Por: Edmundo Orellana
Nunca en la historia del bipartidismo se vivió el caos electoral que amenaza imperar, por culpa del tripartidismo, en estas elecciones.
Apenas comienza el proceso- vamos a primarias- y parece que todo se va por la borda por culpa de los tres partidos que asumieron la responsabilidad de conducirlo en lugar de confiarlo a servidores públicos independientes, cuyas decisiones no sean consultadas previamente con las autoridades de sus respectivos partidos. En los tres niveles corrompieron el proceso los partidos políticos.
En el RNP, colocaron activistas que creen tener derecho al cargo, por su condición de tales, y responder únicamente al diputado o político que los recomendó, no a la autoridad jerárquica superior, la que, en su oportunidad denunció que solamente el 5% cumple con los requisitos del cargo. Por otra parte, la decisión de apoyar la elaboración de un nuevo censo se retrasó injustificadamente, retrasando, a su vez, su elaboración. En ese semejante desorden, el resultado no podía ser otro que el denunciado por el CNE. Más de millón y medio de hondureños quedaron fuera del censo electoral.
En el CNE, pasaron dos administraciones, bajo la responsabilidad del PN y de Libre, sin ningún avance en los preparativos del proceso electoral por venir y, próximo a asumir el PL, se desató el caos cuando desde la presidencia del CNE se amenazó con no convocar a elecciones primarias, alegando que las deficiencias del censo electoral propiciaban el fraude, y después de asumir el PL y cumplir con el mandato legal de convocar, la estridencia fue mayúscula alegando que la convocatoria era ilegal, falsa, inconstitucional y nula. Sin embargo, la convocatoria sigue vigente y ninguna impugnación formal acompañó al diluvio de descalificaciones que cayó sobre la misma, y, por el contrario, se propusieron soluciones de emergencia-como la de los “cuadernillos”-para que quien no aparezca en el censo electoral pueda votar en el centro de votación al que acuda, con el riesgo de que el partido que la aplique-algunos no la aceptan- enfrente denuncias de fraude alegando que tal medida permite que una persona inhabilitada vote o vote más de una vez.
El Tribunal de Justicia Electoral, TJE, ha sido abandonado por todos, excepto por los representantes de los partidos, investidos como magistrados. Siguen luchando por impulsar un proceso de construcción de institucionalidad que ningún partido tiene intención de culminar, prueba de ello es que le negaron la normativa adjetiva básica para garantizar el debido proceso y la eficacia de sus resoluciones, pero responsabilizaron a los titulares para que la emitan administrativamente. Normas que podrán cambiar a su antojo según convenga, siempre que sigan el procedimiento de emisión de los actos administrativos de los órganos colegiados. ¿Según convenga a quién? Siendo representantes de los partidos, difícilmente podrán emitir normas que no sean del agrado de los partidos a quienes se deben. En otras palabras, quien recurra al TSJ impugnando decisiones electorales, incluida la declaratoria de elecciones, tendrá que someterse a esa incertidumbre derivada de la competencia, atribuida al TSJ, de reformar o derogar las normas vigentes, según su arbitrio. En conclusión, la seguridad jurídica es la gran ausente en la jurisdicción electoral.
A esto sume, el distinguido lector, la negativa a emitir una nueva ley electoral que suponía la modernización del proceso electoral, dotado de herramientas para garantizar la transparencia en el escrutinio y generar confianza en los resultados. Estos dependerán, como siempre, de los miembros de las mesas y la novedad es que algunos partidos aceptarán únicamente el escrutinio de las actas que se practique a nivel municipal y departamental, sin concederle importancia al que se practique a nivel central, con el riesgo de que se produzcan altercados entre los movimientos por la incertidumbre que la novedad de la medida genera.
En estas condiciones, es muy probable que el movimiento declarado vencedor sea cuestionado por los demás, quienes se encontrarán con el dilema de aceptar a regañadientes o de impugnar, en cuyo caso se encontrarán con la inseguridad jurídica que genera la ausencia de normativa confiable para resolver este tipo de conflictos.
Si quien resulte con sentencia adversa en el TJE decide llevar a conocimiento de la Sala de lo Constitucional el conflicto, tendrá que aceptar el riesgo de que la decisión sobre el ganador quede en manos del gobernante, lanzando al cesto de la basura la independencia y autonomía interna de los partidos políticos.
En conclusión, quien pierda, y sospeche que ha sido víctima de fraude, no tendrá posibilidad de obtener justicia por los medios que ofrece la institucionalidad, lo que podrá tornarse en tragedia si para las elecciones generales persiste la falta de transparencia en las elecciones y no se remueven los obstáculos para ofrecer seguridad jurídica en la resolución de los conflictos que podrían suscitarse en la jurisdicción electoral.
¡Bienvenido su majestad el caos!
