Ministerio Público pide apertura de juicio contra exalcalde de Intibucá por caso «Agua Zarca»

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Ministerio Público (MP) pidió este lunes apertura de juicio contra el exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez Meza, por el supuesto involucramiento en el caso de “Agua Zarca”.

La solicitud se hizo a través de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, quien evacuó la audiencia preliminar contra el ex edil (2010-2014) por sus nexos con el sonado caso que venía siendo denunciado por extinta lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres.

El 14 de septiembre pasado, a Domínguez Meza, se le decretó auto de formal procesamiento por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad, al haber otorgado de manera irregular el permiso municipal para la realización del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado sobre el Río Gualcarque, territorio del pueblo indígena Lenca y centro de lucha de la ambientalista Berta Cáceres.

En esta causa, el Ministerio Público sostiene que el ex alcalde contravino lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que obliga al Estado y a sus autoridades a realizar un proceso de consulta libre, previa e informando a las comunidades indígenas sobre el otorgamiento de concesiones que afecten los recursos naturales existentes en sus territorios.

Tras la celebración de dicha audiencia preliminar, que comenzó a las 10:00 de la mañana de este día, se espera que un juez primero de Letras departamental de Intibucá eleve el caso a juicio oral y público en el término de tres días hábiles. 

Por el caso “Agua Zarca”, también enfrentan proceso penal los ex viceministros de Recursos Naturales y Ambiente, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Darío Roberto Cardona Valle, contra quienes ya se ha dictado auto de formal procesamiento.

Copinh y familia van por JOH, diputados y Rigoberto Cuellar en caso de Agua Zarca y muerte de Berta Cáceres

 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Aunque se manifestaron alegres por la resolución dictada contra Darío Roberto Cardona que lo envía a la cárcel, los familiares de Berta Cáceres y los miembros del Consejo Coordinador de Organizaciones Indígenas y Populares (COPINH), señalaron que no cesarán en su lucha hasta que caiga las grandes figuras que hoy están en el gobierno.

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Tomás Gómez,  coordinador del Copinh Señaló que en la aprobación de estos proyectos de Agua Zarca y Aurora II están involucrados varios personajes de varias instituciones y ellos pedirán la cabeza del Fiscal General Adjunto Rigoberto Cuellar, de todos los diputados que aprobaron los proyectos en el gobierno anterior, incluyendo a Juan Hernández que era el presidente del Congreso nacional.

Gómez agregó que,  quien dio la orden para aprobar el proyecto de Agua Zarca fue Rigoberto Cuellar, pero en esto está involucrados los diputados del Congreso anterior porque aprobaron el proyecto en el seno del poder legislativo y en esa aprobación también participó el presidente Juan Hernández, como presidente de ese poder y “también vamos a iniciar una querella contra él”, dijo el líder lenca.

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Por su parte, Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, manifestó que ellas reciben la noticia del encarcelamiento de Cardona con satisfacción porque han impulsado una lucha muy difícil y esto solo es un pequeño fruto del sacrificio iniciado por su madre al brindar su vida por defender los ríos y los recursos de los pueblos originarios.

Recalcó que hay un sentimiento de alegría porque comienza a evidenciarse la ilegalidad bajo la cual se está construyendo el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca que sigue siendo una amenaza para las comunidades porque tienen todas las intenciones de reactivarlo.

Zúniga Cáceres, señaló que el auto de formal procesamiento contra Darío Cardona demuestras que no hubo consulta previa e informada como pretende hacerlo ver el banco holandés FMO que es quien está financiando ese proyecto.

La hija de Berta, señaló que este pequeño triunfo de la justicia es debido al enorme trabajo de presión que realizan con el Copinh  y organizaciones amigas, además hoy se realiza la Cumbre de los pueblos en contra del extractivismo y también la reunión del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).

