Tegucigalpa.- Para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO por sus siglas en inglés), es cómplice de la conflictividad que ha generado el proyecto Agua Zarca en varias comunidades del departamento de Intibucá.
La organización reaccionó luego que ayer jueves el FMO hiciera público un informe mediante el cual deja entrever que se retira de manera definitiva del proyecto, pero advierte que éste debe continuar por el desarrollo de la zona de influencia del proyecto que ha venido ejecutando la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA).
A raíz del asesinato de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, en marzo pasado, el Banco FMO dijo que si se encontraban indicios de que DESA estaba implicada en este caso, se retiraría de manera definitiva del proyecto.
“Ahora que el Banco FMO anuncia que se retira, nosotros creemos que si han encontrado, que ha habido ilegalidades, que ha habido actos que han generado violencia en la empresa DESA”, expresó el presidente del COPINH, Tomás Gómez.
Tomás Gómez, presidente del Copinh
“Yo digo que lo que está a la vista no necesita lentes o anteojos”, prosiguió el líder comunal, quien responsabilizó al FMO de ser cómplice de la conflictividad que el proyecto ha generado en la zona.
Especificó que en el 2014, Berta Cáceres les envió una carta mediante la cual “les pedía que no apoyarán financieramente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca porque era ilegal, ilegítimo y porque se estaban generando asesinatos, e intentos de asesinatos y amenazas en la comunidad”, pero ellos no tomaron en consideración el escrito.
Ante esa situación, Gómez anunció que el COPINH y las comunidades ancestrales adyacentes al río Gualcarque, adoptarán fuertes acciones contra el Banco FMO, “porque pese a tener conocimiento de lo que estaba pasando firmaron el pacto de cooperación”.
Sobre el informe de expertos internaciones del FMO, elaborado mediante consultas en la zona de influencia al proyecto entre el 23 y 28 de marzo pasado, dijo que es una recopilación de lo que la empresa DESA quiere que se destaque.
“El informe que emitió esta comisión de expertos que contrató el Banco FMO, creemos que es el informe que les pasó la empresa DESA, sin ningún cambio”, acuñó.
Amplió que los expertos internacionales y nacionales que realizaron la visita insitu no recibieron los testimonios de algunos miembros de las comunidades, por lo que ahora el COPINH y las comunidades de Río Blanco, han reiterado su decisión de declarar al río Gualcarque sagrado y libre de congestionamientos y privatizaciones de cualquier tipo, ya sean estos proyectos hidroeléctricos o mineros y luchar hasta que el proyecto salga de manera definitiva.
Sustentado en lo anterior, anunció que el COPINH continuará con sus acciones pacíficas a nivel nacional e internacional por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas porque ha existido violación a la Consulta Libre Previa e Informada, pues no ha habido consentimiento con los pobladores.
Ilustró que como parte de esas acciones, el COPINH ya entabló una demanda judicial contra el exalcalde del municipio de Intibucá, Martiniano Domínguez, porque aprobó el permiso de operación del proyecto sin el debido proceso y contra el subsecretario de la secretaría MiAmbiente, Jonathan Laínez.
Advirtió que las comunidades indígenas han advertido que no descansarán hasta que el proyecto salga de la zona e incluso están dispuestos a ofrendar sus vidas hasta lograr su cometido.
Los miembros del COPINH han declarado sagrado al río Gualcarque.
Adelantó que en los próximos días el COPINH denunciará a la empresa DESA por haber contratado a 20 personas quienes bajo el amedrentamiento han desplazado de la comunidad de Valle de Ángeles a varias familias, que han sido amenazadas que si se siguen oponiendo al proyecto les quemarán sus viviendas.
A juicio del líder social, el informe del FMO criminaliza al COPINH y victimiza a DESA, al tiempo que responsabilizó al gobierno por su complicidad en el asesinato de Berta Cáceres. Gómez insistió que los responsables del asesinato de la lideresa indígena y ambientalista son el gobierno y la empresa DESA.
