Por: Horacio Verbitsky
Luego de la impresionante demostración de fuerza del viernes 6, Lula se entregó el sábado 7. Cualquiera sea el desenlace del proceso penal en su contra y del propósito de mantenerlo encarcelado por lo menos hasta que se elija un nuevo presidente, importa precisar algunos puntos centrales del itinerario que llevó a la situación actual y de las perspectivas futuras.
Luego de la muerte de Hugo Chávez y de Néstor Kirchner, de la victoria de Maurizio Macrì y de la derrota de Rafael Correa ante su sucesor Lenín Moreno, el dirigente metalúrgico brasileño es el único líder en torno del cual es imaginable la eventual reconstrucción de un eje de poder popular que confronte con la ola neoliberal que comenzó a desplegarse a partir del primer lustro del siglo y no cesó de ganar fuerza desde entonces. Las inminentes elecciones en Venezuela, Colombia, Brasil y México marcan la urgencia de la disputa.
Estados fallidos
Ya en 2002 el gobierno de Estados Unidos ofreció público apoyo al golpe que apartó por 48 horas a Chávez del poder. Documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información por el Center for Economic and Policy Research en Washington, indican que luego de financiar y entrenar a grupos que apoyaron el golpe de Estado, el National Endowment for Democracy (NED) intentó lo mismo a través de un lockout del personal jerárquico de la industria petrolera entre fines de 2002 y principios de 2003, lo cual generó recesión y penuria de divisas.
La crisis haitiana de 2004, que culminó con el derrocamiento del primer presidente electo por el voto popular, el sacerdote y teólogo tercermundista Jean Aristide, fue tomada apenas como un antecedente, por la excepcionalidad del país, el más pobre, el único de población exclusivamente negra y un habitual protectorado de Estados Unidos, que no se privó de desplegar sus tropas con las usuales preocupaciones humanitarias. Pero ya en 2005, junto con el armado de una fuerza de paz de Naciones Unidas que permitió economizar tropas estadounidenses para una ocupación permanente, se desplegó la doctrina de los Estados Fallidos, considerados una amenaza para la seguridad [de Estados Unidos]. La publicación Foreign Policy y la ONG norteamericana Fondo para la Paz elaboraron un ranking de países en riesgo de convertirse en Estados Fallidos, entre ellos Haití, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Guatemala, Paraguay, Perú, Honduras, Ecuador y Cuba. Esa lista reflejaba en parte hechos y en parte aspiraciones de los compiladores que postulaban la necesidad de intervenir para que esos supuestos espacios vacíos no fueran ocupados por el crimen organizado, el caos social o el narcotráfico, algunos de los fantasmas sucedáneos del anacrónico comunismo, que se agitan para justificar el control social.
Decenas de miles de cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks desde las misiones diplomáticas de Estados Unidos en la región describen el apoyo económico y estratégico que recibieron distintos grupos de oposición al chavismo, sobre todo los que procuraron su desestabilización por la violencia, y a las fuerzas que confrontaron con Evo Morales en Bolivia y CFK en la Argentina, en las revueltas paralelas de las patronales agropecuarias en 2008. Ya en 2007, cables de la embajada en La Paz destacan el apoyo a la oposición en la Media Luna, “para reforzar a los gobiernos regionales como contrapeso del gobierno central” (07LAPAZ1167). La agencia de ayuda USAID tiene una Oficina de Iniciativas de Transición (Office of Transition Initiatives, OTI) que aprobó subvenciones por millones de dólares para financiar a los opositores a Chávez y a Evo (08LAPAZ717). Cuando los departamentos de la Media Luna organizaron protestas violentas en las que murieron 20 partidarios del gobierno, Cristina, Michelle Bachelet y Lula sostuvieron al gobierno de Morales, mientras Estados Unidos mantenía una comunicación regular con los líderes del movimiento violento, separatista y racista que se proponía “volar por los aires los conductos de gas” y considerar la “violencia como posibilidad para forzar al gobierno” (08LAPAZ1931). Incluso el cable 08LAPAZ2083_a menciona que un Comité de Acciones de Emergencia y el Equipo de Evaluación Situacional del Comando Sur “desarrollaran un plan de respuesta inmediata en caso de emergencia inesperada, por ejemplo, un intento de golpe de Estado o la muerte del presidente Morales”. En agosto de 2008 el asesor en política internacional de Macrì, Diego Guelar (actual embajador en China) le dijo a un asesor del Congreso de Estados Unidos que “este gobierno no durará 60 días”. Macrì había dicho lo contrario. El reformateado ABC con Cristina, Lula y Bachelet equilibró las fuerzas en la región. En 2009, durante la campaña por la reelección de Evo, se estableció que terratenientes y empresarios de Santa Cruz de la Sierra habían reclutado a mercenarios centroeuropeos y carapintadas argentinos, (entre ellos el coronel seineldista Luis Enrique Baraldini) para actuar como fuerza de choque y comando asesino.
