Solicitan medidas cautelares para personas defensoras de derechos humanos detenidas en Nicaragua

Por: redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –  Seis organizaciones de carácter nacional e internacional, solicitaron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de manera inmediata de medidas cautelares a favor de las 16 personas defensoras de derechos humanos detenidas ilegal y arbitrariamente el día 14 de noviembre en la ciudad de Masaya, Nicaragua.

Se trata de Amaya Eva Coppens Zamora, Atahualpa Yupanqui Quintero Moran, Derlis Francisco Hernández Flores, Hansell Amaru Quintero Gómez, Ivania del Carmen Álvarez Martínez, Jesús Adolfo Teffel Amador, Jordan Irene Lanzas Herrera, José Dolores Medina, María Margarita Hurtado Chamorro, Marvin Samir López Ñamendiz, Melvin Antonio Peralta Centeno, Neyma Elizabeth Hernández Ruiz, Olga Sabrina Valle López, Roberto Andrés Buchting Miranda, Wendy Rebeca Juárez Avilés y Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez. La mayoría, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua.

La solicitud fue presentada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y entre los hechos que informan a la CIDH, destacan los siguientes:

– El perfil de las personas detenidas muestra que en su mayoría son jóvenes, menores de 35 años y que desde el inicio de la crisis se han expresado públicamente como activistas de derechos humanos y opositores al gobierno. 

– Las detenciones se realizaron luego de que el grupo tratara de entregar agua a las madres que permanecen en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, y que habían denunciado un asedio policial que estaba impidiendo el acceso al líquido vital.

– Días después de la detención, el Fiscal Auxiliar de Managua formuló acusación y solicitó la apertura a proceso alegando el delito de “Tráfico ilícito de armas en perjuicio de la seguridad pública de la población nicaragüense”, basándose en afirmaciones de agentes de la policía.

– Posterior a la detención, las personas fueron presentadas en conferencia y señaladas como integrantes de una banda criminal que pretendía hacer atentados en contra de edificios públicos. Asimismo, la Policía hizo énfasis en que Amaya Coppens y Wilfredo Brenes tenían antecedentes criminales de terrorismo y otros delitos graves.

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– Tanto en el proceso de detención como en su encarcelamiento posterior, las personas detenidas fueron incomunicadas y algunas de ellas denuncian haber recibido golpes, malos tratos y privación de condiciones básicas, como atención médica pertinente.

Para Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL Mesoamérica estos hechos configuran una muestra más de la criminalización que sufren las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. “Las 16 personas detenidas estaban realizando un acto humanitario apoyando el derecho de las madres a ejercer sus propios derechos”. 

De igual manera, Vilma Núñez de Escorcia, presidenta de CENIDH, recordó que estas acciones de criminalización revictimizan a las personas defensoras “Al presentarlos públicamente como delincuentes y terroristas, se violenta el principio de presunción de inocencia, se les estigmatiza y al sustraerlos del juez natural se viola el debido proceso y otras garantías”, señaló.

Las organizaciones solicitantes exigen la liberación inmediata de todas las personas detenidas. Además de frenar la persecución penal, las medidas cautelares buscan que mientras las defensoras y defensores se encuentren en detención, las autoridades se abstengan de cometer actos de tortura y se asegure el acceso inmediato de las personas detenidas a personal médico. 

Estas detenciones arbitrarias ocurren en el contexto de la situación de crisis política y democrática que vive Nicaragua desde abril de 2018, en el cual el Estado ha cometido múltiples graves violaciones a los derechos humanos. Entre tanto, la huelga de hambre de las madres en Masaya se mantiene bajo el asedio policial, que ha cortado los servicios de agua y electricidad a la iglesia donde permanecen y obstaculiza el ingreso de personal médico y suministros de salud.

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