Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Lo que se espera es que los fondos aprobados por los Estados Unidos mediante el Plan Alianza para la Prosperidad sean utilizados con la mayor transparencia posible y para ello los defensores de derechos humanos y los movimientos de oposición estaremos vigilantes dijo, Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH.
Para ello se ha creado un mecanismo seguimiento y de estudio a nivel jurídico, a nivel del tratamiento migratorio y a nivel del tratamiento de los Derechos Humanos, para que estos dineros tengan los elementos de rendimiento de cuentas y transparencia en que ha insistido el gobierno estadounidense, dijo Méndez
Una de las condiciones de la Alianza para la Prosperidad, que incluye a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), establece que el 25% de esos fondos serán retenidos hasta verificar las acciones que eviten la migración hacia los Estados Unidos.
Además un 50% deberá ser utilizado en la lucha contra la corrupción e impunidad y la judicialización de los delitos.
“Este 25% la administración del presidente Barack Obama lo va a retener hasta verificar que Honduras está haciendo las acciones establecidas para contrarrestar la migración y hay un 50% de esos fondos que están fuertemente condicionados a una lucha contra la corrupción y la impunidad al establecimiento de un mecanismo que permita judicializar a los altos funcionarios que han cometido actos de corrupción, lo cual es alentador para la lucha que hemos estado realizando”, dijo Ariel Varela de Oposición Indignada.
El fenómeno migratorio cobró mayor fuerza el año anterior con el crecimiento significativo de la migración de infantes hacia los Estados Unidos, sin embargo el Plan Alianza para la Prosperidad, es claro, la no ejecución de las condiciones establecidas, llevaría al retiro total de las aportaciones.
Méndez manifestó que, se debe constatar que los fondos vayan a beneficiar a los hombres y mujeres que al final tienen que abandonar el país por varias razones y sobre todo por la violencia que abate el país y por lo tanto hay que generar condiciones adecuadas y pertinentes, sin olvidar que migrar es un derecho humano cuando la persona quiere, pero no cuando se ve obligado a salir de su país por la violencia.
Por su parte Miguel Briceño, de “Honduras, indignados somos todos”, señaló que los recursos financieros son también parte de la lucha sostenida en las calles, pidiendo un alto a la corrupción y la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y seguirán en pie de lucha por el logro de ese objetivo que es una de las recomendaciones del documento del Plan de la Prosperidad.