Estados Unidos aprestó su IV Flota, mientras su instrumento de propaganda radial, la Voice of America, expandió sus transmisiones hacia países “cuyos líderes son críticos estridentes de Estados Unidos”, según la calificación del Washington Post en 2009. La nota de Juan O. Tamayo mencionaba a Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Ese año se produjo un golpe en Honduras contra el presidente Mel Zelaya, que procuraba ser reelecto. Lo dio el Ejército y lo bendijo el cardenal Rodríguez Maradiaga, a quien el Papa Francisco elegiría cuatro años después como su principal colaborador. Se dio en Honduras una confluencia de factores que merece atención: la Corte Suprema destituyó al presidente bajo cargos de traición a la patria, la Iglesia Católica lo justificó, los militares lo extrajeron en pijamas de la residencia presidencial y lo condujeron a la base estadounidense de Palmerola, donde dos décadas antes la CIA había organizado la Contra nicaragüense. Desde allí fue deportado. En todas esas crisis, Lula, Cristina y sus colaboradores Marco Aurelio García y Jorge Taiana se mantuvieron en contacto, con clara comprensión de que no hay países pequeños e irrelevantes y que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.
El rediseño del mapa regional continuó en 2012 con la deposición de Fernando Lugo de la presidencia paraguaya, en un juicio político exprés pretextando la masacre de 17 campesinos practicada por hacendados en Curuguaty, en la que el obispo-presidente no tuvo responsabilidad alguna. Paraguay fue suspendido como miembro del Mercosur hasta que no fue electo un nuevo gobierno.
Sin menospreciar la continuación en el gobierno de Evo Morales, pese a la disminución de su popularidad; las ilusiones en torno de Andrés López Obrador y la resiliencia de Nicolás Maduro no obstante las dificultades terribles que enfrenta, Brasil es sin disputa el país más importante de Sudamérica y sólo faltan seis meses para sus elecciones, sólo precedidas por las de Colombia y Venezuela en mayo y México en julio. Además, el proceso brasileño no sólo pone en disputa la orientación del gobierno sino la continuidad misma del proceso democrático, del mismo modo que la Alianza Cambiemos no intenta retrotraer a la Argentina al prekirchnerismo sino a 75 años atrás, cuando la oligarquía se aprestaba a consagrar como candidato y presidente a Robustiano Patrón Costas.
El proceso brasileño deja lecciones de valor general. La ex presidente Dilma Rousseff fue destituida por juicio político en septiembre de 2016. Durante el impeachment quedó demostrado que no había cometido ningún delito de corrupción, como sí lo hicieron sus principales acusadores. De los 61 senadores que votaron por la destitución, 47 estaban bajo proceso judicial y 15 ya habían sido condenados. Nunca antes el Tribunal de Cuentas había considerado irregular el dictado de decretos para reasignar recursos presupuestarios (como hacen todos los gobiernos del mundo, incluido el de Macrì en la misma semana de la destitución de Dilma) ni objetado la postergación de compromisos asumidos por el Estado bajo una forma de maquillaje fiscal que aquí podría traducirse como patear hacia adelante. También se violentó el principio de no discriminación por razones políticas, puesto que no se aplicó similar proceso a su sucesor, el actual presidente Michel Temer, quien fue denunciado por los mismos hechos. En cuanto se votó la destitución, el Congreso sancionó la ley 13.332/16, que en forma expresa legitima la práctica por la que fue sancionada la ex presidente, que no era ilícita ni lo sería después. Más que los hechos, importa su interpretación a través de los principales medios.
