El nuevo subprocurador de la República, José Francisco Quiroz, arrastra un pasado marcado por acusaciones de corrupción en el extinto Consejo de la Judicatura, un caso que implicó más de 600 delitos y el presunto desvío de millones de lempiras en concepto de viáticos que no fueron regresados.
Tegucigalpa, Honduras. Pese a haber sido vinculado a delitos de corrupción en el caso del extinto Consejo de la Judicatura, José Francisco Quiroz fue juramentado por el Congreso Nacional como subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR) para el período 2026-2030, durante la sesión celebrada el pasado martes 3 de febrero.
Previo a su ratificación, José Francisco Quiroz contó con el respaldo de la bancada liberal, según informó su jefe, Mario Segura, y fue posteriormente propuesto por el partido para ocupar el cargo de subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR).
Quiroz recibió el respaldo de 93 congresistas, en su mayoría de los partidos centenarios, y fue juramentado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, luego que el abogado Dagoberto Aspra asumiera el cargo de procurador de la República.
Nota relacionada: Defensor de Asfura y de figuras implicadas en emblemáticos casos de corrupción es nombrado Procurador de la República
¿QUIÉN ES EL NUEVO SUBPROCURADOR DE LA PGR?
José Francisco Quiroz Mejía es un abogado y notario de profesión, con una reconocida trayectoria en la carrera judicial de Honduras. Cuenta con un posgrado en derecho procesal civil y derecho empresarial, y mantiene afinidad con el Partido Liberal de Honduras, hecho que quedó evidenciado tras recibir el respaldo de la bancada el pasado lunes 2 de febrero.
Quiroz Mejía posee una conocida trayectoria dentro del sistema judicial hondureño y se ha desempeñado como juez, inspector judicial, registrador en el Instituto de la Propiedad y como concejal del extinto Consejo de la Judicatura, ente que inició a operar en 2013.
Tras su gestión como concejal, José Francisco Quiroz fue acusado, junto al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, y los exconsejeros Teodoro Bonilla, Liliam Maldonado, Celino Aguilera y Julio Barahona, por más de 600 delitos de corrupción relacionados con el manejo irregular de fondos públicos.
Lea: Magistrado pide que se investigue al Consejo de la Judicatura por injerencias y mal proceder
La acusación fue presentada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores Públicos, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que mediante investigaciones revelaron que los exfuncionarios acusados gestionaban viáticos por supuestas giras de trabajo, encontrando que en 576 ocasiones, los viajes no se realizaron y el dinero no fue devuelto por los señalados.
Según el ente investigador, los acusados drenaron más de 13 millones de lempiras, y en el caso específico de Quiroz Mejía, se le imputaron 93 delitos por malversación de caudales públicos.
Podría interesarte: Por 600 delitos de corrupción presentan requerimiento fiscal contra miembros del desaparecido Consejo de la Judicatura
SOBRE SU PROCESO JUDICIAL
Cinco meses después de presentar el requerimiento fiscal contra José Francisco Quiroz y otros exfuncionarios, el Ministerio Público obtuvo, el 22 de mayo de 2018, el auto de formal procesamiento contra los integrantes del extinto Consejo de la Judicatura.
Tras dictarse dicha medida, José Francisco Quiroz Mejía y el resto de los imputados fueron enviados al Primer Batallón de Infantería, a excepción de la exconcejal Liliam Maldonado, quien fue trasladada a la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
El 2 de noviembre de 2021, un juez de letras de lo penal en materia de corrupción dictó sobreseimiento definitivo, favoreciendo a los exfuncionarios imputados por delitos de malversación de octubre de 2013 a 2016.
PERFILES NO CONVENIENTES
El abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, explicó a Criterio.hn que, tras el ingreso de la nueva administración, se ha evidenciado el nombramiento de figuras con antecedentes o vínculos con actos de corrupción, iniciando por la junta directiva del Congreso Nacional y extendiéndose posteriormente a otras instituciones del Estado.
Mejía señaló que ese mismo ejemplo se ve en el nombramiento del subprocurador, pues detalló que, aunque existe una absolución, se trata de una persona que ha sido vinculada a actos de corrupción, y que el caso particular del Consejo de la Judicatura se ve expuesto incluso en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el papel que jugó.
El jurista afirmó que el nombramiento de personas vinculadas a actos de corrupción profundiza la brecha entre el discurso y la práctica, especialmente cuando se trata de un gobierno que proclama hacer las cosas de manera distinta y corregir las prácticas que marcaron a administraciones anteriores.
De interés: Nuevo director del SAR acusado en caso de corrupción junto a Nasry Asfura
NOMBRAMIENTOS SON EL REFLEJO DE QUIEN ESTÁ EN EL PODER
Para el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Víctor Fernández, los nombramientos que están siendo realizados son las expresiones de quienes detentan el poder político, que generalmente está influenciado por los grupos de poder económicos y que en la práctica reflejan un alto nivel de deslegitimación.
Fernández explicó que, en años anteriores los grupos económicos y político-partidarios tenían cierto nivel de reserva y consideración para poner a personas que tuvieran vinculación con ellos, con el objetivo de guardar apariencias, pero que en la actualidad se nombra a funcionarios sin formación ni competencia y que eso avizora resultados desfavorables para la ciudadanía.
El jurista calificó como una contradicción terrible que se nombre en cargos de defensa del Estado frente a la corrupción a personas con historiales de defensa contrarios a los intereses nacionales, debido a que son personas comprometidas con la élite económica y política del país.
