Tegucigalpa. – Mediante una carta pública dirigida a la presidenta Xiomara Castro varias organizaciones de sociedad civil aglutinadas en la Mesa de Seguimiento y Coalición contra la Impunidad piden a la mandataria que suspenda el estado de excepción antes y después de las elecciones generales de noviembre próximo, con el fin de evitar cualquier sombra de duda sobre el proceso electoral y garantizar su autenticidad.
La solicitud se fundamenta en el hecho que, como lo ha señalado la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia), cualquier proceso electoral necesita un clima político pacífico y el pleno ejercicio y respeto de todos los derechos y libertades fundamentales, así como la garantía del orden y la seguridad pública.
En este sentido, la realización de unas elecciones bajo un estado de excepción plantea serias dudas sobre su carácter libre, justo, igualitario y democrático, ya que se ven afectadas por la restricción de derechos y se crea el riesgo de que los resultados sean deslegitimados por la posible ausencia de garantías reales de participación e igualdad de condiciones, reza la misiva.
Señala, además, que es importante recordar que, tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos han documentado que, en el marco del estado de excepción, se han producido graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos sin control jurisdiccional, entre otras, atribuibles a los cuerpos de seguridad y defensa.
Por ello, consideran necesario reflexionar sobre los impactos que puede tener la suspensión de derechos en determinados territorios, particularmente en relación con la capacidad de los partidos políticos y de otros sectores sociales para organizarse, hacer campaña política y movilizar a su militancia y sus votantes.
La presencia de militares bajo el enfoque represivo que implica un estado de excepción puede generar temor e intimidación en la población. En este sentido, es importante tomar en cuenta lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que las tareas de seguridad ciudadana deben estar a cargo de cuerpos policiales de carácter civil, y que la presencia de efectivos militares en labores de orden público debe ser excepcional, temporal y esté debidamente justificada, y sujeta al estricto cumplimiento de los principios y protocolos del uso de la fuerza.
Finalmente manifiestan que existe el riesgo que la vigencia de un estado de excepción pueda dificultar la labor de las personas que forman parte de las misiones nacionales e internacionales de observación electoral al restringir su movilidad en determinados territorios del país y en ciertos horarios. Con ello, se afectaría la transparencia que debe caracterizar a cualquier proceso electoral que se precie democrático.
Finalmente, señalan que suspender la vigencia del estado de excepción de manera inmediata enviaría un mensaje claro y contundente a la ciudadanía y a la comunidad internacional del compromiso de su gobierno con la transparencia y la democracia.
Un comentario
Buena propuesta. El estado de excepción es una medida terrible que nunca debio haberse adoptado.