Fue una muestra más de la posverdad, que es el nombre de la mentira por medios tecnológicos sofisticados, como ya había ocurrido en la Argentina durante la campaña porteña de 2011 contra el candidato Daniel Filmus, a quien el propagandista de PRO Jaime Durán Barba endilgó una relación inexistente con Sergio Shoklender pero no por medio de la afirmación abierta de una fuente conocida sino en forma insidiosa y anónima: una encuesta telefónica automatizada preguntaba si sabía que el padre del opositor kirchnerista a la reelección de Macrì, el arquitecto Salomón Filmus, trabajó en la construcción de viviendas sociales de las Madres de Plaza de Mayo. Cualquiera fuera la respuesta, la repregunta era si, sabiéndolo, igual votarían al hijo. El detalle es que Salomón Filmus era un jubilado de 88 años que no terminó sus estudios secundarios y que nunca se dedicó a la construcción. La justicia federal probó la participación en el fraude del consultor ecuatoriano y lo procesó, pero Germán Garavano logró que la causa pasara a la amistosa justicia porteña, donde la investigación se estancó. El procedimiento se repitió en la elección de 2015, con la falaz vinculación de Aníbal Fernández con un triple crimen y el comercio de sustancias psicotrópicas ilegales; con las fabricaciones sobre la muerte del ex fiscal Natalio A. Nisman, las movilizaciones callejeras impulsadas por Patricia Bullrich y Waldo Wolff con ese motivo; una falsa cuenta de Máximo Kirchner en un banco de Estados Unidos, de la que el operador de Clarín Daniel Santoro no se retractó ni ofreció explicaciones, no obstante la desmentida oficial del gobierno estadounidense.
La Argentina fue pionera en esos experimentos, que se repitieron en otros procesos electorales. En vísperas del plebiscito de febrero de 2016 para decidir si Evo podría ser nuevamente candidato en Bolivia, se afirmó que tenía un hijo secreto y había pagado con negocios públicos a su amante, cosa que luego de su derrota se demostró falsa. En Gran Bretaña en junio de 2016 se asoció la pertenencia a Europa con la crisis social y en Estados Unidos Donald Trump llegó a las elecciones de noviembre de ese año con una fulgurante campaña de insultos y descalificaciones, que incluyó a cualquiera que aportara un dato crítico sobre el candidato, ya fuera opositor o periodista. En esta edición, Adrián Paenza da un ejemplo impresionante de estas maniobras. El mes pasado se reveló la relación del presidente Macrì y de su jefe de gabinete Marcos Peña con Cambridge Analytica (la empresa de manipulación electoral puesta en evidencia con una cámara oculta por un canal de televisión de Londres) y sus representantes locales. Ahora, el principal candidato opositor de México ha debido desmentir que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador, fuera nieta del jefe de la Gestapo nazi Heinrich Müller, como circuló en Facebook. En realidad el abuelo fue el violinista, acuarelista y fotógrafo Adolfo Müller. Hay que ser muy ingenuo para no advertir una pauta común que se repite de sur a norte e incluye asesinatos selectivos (como el de la concejal brasileña Marielle Franco o la dirigente social ecuatoriana Gavis Moreno, del colectivo Mujeres de Asfalto). En la Argentina los pueblos originarios están en la mira.
Pregunto yo
La destitución de Dilma, consecuencia de la debilidad política de un gobierno que desmovilizó a todas las fuerzas que le daban sustento, practicando la misma política de ajuste que había denunciado en la campaña electoral, fue sólo la primera fase de una ofensiva, cuya meta era impedir que Lula volviera al gobierno en la próxima elección. En mayo de 2017 Sergio Moro, aclamado en toda la región como el justiciero imprescindible, citó a Lula a declaración indagatoria por cargos de corrupción que permitieran encarcelarlo, proscribir su candidatura o, al menos, enchastrarlo de modo de mellar su popularidad. La indagatoria duró cinco horas. La mejor crónica que leí en la Argentina la escribió Bruno Bimbi, para el cable del Grupo Clarín, TN, de donde transcribo.
—¿El departamento es suyo?
—No.
—¿Seguro?
—Seguro.
—¿Entonces no es suyo?
—No.
—¿Ni un poquito?
—No.
