EEUU cancela visa a varios involucrados en el caso «Arca Abierta»

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

La embajada de los Estados Unidos en Honduras les notificó por correo electrónico a los diputados Welsy Vásquez, Gladis Aurora López, Milton Puerto y Gustavo Pérez, que su visa ha sido suspendida

Iguales notificaciones recibieron los demás implicados en el caso de corrupción que la MACCIH bautizó como “Arca Abierta”

Estados Unidos les canceló las visas a los nueve involucrados en el escándalo de corrupción Arca Abierta, entre los cuales hay cuatro diputados y dos exdiputados, informó una fuente vinculada al Congreso Nacional.

Otros involucrados a quienes se les canceló su visa son los representantes de la Asociación Planeta Verde: Geovanny Castellanos Deras, Gregorio González Rivera y Allan San Martín Vallejo.

También los ex diputados Fabricio Puerto y José Alejandro Flores.

La comunicación habría sido recibida por los encausados, el mismo día que la justicia de Honduras les dictó auto de formal procesamiento, es decir, el viernes anterior.

El caso denominado Arca Abierta es una investigación realizada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC).

 La misma establece que los 21 acusados malversaron fondos del Estado al depositar 21.1 millones de lempiras ($ 879 mil) en una cuenta bancaria a nombre de la Organización No Gubernamental “Asociación Planeta Verde”.

El dinero procedía de Casa Presidencial (L. 2 millones), del Congreso Nacional (L. 3 millones) y de la Secretaría de Finanzas (L. 16.1 millones).

La información proporcionada por la MACCIH da cuenta que los fondos se trasladaron a las cuentas de diputados propietarios y suplentes, al igual que sus familiares y terceras personas.

Decisión Trascendental

Por: Edmundo Orellana

El Juez de la causa conocida como “Arca Abierta” profirió una decisión sobre lo solicitado por la defensa que ha provocado reacciones, casi todas de incredulidad, porque se sale del molde tradicional del Poder Judicial.

La petición de la defensa se contrae a que sus defendidos sean favorecidos por la reforma a las leyes de presupuesto, por la que se suspenden por tres años las competencias para investigar y acusar del MP y la potestad de juzgar de los tribunales de la República, hasta que el TSC presente sus informes respectivos de la auditoría sobre el uso de los recursos del Fondo Social Departamental entregados a los diputados y Ong desde el 2006.

La decisión del Juez consiste en declarar que la ley invocada para resolver la petición es, a su juicio, inconstitucional y, por consiguiente, no puede continuar conociendo de la misma mientras no se pronuncie el órgano competente para juzgar la constitucionalidad de esa ley. Ese órgano es la Sala de lo Constitucional, a la que compete originaria y exclusivamente la potestad de declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las leyes, con efectos derogatorios.

No es cualquier decisión. Es, en el ámbito de la justicia hondureña, la primera vez, entiendo, que un tribunal decide recurrir a la facultad que, desde 1957, se le reconoce al juez cuando repara que la ley en la que debe fundar su decisión, incidental o definitiva, es, a su juicio, inconstitucional. Esta facultad consiste en pedir que se declare inconstitucional la ley en cuestión al órgano competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

Antes de 1957, el juez tenía una potestad que, sin embargo, podía colocarlo en posición de sujeto pasivo de sanciones. Desde la Constitución de 1894 y hasta la de 1936, se concedía a los tribunales la competencia siguiente: «a ellos corresponde la aplicación de las leyes en casos concretos que legalmente se sometan a su conocimiento y negarles cumplimiento cuando sean contrarias a la constitución». Sin embargo, la ley no ofrecía al Juez el procedimiento para desaplicarla sin transgredir la ley, tornando ilusoria la inaplicabilidad. En la vigente, en cambio, encontramos el mandato siguiente: “En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”. Ambos casos se refieren al mismo supuesto, con la diferencia de que, por virtud de la Constitución vigente, el Juez puede desaplicar la ley, sin riesgo para él, solicitando de oficio, cuando estime que la ley aplicable es inconstitucional, la declaratoria de inconstitucionalidad al órgano competente.

Esta decisión también entraña un conflicto. Es el cuestionamiento ilustrado de un juez en contra de una decisión adoptada por el Congreso Nacional, cuya naturaleza política imprime este carácter a sus decisiones, lo que, eventualmente, puede llevarlo a contravenir la esencia misma del Estado de Derecho. Para evitarlo están los jueces constitucionales cuyas decisiones enfrentan directamente el Derecho con la Política, que, de hecho, se traduce en un conflicto entre Poderes; del resultado de este conflicto, se define el Estado. Si se impone el Derecho, el Estado es, inequívocamente, un Estado de Derecho. Y quien zanja este conflicto es la jurisdicción constitucional.