 

Envían a la cárcel a exviceministro de la Serna, Roberto Dario Cardona

Por: Redacción CRITERIO 

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Tegucigalpa.- Por haber ampliado irregularmente la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, sobre el Río Gualcarque, en el territorio del pueblo indígena Lenca, un juez determinó este lunes dictar auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra el elviceminsitro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna),  Dario Roberto Cardona.

La acción judicial se originó de acuerdo a los cargos presentados por la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, que fundamentó la acusación por la violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que manda a los estados miembros a implementar  una consulta previa, libre e informada, para ejecutar cualquier tipo de proyectos de explotación de los recursos naturales en los territorios ancestrales.

Cardona fue enviado a prisión luego de una kilométrica audiencia inicial, que comenzó el pasado viernes y se extendió hasta el día sábado. El Ministerio Público sustentó los criterios fácticos establecidos en el requerimiento fiscal del 11 de octubre anterior, donde se atribuye al encausado el delito de abuso de autoridad.

Según las investigaciones, en el año 2013, Cardona aprobó una modificación al licenciamiento de “Agua Zarca” a favor de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), autorizando el aumento en la capacidad de generación de energía de 14.4 megavatios a 21.7 megavatios y el traslado de las obras de infraestructura de Río Blanco, Intibucá, a San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, declarando que dicha represa era ambientalmente viable y recalificándola a categoría tres.

Lo anterior, el exfuncionario lo hizo sin realizar un proceso de consulta libre, previa e informando al pueblo Lenca del sector, contraviniendo lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que obliga al Estado a socializar y consensuar con las comunidades indígenas aquellos proyectos que puedan afectar los recursos naturales existentes en sus territorios, tal y como ocurrió con su antecesor Marco Jonathan Laínez Ordóñez, quien en 2011 autorizó el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” y por lo que enfrenta una acusación criminal.

Dicha resolución, a criterio de la Fiscalía, está apegada a derecho, puesto que la prisión preventiva del encausado se decretó en apego a lo establecido en el artículo 184 párrafo 4 del Código Procesal Penal, que señala que una persona solo puede ser beneficiada con medidas sustitutivas en un solo proceso activo y que en caso que se le decrete auto de formal procesamiento por un nuevo requerimiento fiscal, debe imponérsele una medida cautelar privativa de la libertad en ambos juicios, tal y como ocurre con Darío Roberto Cardona Valle ya procesado por el delito de tráfico de influencias en el sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El apoderado legal de Cardona dijo que en apego a la legal, Cardona deberá ser remitido a la Penitenciaria Nacional, ubicada en Támara, Francisco Morazán y no a un batallón militar, como se acostumbra en la actualidad cuando se trata de altos funcionarios del Estado.

“¡Ni perdón, ni olvido, pido castigo!”, responde hija de Berta Cáceres a funcionarios que piden conciliar

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- “¡Ni perdón, ni olvido,  pido castigo!”, fue la respuesta que les ha dado Olivia Marcela Zúniga Cáceres a los exfuncionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) que han pedido conciliar para quedar librados de toda responsabilidad en la explotación ilegal del río Gualcarque.

Zúniga Cáceres reaccionó mediante un post  publicado en su cuenta de Facebook, al conocer la solicitud de conciliación que han hecho ante los tribunales de justicia los exviceministros de la Serna, Jonathan Laínez y Roberto Dario Cardona, ambos acusados por abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y la comunidad indígena Lenca.

Laínez concedió una licencia ambiental para la construcción de la represa Agua Zarca a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque, ubicado en el territorio Lenca, sin implementar una consulta previa, libre e informada a los pobladores, como lo establece el convenio 169 de la OIT, del cual el Estado de Honduras es suscriptor.

Posteriormente, el exviceministro, Dario Roberto Cardona, extendió la vigencia de la licencia de 30 a 50 años y la generación de energía de 14 a 21 megavatios, incurriendo en el mismo delito de Laínez.

