Según el abogado que lo representó en una autodemanda, el funcionario contrató nuevos docentes para que le dieran el voto y lo reeligieran como rector.
Entre la deuda principal de más de 97 millones de lempiras, por ajuste salarial a 94 docentes de la UNA y los cerca de 65 millones de lempiras por deuda acumulada, el Estado de Honduras erogó cerca de 162 millones de lempiras.
El apoderado legal, Guillermo Escobar Montalván, se agenció 5 millones de lempiras en calidad de honorarios, menos el 12.5% de impuesto sobre la renta.
Escoto Valerio ganó 1 millón 438 mil 730 lempiras con 92 centavos, más un jugoso ajuste salarial de más de 42 mil lempiras mensuales a partir de 1 de junio de 2011.
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-Guillermo Escobar Montalván apoderado legal del secretario de Educación y rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Marlon Escoto Valerio, registró un hecho histórico en Honduras al desnudar las oscuras intenciones de su propio cliente y funcionario a quien le promovió una millonaria autodemanda.
La acción de Escobar Montalván deja estupefacto a cualquiera que de lectura al acta mediante la cual entabló una autodemanda por 97 millones de lempiras en contra de la Universidad de Agricultura, promovida por el rector de ese centro de estudios del nivel superior y otros 93 docentes, ante el juzgado de letras seccional de Catacamas, departamento de Olancho, el 4 de marzo del año 2013.
CRITERIO ha tenido acceso a la documentación de la autodemanda y ha elaborado una relación de los hechos que a continuación presentamos:
En una de las tantas exposiciones dirigidas ante el juez, el apoderado legal señala que su representado en vez de pagar la deuda contraída por la UNA con los demandantes, contrató nuevos docentes para que lo favorecieran con el voto para reelegirse en el cargo.
“Quiere desviar los fondos para contratar nuevos docentes para que al momento de elegir a un nuevo rector sea reelecto en el cargo por los votos de los nuevos docentes, que sin lugar a dudas se verían comprometidos con él a darle su voto y es por esa razón que promuevo la presente demanda ejecutiva de pago”, expuso el apoderado legal en el escrito.
El profesional de las ciencias jurídicas apunta que a Escoto Valerio no le importó la obligación contraída con los docentes y que la misma se siguiera incrementando y se violaran los derechos laborales reconocidos y otorgados por el mismo Gobierno de la República, “en un claro abuso de autoridad y violentando lo establecido en el artículo 30 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el período fiscal 2013”.
En un intento por persuadir al juez, el abogado cuestionó que si la secretaría de Finanzas había asignado los fondos para efectuar el pago, y su demandado ejecutante (Escoto Valerio) no lo había ejecutado, «es porque en el mes de junio del presente año ( 2013) se vence el segundo período por el cual fue electo el señor rector y hoy el demandado ejecutado PDh. Marlon Oniel Escoto Valerio, en vez de pagar la deuda, quiere desviar los fondos contratando nuevos docentes de una manera irresponsable».
Argumentos de la autodemanda
La demanda promovida por Escoto Valerio y los 93 docentes de la UNA, fue promovida por supuesta deuda acumulada de pago de salarios no percibidos desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011, de acuerdo al decreto ejecutivo número STSS-34-2008 y los artículos 3 y 4 de decreto legislativo 192-2001.
Como parte toral de la demanda, los peticionarios requirieron la ejecución del pago, el decreto de embargo por la cantidad líquida de 97 millones 240 mil 710 lempiras con 45 centavos de lempiras, más los intereses legales calculados sobre la cantidad líquida reclamada del 6 por ciento anual.
En la lista de «poderdantes», iniciada por Alba Julia Muñoz Torres, Alex René Dubón, Ana Mireya Suazo Suazo, Arlin Daner Lobo Medina, Belia María Suazo Martínez, Benito Esaú Pereira Sabillón, entre otros, figura el nombre del rector y ministro Marlon Oniel Escoto Valerio quien ocupa la posición número 58 en un listado de 94 docentes.
La demanda fue promovida por supuesta deuda acumulada de pago de salarios no percibidos a 94 docentes, incluído el rector y secretario de Educación, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011, de acuerdo al decreto ejecutivo número STSS-34-2008 y los artículos 3 y 4 de decreto legislativo 192-2001.
Mientras en los tribunales de justicia, la demanda por incumplimiento salarial a este tiempo ha sido resuelta a favor del rector Marlon Escoto junto a 93 docentes más, estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura, UNA, viven en «condiciones infrahumanas», según la Comisión de Educación del Congreso Nacional.
