La decisión se produce tras la presentación de recursos de apelación por parte de las defensas, mientras el Ministerio Público cuestiona la valoración de pruebas en el caso de la muerte de Isy Obed Murillo
Tegucigalpa, Honduras. – La audiencia preliminar contra los exjerarcas de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto Fúnez, ha sido suspendida de manera temporal.
Esta decisión se produce tras la presentación de recursos de apelación por parte de las defensas de los acusados, a quienes se les abrió el proceso judicial por suponerlos responsables por la muerte de Isy Obed Murillo en julio de 2009.
Esta decisión se deriva de la presentación de recursos de apelación por parte de los equipos de defensa de los tres acusados. Melvin Duarte portavoz del Poder Judicial explicó que, conforme a la normativa vigente, una vez que se presentan los referidos recursos, se suspende automáticamente la audiencia para permitir el tiempo necesario para el procedimiento de apelación. “El juzgado deberá notificar a cada una de las partes sobre el recibimiento de estos recursos”, afirmó.
Duarte subrayó que no se puede establecer un tiempo específico para la resolución, ya que la carga laboral en la Corte es considerable. “Es fundamental dar el tiempo prudencial suficiente para resolver de manera adecuada y objetiva”, expresó.
Por otro lado, el abogado Jair López, representante legal del general de Carlos Roberto Puerto, argumentó que el recurso fue interpuesto en los juzgados capitalinos ya que “no hubo prueba alguna que él haya participado de una orden para atentar en contra de la sociedad civil el cinco de julio 2009”.
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MINISTERIO PÚBLICO INCONFORME CON ARRESTO DOMICILIARIO
El pasado 12 de enero, se conoció la decisión del juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, estableció la medida cautelar de arresto domiciliario para los enjuiciados, una decisión que, a criterio de defensores de derechos humanos, beneficia a los responsables de la muerte de Isy Obed Murillo.
En ese sentido, luego que la defensa presentara el recurso, el Ministerio Público, presentó un recurso de apelación para revertir la decisión de del auto de formal procesamiento. “No estamos conformes con la resolución emitida”, señaló el fiscal.
Además, añadió que la valoración de los medios de prueba durante la audiencia inicial fue insuficiente y que se ha cometido un exceso en la evaluación de la situación legal de los acusados.
A juicio del Ministerio Público, debió haberse dictado un sobreseimiento definitivo, lo que resalta las diferencias significativas en la interpretación y aplicación de las pruebas presentadas en el caso.
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COFADEH CUESTIONA RESOLUCIÓN JUDICIAL EN CASO DE ISY OBED MURILLO
Carol Cárdenas, abogada del área de acceso a la justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), expresó su desacuerdo con la reciente resolución del juez que rechazó la recalificación del delito en un caso de homicidio.
Cárdenas argumentó que, debido a las circunstancias que rodean el caso, se debería considerar el delito de asesinato, ya que se han evidenciado elementos de alevosía.
De acuerdo con la abogada, durante la audiencia inicial se acredito la existencia de un plan denominado “Plan Democracia”, en el cual los imputados, quienes ocupaban altos cargos en las Fuerzas Armadas en 2009, se reunieron para implementar estrategias que llevaron a la comisión de actos violentos en contra de quienes se manifestaban en contra del golpe de Estado.
Esta situación pone de relieve la necesidad de una revisión más exhaustiva por parte del sistema judicial para garantizar que se haga justicia en casos tan sensibles y complejos.
Bajo este contexto, la Coalición Contra la Impunidad exige al Ministerio Público y al Poder Judicial que los casos relacionados con el golpe de Estado en Honduras sean tratados no sólo como un asunto de derecho penal, sino también desde la perspectiva del derecho internacional de derechos humanos y del derecho penal internacional. Según lo establecido por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, los crímenes cometidos en el contexto del quiebre del orden constitucional son considerados delitos de lesa humanidad.