El Juez actuó siguiendo sus convicciones de jurista ilustrado y amparado en lo que la Constitución prescribe. Sus argumentos, que desconozco, seguramente han sido planteados con la contundencia derivada de su experiencia y profesionalismo, producto de su extensa y fructífera carrera judicial, los que la Sala de lo Constitucional está obligada a evaluar con objetividad y con apego irrestricto a la dogmática jurídica y al ordenamiento jurídico.

Nota relacionada Ninguno de los sindicados en el “Arca Abierta” irá a la cárcel

Esta petición oficiosa del Juez que conoce la causa no es una más de las que recibe la Sala. Hasta ahora, las acciones recibidas han sido interesadas, unas de quienes defienden, otras de quienes exigen castigo. Esta petición la anima el ideal del Juez por lograr que la norma debe ser lo más próximo a lo que se entiende por justicia para evitar que su aplicación constituya una arbitrariedad. Es el mecanismo perfecto que tiene el Juez para depurar, usando un vocablo de moda, el ordenamiento jurídico.

Si se declara inconstitucional la reforma citada, la competencia constitucional del TSC no sufre menoscabo alguno, porque podrá seguir con su auditoría sobre esos fondos, ininterrumpidamente. La diferencia es que el MP y el Poder Judicial recuperan sus competencias constitucionales, arbitrariamente conculcadas mediante esa reforma. ¡Poca cosa!

¿Y Ud. que opina, distinguido lector?

Ninguno de los sindicados en el «Arca Abierta» irá a la cárcel

Juez natural designado dicta medidas sustitutivas de prohibición de salir del país y presentación periódica a todos los imputados en caso denominado “Arca Abierta»

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa: El Juez Natural Designado para conocer la etapa Preparatoria e Intermedia del Proceso del expediente denominado «Arca Abierta» en el cual fueron imputados por el Ministerio Público 21 ciudadanos, resolvió este día en Audiencia de Declaración de Imputado, dictar medidas sustitutivas a la detención a todos los imputados en el caso conocido como «Arca Abierta» por lo que ninguno irá a la cárcel.

El Ministerio Público señala a los encausados la presunta comisión del delito de Malversación de Caudales Públicos, doce de ellos a título de autor y nueve a título de cómplices de este delito cometido presuntamente entre los meses de agosto y noviembre del año 2015 cuando se expidieron cheques con los que se afectaron fondos de Casa Presidencial, del C0ngreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas.

Los acusados por la Fiscalía son los diputados Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Vásquez López y Milton de Jesús Puerto.

Asimismo, fueron acusados los ex congresistas Cartas Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez Rodríguez, Fabricio Puerto Oseguera, Oscar Arturo Álvarez Guerrero, Hernán Enrique Vindel Monea y el recientemente fallecido Edwin Roberto Pavón León.

En el Expediente 1o2-2038 presentado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), el pasado de diciembre igualmente se acusa a los ciudadanos:  Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, José Alejandro Flores Zúniga, Yajaira Lisbeth Talbbot Villatoro, Indira Virginia Osorio Reyes, Gregorio Alberto González Rivera, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martín Vallejo.

 El Ministerio Público supone el involucramiento de todos los anteriores en hechos que, supuestamente condujeron a malversar 21,1 millones de lempiras a través de la Asociación No Gubernamental «Planeta Verde» mediante la cual se habrían realizado obras y proyectos sociales, que a juicio de la Fiscalía nunca se ejecutaron. ‘mego de leer los derechos que asisten a los imputados en el transcurso del proceso, el Juez consultó a cada uno de ellos sus genera. de ley y su voluntad de rendir declaración en esta audiencia.

Todos manifestaron expresamente su negativa a rendir declaración en uso del derecho constitucional que les asiste. El Ministerio Público como ente acusador ratificó el Requerimiento Fiscal por el Delito de Malversación de Caudales Público en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, asimismo solicitó la detención judicial y la suspensión en el ejercicio de su cargo, lo que fue por considerar que dichas medidas son desproporcionadas en lo que a otra etapa procesal refiere. La Audiencia Inicial fue programada para el día martes 22 de enero a las 9.00 de la mañana en la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.

Nota relacionada JOH autorizó transferencias de fondos saqueados por diputados y familiares en caso “Arca Abierta”

El artículo 370 del Código Penal señala una pena de 6 a 12 años de reclusión por la comisión de este delito cuando la cantidad malversada supera los mil lempiras más la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.

El Código Penal establece asimismo que lo dispuesto en este mimo articulo sería aplicable también a los directivos de sindicatos, empresas asociativas campesinas, cooperativas, patronatos, asociaciones de beneficencia o deportivas y, en general, a todas las demás entidades civiles análogas.