El apoderado legal sugirió ante el juez que el pago de los más de 97 millones pudiera realizarse en la oficina de la rectoría de la UNA o en el despacho de la secretaría de Estado en los despachos de Educación, ya que «también es de público conocimiento (Marlon Oniel Escoto Valerio) se desempeña como ministro de esa secretaría de Estado en la ciudad de Tegucigalpa».
La cantidad demandada y de la cual también se solicitó ‘embargue’, fue establecida mediante resolución administrativa RECTORIA No.-CDU-025-2011 de fecha 13 de junio de 2011, emitida por la rectoría universitaria y autorizada por el «Honorable Consejo Directivo» de la UNA.
¿Cuánto percibió y cómo se benefició Marlon Escoto con la autodemanda?
Tal resolución incluye un primer cuadro correspondiente a los salarios no percibidos por el personal de UNA que se adeuda entre el 1 de enero de 2009 al 31 de mayo de 2011, donde el rector y ministro Escoto Valerio, con identidad 0713-1976-00060 percibió en el 2009, la cantidad de 660 mil 37 lempiras con 50 centavos; en 2010, 493 mil 953 con 94 centavos; y 284 mil 739 lempiras con 48 centavos, totalizando 1 millón 438 mil 730 lempiras con 92 centavos; esto con la finalidad de «considerar el impacto de la nivelación salarial» que debía cobrar vigencia desde enero de 2012.
En un segundo cuadro, relacionaba lo «pertinente a los valores que se adeudaban del ajuste salarial para cada docente con base al arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas de Honduras», donde igualmente se describía el salario base mensual de 2011, mas la cantidad a que se debía nivelar dicho salario a partir del primero de junio del 2011.
En el caso de Marlon Escoto, cuyo grado académico es doctorado, percibía en ese mismo año, un salario mensual de 52 mil 503 lempiras con 41 centavos, una nivelación salarial de 42 mil 849 lempiras con 79 centavos para coronar la suma de 95 mil 353 lempiras con 20 centavos como «salario ajustado».
En la relación de hechos, Escobar Montalván, mencionaba también haber solicitado a la secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG, «se hiciera la transferencia para cumplir con la deuda acumulada desde el 1 de enero de 2009 al 31 de mayo de 2011».
Entre tanto, el secretario general de la SAG, Salvador Polanco Sosa, habría decidido el 26 de julio de 2011, «trasladar la solicitud de los 94 demandantes, incluído Escoto Valerio, a la secretaría de Finanzas para la ubicación de los fondos necesarios y cumplir con la obligación presupuestaria en cuestión.
En el 2011, fungía como secretario en la cartera de Finanzas, William Chong Wong y es hasta el 9 de agosto de 2012, que mediante dictamen legal número AL128-2012, el departamento de Asesoría Legal de Finanzas, declara ‘parcialmente’ con lugar la solicitud presentada por Escobar Montalván.
El representante legal de Marlon Escoto y de sus 93 compañeros de labor, en su relación de hechos numero 9, le describía al juez conocedor de su pretensión, cómo el «demandado ejecutado» rector y ministro Escoto Valerio, mediante nota de fecha 30 de agosto de 2012 solicitó la ampliación presupuestaria para, según él, dar cumplimiento a la resolución de Rectoría recién referida.
Dedujo Escobar en su exposición ante autoridad judicial, que la ampliación presupuestaria siendo potestad del Congreso Nacional, tuvo que esperar la aprobación para el ejercicio fiscal 2013 en función de pagar la deuda contraída con sus poderdantes, dentro de los que estaba el «demandado ejecutado Marlon Oniel Escoto Valerio».
Para cumplir la autodemanda la secretaría de Finanzas aumentó presupuesto de la Universidad
En el año 2013, dentro del Presupuesto General de la República, se le asignó la cantidad de 308 millones 44 mil 790 lempiras exactos, es decir, en ese año el presupuesto asignado a la UNA, experimentó un aumento de 135 millones 749 mil lempiras, para supuestamente cubrir la cantidad reclamada por los interesados, según el planteamiento de Escobar Montalván.
Por otro lado, en nota remitida por el juzgado de letras seccional con sede en Catacamas, del pasado 2 de enero de 2016 al rector de la UNA, Oscar Ovidio Redondo Flores, le ordena dar cumplimiento con lo concertado en el acuerdo extrajudicial conciliatorio suscrito el 10 de diciembre de 2015.
