Entre las demandas de las organizaciones de la sociedad civil se encuentran la revocación de la cancelación del tratado de extradición, la aplicación imparcial de la justicia a políticos involucrados en narcotráfico y la clara definición del rol de la abogada Rixi Moncada.
Tegucigalpa, Honduras. – Las 17 organizaciones que integran la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) emitieron un comunicado conjunto en el que instan a la presidenta Xiomara Castro a retractarse de su decisión de cancelar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, una medida que fue anunciada por la mandataria el 28 de agosto de 2024.
Estas organizaciones argumentan que la revocación del tratado ha suscitado un rechazo generalizado en la sociedad hondureña, pues se considera un instrumento esencial en la lucha contra el narcotráfico.
La cancelación del tratado se percibe como un paso atrás en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, además de contradecir las promesas de campaña de la presidenta Castro, quien se comprometió a enfrentar con firmeza estos flagelos.
Juan Carlos Aguilar, representante de Transparencia y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó que el gobierno, bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro, aún tiene la oportunidad de rectificar esta decisión.
Según Aguilar, en lugar de eliminar el tratado, lo que se necesita es mejorar y agilizar los procesos judiciales para que sean más efectivos, «los resultados del tratado de extradición son claros y hablan por sí mismos, dada la situación política del país, podría pensarse que la cancelación busca proteger a personas involucradas en actos ilícitos», señaló en una entrevista con Criterio.hn.
Melissa Elvir, directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), comparte la opinión de Aguilar al señalar que la cancelación del tratado de extradición no puede justificarse, dados los resultados positivos que ha tenido en la lucha contra el narcotráfico.
“El país quedaría en una posición aislada para enfrentar no solo el narcotráfico, sino también todas las negociaciones ilícitas que surgen en este contexto y en el ámbito político, sería un grave retroceso”, afirmó Elvir a Criterio.hn
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OTRAS PETICIONES
En el comunicado, las organizaciones que representan diversos sectores y movimientos han solicitado, además, la investigación de funcionarios y exfuncionarios vinculados a delitos de narcotráfico, exigiendo que la ley sea aplicada con imparcialidad, como un pilar fundamental de la democracia.
Hicieron, también, un llamado a que las decisiones gubernamentales se tomen en función de los intereses de la nación, dejando de lado cualquier militancia política o afinidad personal.
Carlos Hernández, director de la ASJ, afirmó que el narcotráfico ha influido claramente en la política de Honduras. Aunque ya se sabía que esto ocurría, ahora es evidente a través de las conexiones en videos entre políticos y narcotraficantes.
Esta situación se debe a la falta de reformas para evitar que el narcotráfico financie la política, por ello sugiere que es crucial fortalecer la Unidad de Política Limpia, entidad que supervisa estos financiamientos.
Sin embargo, él advierte que, aunque se refuerce esta unidad, el hecho de que las mismas personas ocupen los cargos no garantiza que la situación cambie. “Esto se debe a que los puestos en la Unidad de Política Limpia, al igual que otros cargos importantes, han sido repartidos entre las bancadas de dos partidos antes y ahora entre tres partidos”, enfatizó Hernández a Criterio.hn
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DEFINIR ROL DE RIXI MONCADA
Igualmente han instado al gobierno a definir claramente el rol de Rixi Moncada, precandidata presidencial del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y actual secretaria de Defensa de Honduras.
«Ante el evidente conflicto de intereses que representa su influencia sobre las Fuerzas Armadas en el contexto del próximo proceso electoral, es crucial eliminar esta dualidad de funciones para garantizar la integridad de las elecciones primarias y generales, así como la confianza del pueblo en el proceso», cita el texto.