—¿O sea que usted niega que sea suyo?.
—Lo niego.
—¿Y cuando lo compró?
—Nunca.
—¿Y cuánto le costó?
—Nada.
—¿Y desde cuándo lo tiene?
—Desde nunca.
—¿O sea que no es suyo?
—No.
—¿Está seguro?
—Lo estoy.
—Y, dígame: ¿por qué eligió ese departamento y no otro?
—No lo elegí.
—¿Lo eligió su mujer?
—No.
—¿Quién lo eligió?
—Nadie
—¿Y entonces por qué lo compró?
—No lo compré.
—Se lo regalaron…
—No.
—¿Y cómo lo consiguió?
—No es mío.
—¿Niega que sea suyo?
—Ya se lo dije.
—Responda la pregunta.
—Ya la respondí.
—¿Lo niega?
—Lo niego.
—O sea que no es suyo….
—No.
Cuando Lula le preguntaba si tenía algún documento, el juez cambiaba de tema. Salvo una vez, cuando le exhibió un contrato. Lula preguntó:
—¿Quién firmó este contrato?
—Nadie, no tiene firma, está en blanco.
—Entonces puede guardárselo — dijo Lula.
—Según la policía, la firma fue borrada.
—¿La policía descubrió quién la borró?
—No.
—Cuando lo descubran, por favor cuénteme, porque me gustaría saberlo.
—¿Usted aprobó las obras en su departamento?
—El departamento no es mío y no sé de ninguna obra.
—¿Usted no había visto el plano de las obras antes de autorizarlas?
—Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado; ¿o tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo?
En ese interminable diálogo circular, Moro inquirió si Lula estuvo interesado en comprar el departamento. Lula lo negó.
—¿Pero lo visitó?
—Si.
—¿Por qué?
—Porque me lo querían vender.
—¿Lo compró?
—No.
—¿Pero es suyo?
—No.
—Por eso le pregunto.
—Ya le respondí.
Lula admitió que su esposa había pensado comprarlo como inversión pero que él no estaba de acuerdo porque como figura pública nunca podría bajar a la playa. El juez también intentó vincularlo con varios procesados o detenidos por corrupción, preguntándole por algo que uno habría dicho del otro.
—¿Qué me puede decir al respecto?
—Nada: pregúnteles a ellos.
—Pero yo quiero saber su opinión.
—Lo podemos conversar en un café, señor juez. Acá yo no vine para opinar. ¿Tiene alguna pregunta concreta que me involucre?
—Quiero saber su opinión sobre eso.
—No tengo opinión.
—¿Ninguna opinión?
—No.
—¿Y qué opina usted sobre la corrupción?
—Hagamos una cosa, doctor Moro. Organicemos un debate en alguna universidad entre usted y yo para hablar sobre la corrupción, y ahí me pregunta lo que quiera. Pero acá no. Acá vine a ver de qué me acusa y responder sobre eso.
Dos meses después de esa indagatoria, Moro condenó a Lula a nueve años y medio de cárcel como parte de la causa Lava Jato, por corrupción pasiva y lavado de dinero. Sostuvo que el departamento del interrogatorio (un triplex en el edificio Solaris, de Guarujá, en el litoral de São Paulo) era una coima de la empresa constructora OAS para obtener tres contratos con Petrobras, pero no pudo exhibir un solo documento que probara que pertenecía a Lula aunque estuviera inscripto a nombre de la empresa. Como presidente, Lula tendría una responsabilidad objetiva. La Cámara de Apelaciones de Porto Alegre confirmó la condena en enero e incrementó la pena a 12 años y un mes. La apelación que Lula perdió dos veces esta semana no fue sobre el fondo de la cuestión, sino un hábeas corpus para decidir si debía ingresar ya a la cárcel o podría permanecer en libertad hasta que la condena quedara firme. En otro artículo de El Cohete a la Luna, Ernesto López analiza el rol militar en la crisis, presionando a la justicia para que quitara a Lula de en medio.
Mientras la crisis brasileña progresaba hacia su desenlace, el jefe del Comando Sur, almirante Kurt W. Tidd, visitó Chile para analizar políticas de cooperación en seguridad con dirigentes políticos y castrenses, como el ministro de Defensa Alberto Espina, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Arturo Merino Núñez y el del Ejército, general Ricardo Martinez. Su objetivo, según Tidd, es continuar el ya fuerte trabajo conjunto para afianzar la paz, la seguridad y la estabilidad regional.
