Defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras señalan que la reprogramación de la audiencia de declaración de imputados responde a un patrón de decisiones judiciales que favorecerían al empresario Lenir Pérez, acusado por daños ambientales.
Tegucigalpa, Honduras. – Defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras denuncian que la suspensión de la audiencia de declaración de imputados del empresario Lenir Alexander Pérez Solís obedece a una impartición de “justicia exprés” por parte del Poder Judicial, y calificaron la misma como “una burla” a la lucha ambiental.
Pérez, en su condición de representante legal y presidente del Consejo de Administración de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek es acusado desde septiembre de 2024 por el delito de explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales. Ambas empresas son filiales del Grupo EMCO que demandó al Estado de Honduras por 300 millones de dólares.
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La audiencia debió realizarse el viernes 30 de enero, a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, un día antes, la acusación privada que representa al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) fue notificada de su suspensión y reprogramación para el viernes 13 de febrero.
La organización de base denunció que la afectación al Parque Nacional Carlos Escaleras y a los ríos Guapinol y San Pedro, y por la que es señalada Pinares-Ecotek, ocurre en un contexto de decisiones judiciales que favorecerían la impunidad del empresario Lenir Pérez, por lo que exigió a la CSJ independencia y que la justicia ambiental no se negocie a puerta cerrada.
Pérez, quien tenía orden de captura y alerta migratoria, fue favorecido el 13 de enero con una suspensión de ambas medidas, a petición del abogado del empresario, quien habría expresado que su representado se presentaría voluntariamente en los juzgados en la fecha indica

Para Rita Romero, representante legal del Comité Municipal, la suspensión de la audiencia forma parte de una cadena de decisiones judiciales –levantamiento de la orden de captura, suspensión de la alerta migratoria y reprogramación del proceso– que han permitido que el imputado permanezca libre sin garantías, evidenciando una “notoria inclinación de la balanza” y enviando el mensaje de que el caso avanzará “al ritmo que quiera el señor Lenir Alexander Pérez Solís”.
Romero advirtió que esta decisión del Poder Judicial representa una amenaza directa al acceso a la justicia ambiental, en un contexto de conflictividad que ha dejado comunidades desplazadas, muertes y una zona protegida gravemente afectada, lo que señaló, refuerza la percepción de que las demandas de verdad y justicia de la población de la zona no están siendo atendidas.
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Las denuncias por daños ambientales en el Parque Nacional Carlos Escaleras, por las que es señalado Pérez, fueron realizadas hace más de una década por Juan López, entonces coordinador del CMDBCPT. Tras años de denunciar las arbitrariedades e irregularidades vinculadas a la instalación de la minería a cielo abierto en el área protegida, Juan López fue asesinado.
Diez días después del asesinato de Juan López, que el Ministerio Público emitió el requerimiento fiscal del que se desprende el proceso penal por daños ambientales contra Lenir Pérez y otras doce personas, entre ejecutivos, empleados y funcionarios públicos.





