras para la Alcaldía Municipal de El Progreso, departamento de Yoro. Ese dinero era para la compra de un terreno y la construcción de un relleno sanitario.

http://www.revistazo.biz/…/176-inter%C3%A9s-particular-ser%…

La emisión de fondos se hizo en el 2006 y para el 2010 no había pavimentación alguna en el sur, ni compra de terreno o relleno sanitario construido en el norte. Desconozco si en este momento, 2017, se pavimentó la carretera entre unos poblados de Nacaome, pero sí investigué y El Progreso sigue en la actualidad sin relleno sanitario.

Señores del Ministerio Público, de la MACCIH y del elefante blanco llamado Tribunal Superior de Cuentas, sobre este tema hay “mucha, mucha más tela que cortar” y mucho, mucho más que investigar. El tema traspasa a estos cinco “gatitos” a los que ustedes llaman red.

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Me quedo aquí, con algunas preguntas que dejo en el aire:

– ¿Quién ordenó desde el Congreso Nacional a la Secretaría de Finanzas, emitir cheques a favor de la ONG vinculada con los cinco diputados?
– ¿Se procederá contra esas personas del Congreso y de Finanzas, también?
– ¿Investigarán las ONGs fantasmas y las que de forma “legal” ayudan a lavar dinero desde el Congreso Nacional?
– El Fondo Social Departamental ya desapareció pero ahora la entrega de fondos se hace desde el más alto nivel y desde otro poder del Estado. ¿Investigarán esa otra red y forma de drenar fondos desde el Congreso Nacional?
– ¿Investigarán casos del pasado reciente, en los que se vincula a diputados que entregaron dinero a patronatos, ONGs, municipalidades y cuyos proyectos sociales siguen inexistentes?

Esto es apenas una viruta de una madeja que no tiene fin.

*Claudia Mendoza, periodista hondureña, corresponsal de Univisión.

La MACCIH y UFECIC piden detención y prisión preventiva contra cinco diputados

Los parlamentarios “vendieron” sus votos al gobierno de JOH

                                                             Conozca las cantidades que recibió cada uno de los diputados.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) presentaron requerimiento fiscal contra cinco diputados al Congreso Nacional por los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

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Mediante el requerimiento fiscal, que fue presentado esta mañana, se pidió detención preventiva, allanamiento de morada, suspensión del cargo y prisión preventiva contra los congresistas.

El caso ha sido bautizado como la “red de diputados” y es en contra de: Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.

Este caso fue denunciado en el 2015 por el director de radio y el  clausurado canal de televisión Globo TV, David Romero Ellner y ha sido evaluado por la MACCIH, siendo el primer caso de corrupción investigado por esta misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la participación de un equipo integrado por fiscales e investigadores de Honduras y expertos internacionales.

A través de sus investigaciones, el equipo UFECIC-MACCIH descubrió una red de diputados que extrajo y se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a programas sociales que fueron desviados para uso personal.

El fiscal general de la República, Óscar Chinchilla y el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, al momento de brindar la conferencia de prensa.

Los diputados y diputadas de la red se valieron de la Asociación Nacional de Productores e industriales de Barros y Colonias de Honduras (ANPIBCH) una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional para estos fines, se informó esta tarde en una conferencia de prensa brindada por el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor y el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla.

“Los diputados y diputadas solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados. Los diputados y diputada implicados en esta red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por L. 3,300,000 (lempiras), el 14 y 21 de diciembre del 2015. En total se trasladó a dicha ONG L. 8, 300,000 (Lempiras)”, es decir, más de 6 millones 685 mil pesos”, según se expuso en un comunicado de prensa.

La UFECIC y la MACCIH, han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibirlos, con lo que se perfeccionó el delito de malversación de caudales públicos, reza el texto.

El comunicado refiere que “esta modalidad delictiva ha drenado el dinero público destinado a proyectos sociales, permitiendo a los diputados y diputadas apropiarse ilegalmente de los recursos del país, a expensas del bienestar colectivo y de los sectores más vulnerables de Honduras”.

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Tres de los cinco diputados son tránsfugas ya que fueron electos bajo las filas del Partido Libertad y Refundación (Libre), siendo éstos: Audelia Rodríguez Rodríguez,  Héctor Enrique Padilla Hernández, que migraron para el Partido Vamos, que fundó el también encausado, Augusto Domingo Cruz Ascencio. En tanto Dennyz Antonio Sánchez Fernández, retornó a las filas de origen, el Partido Liberal y Eleazar Alexander Juárez Saravia, que todavía se mantiene en Libre.

La MACCIH y la UFECIC, no detallaron las razones por las cuales los parlamentarios recibieron los recursos. Sin embargo se ha conocido que los congresistas “vendieron” sus votos para favorecer los proyectos de ley remitidos por el presidente, Juan Hernández.

Para someter a la justicia a los parlamentarios, el Poder Judicial deberá nombrar a un juez natural.