Este acuerdo, igualmente fue ‘concertado’ entre autoridades de la UNA y los 94 demandantes en audiencia celebrada ante el mismo órgano jurisdiccional en fecha 14 de diciembre del 2015, deuda acumulada desde el 2 de marzo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015″.
Para diciembre de 2015, la deuda acumulada en referencia, ascendía a 64 millones 508 mil 402 lempiras con 43 centavos, pago que debería efectuarse el pasado 20 de febrero del 2016.
Apoderado legal se agenció 34.5 millones
De esos cerca de 65 millones de lempiras, instruía el juzgado de letras olanchano, «se deberá deducir el correspondiente 35 por ciento en concepto de honorarios profesionales a favor del abogado Guillermo Antonio Escobar Montalván y el 12.5 por ciento de impuesto sobre la renta a favor del Estado de Honduras».
Esa deducción a favor de Escobar Montalván, tenía que hacerse antes del 20 de febrero del presente año y el saldo pendiente, es decir, 34 millones 508 mil 402 lempiras con 43 centavos, igualmente se tenía que saldar a favor de Marlon Escoto y sus 93 compañeros de labor antes del 1 de junio de 2016, cuando concluiría el período académico.
También en la misma fecha, el juzgado de letras olanchano, autorizó la deducción sobre la cantidad de 35 millones de lempiras exactos presupuestados por Finanzas correspondientes al ejercicio fiscal del año por concluir, asignados a la UNA en el renglón de sueldos básicos y sentencias judiciales para efectuar «el pago de la nivelación salarial a favor de los ejecutantes» con la advertencia que debería aplicarse a partir del 1 de enero de 2016.
De nuevo, se enfatizaba el pago del 35 por ciento para cancelarle la asesoría legal a Guillermo Escobar, abogado demandante ejecutante, representante legal de Marlon Escoto y 93 empleados más de la universidad agrícola.
Finalmente, la secretaría del mismo Juzgado de Letras de Catacamas, califica de ‘homologación judicial» lo que se traduce en «cosa juzgada» a otro arreglo judicial resultante de una ampliación de demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial, promovida por Escobar Montalván.
Tal momento procesal, arguyó el abogado demandante, fue interpuesto por el vencimiento de un nuevo plazo de la obligación principal, es decir por el pago de los más de 97 millones de lempiras requeridos, monto que parcialmente se pagó el 31 de mayo de 2012.
Para Escobar Montalván, la UNA había incumplido el acuerdo conciliatorio inicial y la deuda entre el 31 de mayo de 2012 y 31 de diciembre de 2015, ascendía a 85 millones 846 mil 501 lempiras con 75 centavos.
Posteriormente, el 3 de julio de 2015 el mismo juzgado de letras de Catacamas, resolvió «mantener en suspenso y emitir resolución respecto a la pretensión de ampliación de la demanda de ejecución forzosa» tras que las partes litigantes, llegaran a un acuerdo extrajudicial.
La UNA, para la contratación de ingenieros agrónomos considera lo establecido por el arancel del profesional de las Ciencias Agrícolas, igualmente afiliados al Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas, COLPROCA, y del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras, CIAH.
La documentación en poder de CRITERIO, concluye que las pretensiones de 94 empleados de la UNA, el 35 por ciento para cubrir los honorarios profesionales del apoderado legal de los mismos, Guillermo Escobar y la indenfención a la que se ha expuesto esta universidad agrícola, ha sido dirimido extrajudicialmente, sin perjuicio alguno contra los demandantes.
Entre la deuda principal de más de 97 millones de lempiras por ajuste salarial a 94 docentes de la UNA y los cerca de 65 millones de lempiras por deuda acumulada, el Estado de Honduras erogó cerca de 162 millones de lempiras, de los que un 35 por ciento fue para cancelar la asesoría legal de Guillermo Escobar Montalván, menos el 12.5 por ciento en concepto de impuesto sobre rentas.
Sin embargo el mayor impacto financiero de la autodemanda lo representan los jugosos ajustes salariales de los 94 demandantes a partir del 1 de junio de 2011. Para el caso Marlon Escoto Valerio pasó a ganar 95 mil 353 lempiras con 20 centavos, después de percibir un salario mensual de 52 mil 503 lempiras con 41 centavos, tras lograr un ajuste de 42 mil 849 lempiras con 79 centavos.