La familia de Berta Cáceres, quien fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa de habitación de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en circunstancias que aún el Estado de Honduras no esclarece, considera que  la actuación ilegal de los exfuncionarios es lo que generó la conflictividad en la zona, por lo que no está dispuesta a conciliar.

Olivia Marcela Zúniga Cáceres
Olivia Marcela Zúniga Cáceres

Pese a las acusaciones, Jonathan Laínez, asegura haber realizado el proceso de consulta y que de ello tiene como “testigo de honor al  presidente de la República y a tres confederaciones indígenas”.

El apoderado legal de la familia Cáceres, Víctor Fernández, explicó que la solicitud de conciliación tanto de Cardona, como de Jonathan Laínez, significa que ambos funcionarios admiten su responsabilidad.

Familia de Berta Cáceres no quita el dedo de la llaga

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Ante la negligencia de los operadores de justicia, la familia de la extinta  lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, exigió nuevamente este jueves la pronta aplicación de la justicia sobre este emblemático caso.

Como una  nueva acción de presión, la familia se trasladó este jueves a los tribunales de justicia, donde fueron testigos de la parsimonia y el favoritismo con la que se maneja el proceso judicial que ha venido siendo denunciado por múltiples irregularidades que implican a funcionarios del Ministerio Público, Policía Nacional, Agencia Técnica de Investigación  y de la Corte Suprema de Justicia.

Berta Cáceres, denunció internacionalmente a la empresa DESA por atentar contra los recursos naturales y la vida de la comunidad Lenca.
Berta Cáceres, denunció internacionalmente a la empresa DESA por atentar contra los recursos naturales y la vida de los pobladores de la comunidad Lenca.

A su llegada a los tribunales se les impidió su entrada a la sala donde se suponía de iba a realizar una audiencia de conciliación, solicitada por el vice ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Jonathan Laínez, quien enfrenta un proceso por haber extendido la licencia ambiental a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sin haber realizado un proceso de consulta previa, violentando así el convenio 169 de la OIT.

Finalmente la audiencia no se llevó a cabo y fue pospuesta para el 24 de noviembre, informó Gustavo Adolfo Cáceres Flores, hermano de Berta Cáceres, quien lamentó que se les siga negando el acceso a la información.

En tanto, Austra Berta Flores, lamentó que el proceso judicial de su hija se siga dilatando, sin embargo apuntó que la familia seguirá luchando hasta lograr la impartición de la justicia contra los responsables del vil asesinato que segó la vida de la presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

“No estamos dispuestos que todo quede en la impunidad, así es que exigimos al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y a la Corte Suprema de Justicia que no se conviertan en cómplices de la impunidad en el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores”, manifestó Flores al dar lectura a un comunicado.

Añadió que pese a que el crimen de su  hija se cometió desde el pasado 3 de marzo, la justicia hondureña aún mantiene este caso en la impunidad porque todavía no ha presentado ante los tribunales a los autores  intelectuales.

“Mi hija era una ciudadana que defendía el medio ambiente y los derechos humanos en una comunidad indígena, que se encuentra amenazada por un modelo explotador, que con el incumplimiento irrestricto de la ley y la complicidad de algunos funcionarios, niega los derechos de las comunidades y se aprovecha de los recursos naturales que hoy en día tienen un precio comercial inimaginable”, añadió la octogenaria.

Recordó que su hija siempre denunció nacional e internacionalmente a la empresa DESA por atentar contra los recursos naturales y la vida de los pobladores de los territorios lencas, pero “al final fue asesinada”.

De su lado, Salvador Cáceres, esposo de Berta, manifestó que el Estado al otorgar la licencia ambiental a la empresa DESA, violentó el convenio 169 de la OIT, que establece la consulta previa con los pobladores, lo que se obvio en la Serna.

En tanto el apoderado legal, Víctor Fernández, lamentó que el proceso judicial se siga dilatado por porte del Estado de Honduras.

Fernández informó además que el viceministro de la Serna, Roberto Dario Cardona, quien extendió la ampliación de la licencia para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, también ha solicitado la conciliación a la parte afectada.