La cumbre de Lima
Según la segunda cadena de diarios McClatchy de Estados Unidos, el gobierno de Trump está ofreciendo abogados y politólogos para ayudar a los gobiernos latinoamericanos a redactar leyes que faciliten la aplicación de sanciones a funcionarios y empresas de Venezuela, para “forzar el cambio democrático” (sic). Según McClatchy, la Casa Blanca está incrementando la presión sobre sus aliados en Latinoamérica y el Caribe para que actúen en contra de Venezuela, “cuya crisis económica y humanitaria será el tema principal en la Cumbre de las Américas que sesionará en Lima, Perú y que constituirá la primera visita de Trump a la región como presidente”.
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Michael Schifter, presidente del think tank Inter American Dialogue, considera probable que Trump anuncie allí un embargo petrolero contra Venezuela, de cuya eficacia descree y por el contrario teme que no aisle a Maduro sino a Trump. “El gobierno está en una posición política muy fuerte. No critico la decisión de la Unión Europea sobre las sanciones: solo no estoy seguro de lo que van a lograr”, dijo Schifter. La cumbre fue puesta bajo el lema “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. La convocó Pedro Pablo Kuczynski pero la presidirá Martín Vizcarra, porque PPK debió renunciar cuando se difundió un video en el que se proponía un trato ilegal. La idea de centrar la presión sobre Venezuela (cuyo presidente fue desinvitado y cada día se declara menos interesado en asistir), celebrar a Brasil como una democracia madura en la que funcionan las instituciones e ignorar las decenas de miles de muertes provocadas por la política mexicana de drogas hace difícil prever un saldo positivo para una cita que da la espalda a la realidad continental. De Lima, Trump seguirá a Colombia, donde también habrá elecciones, el 27 de mayo, en las que se asignan posibilidades al alcalde progresista de Bogotá, Gustavo Petro.
Un paso atrás
El líder del Movimiento de los Sin Tierra, Joao Pedro Stedile, fue quien anunció el sábado que, luego de la imponente movilización sobre el sindicato metalúrgico paulista, Lula se entregaría a la Policía Federal. Lo encuadró con una retórica más recia que la del Congreso, dentro de “la guerra de clases” de la burguesía y el capital trasnacional, que es “larga como el campeonato de fútbol, se puede perder un partido, empatar o ganar. Tenemos que actuar con sabiduría y con el pueblo, que es nuestra única fuerza. La burguesía usa el Poder Ejecutivo, la Justicia, el Congreso y la red Globo. Nosotros tenemos una sola arma, que es el pueblo, la movilización. El objetivo de ellos es capturar a nuestro líder y sacarlo de las elecciones. Nuestro objetivo es preservarlo para el momento de la batalla final. Tenemos varios recursos judiciales por presentar. Es mejor que se entregue ahora y salga en una semana que se arriesgue a una orden de prisión preventiva que no podría ser apelada durante 80 días, en los que Lula quedaría fuera de la campaña.
Preferimos dar un paso al costado, que se entregue con todas las garantías. Vamos a montar un acampe permanente en Curitiba. En una semana esperamos rescatarlo con nuestro pueblo y reanudar las caravanas por todo el país, continuar el debate sobre un nuevo proyecto de país y culminar con la victoria el 7 de octubre. Esas son las jugadas que nuestra militancia debe entender, que pueden incluir un retroceso para llegar al objetivo, que es la elección de Lula como presidente.
Lula representa la unidad de la clase trabajadora y alrededor de él es posible reconstruir un proyecto de país, que los golpistas están entregando al capital financiero y las empresas multinacionales. Lula es el único líder que puede recuperar un proyecto de nación acorde con los intereses de nuestro pueblo, no por su voluntad, sino porque sintetiza todas las fuerzas populares de la Nación”. Sólo el tiempo dirá si este planteo de Stedile, un líder que ha resistido todo tipo de ataques durante muchos años, no expresa demasiado optimismo, ya que la burguesía conoce mejor que nadie la dimensión del liderazgo al que ha recluido en una celda.