Explicó que la solicitud de conciliación tanto de Cardona, como la de Jonathan Laínez, significa que ambos funcionarios admiten su responsabilidad.

Agregó que los exfuncionarios, están considerando ampararse en un  procedimiento abreviado, que también es el reconocimiento de la culpabilidad.

Capturan a exviceministro de SERNA, Roberto Cardona por caso “Agua Zarca”

El funcionario está procesado por el delito de tráfico de influencias en el escandaloso caso del megafraude al Seguro Social.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), capturó esta mañana al ex viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, sobre el Río Gualcarque, en el occidental departamento de Intibucá.

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Cardona fue trasladado hacia los juzgados capitalinos donde este mismo día se realizará la audiencia de imputado. Juez número 24

La captura se llevó a cabo bajo la coordinación de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, ya que los afectados del referido proyecto se ubica en el territorio del pueblo indígena Lenca.

De acuerdo al requerimiento fiscal, en el año 2013, el imputado aprobó una modificación al licenciamiento de “Agua Zarca” autorizando el aumento en la capacidad de generación de energía de 16 megavatios a 21.7 megavatios y el traslado de las obras de infraestructura de Rio Blanco, Intibucá, a San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, declarando que dicha represa era ambientalmente viable y recalificándola de categoría 4 a categoría 3.

Con lo anterior, Cardona Valle contravino lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que obliga al Estado a realizar un proceso de consulta libre, previa e informando a las comunidades indígenas sobre el otorgamiento de concesiones que afecten los recursos naturales existentes en sus territorios, al igual que lo hizo su antecesor Marco Jonathan Laínez Ordóñez, quien en 2011 autorizó el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” y por lo que enfrenta acusación criminal.

En este caso, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural solicitó dicha la orden de captura y pedirá la respectiva prisión preventiva, en apego a lo que establece el artículo 184 párrafo 4 del Código Procesal Penal, que dice que una persona solo puede ser beneficiada con medidas sustitutivas en un solo proceso activo y en caso que se le decrete auto de formal procesamiento por un nuevo requerimiento fiscal, debe imponérsele la medida cautelar privativa de la libertad en ambos juicios, tal y como ocurre con Darío Roberto Cardona Valle ya procesado por el delito de tráfico de influencias en el sonado caso del megafraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Agua Zarca debe ser cancelado definitivamente y se debe castigar a sus financistas

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La suspensión del proyecto de Agua Zarca no debe ser el objetivo de la lucha del pueblo indígena lenca de la zona occidental de Honduras, sino que la cancelación definitiva de este lesivo proyecto hidroeléctrico y la deducción de responsabilidades por los asesinatos y daños que se han causado.

En esos términos se expresó el presidente del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Víctor Fernández, luego de conocerse que el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y que el Banco Finlandés  (FinnFund) retiraron el financiamiento para que la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) continué con la ejecución del proyecto hidroeléctrico.

Víctor Fernández
Víctor Fernández

“Lo que se está demandando es la cancelación definitiva de su presencia, no podemos hacer una interpretación alegre porque se suspende”, dijo el profesional de las ciencias jurídicas y sociales.

Fernández apuntó que en virtud que Berta Cáceres no es la única hondureña que ha perdido la vida en medio de la conflictividad que ha suscitado ese proyecto,  se puede decir, “que ellos son responsables de la sangre que ha corrido en nuestros pueblos y hay que recordarles que no solo queremos que se vayan; queremos que paguen por todo lo que han generado a partir del financiamiento de estos proyectos”, recalcó.

El líder del movimiento social hondureño dijo que el proyecto que se desarrolla sobre el Río Blanco ha causado daños y perjuicios a los pueblos  y ha provocado una ruptura en el tejido social y fomentado la conflictividad en general.

Agregó que la culpa de lo antes expuesto es de la banca y de la comunidad internacional que han financiado y acuerpado el proyecto.