La plataforma Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) presentó una propuesta que señala los elementos mínimos para la instalación de la CICIH
Tegucigalpa, Honduras. -A dos meses de que venza el plazo de la primera fase del memorándum de entendimiento firmado entre el Gobierno de Honduras y las Naciones Unidas, sociedad civil insta a la administración de Castro cumpla con la promesa de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
Al respecto la plataforma Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) realizó una conferencia sobre los obstáculos y oportunidades para que la CICIH sea posible, la cual contó con la participación del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Yavhé Sabillón, la abogada constitucionalista Ana Pineda y el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Amilcar Bulnes.
En su disertación el legislador, Yavhé Sabillón, dijo que el actual Congreso Nacional está trabajando en derogar y modificar los decretos que blindaron a los corruptos y que se aprobaron en administraciones pasadas.
Sabillón explicó que, se han identificado al menos 13 leyes que facilitaron la corrupción en Honduras y es deber de ese poder del Estado eliminarlas, para facilitar el trabajo de la CICIH.
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ARTICULACIÓN CIUDADANA PRESENTA PROPUESTA PARA INSTALACIÓN DE LA CICIH
La presente Articulación Ciudadana, conformada por Organizaciones de la Sociedad Civil
independientes considera indispensable integrarse en todo el proceso de construcción de
la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, en adelante
CICIH.
En este sentido la plataforma ha elaborado una propuesta ciudadana de Mecanismo Internacional Anticorrupción con el apoyo de expertos internacionales con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, misma que fue entregada el 7 de marzo del 2022 al secretario de Transparencia Edmundo Orellana, al vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, y al jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos.
La propuesta señala los elementos mínimos para la Instalación de una Comisión Internacional de combate a la impunidad y la corrupción en Honduras (CICIH) de las Naciones Unidas desde las lecciones aprendidas de la sociedad civil en Centroamérica.
La propuesta y petición de Articulación Ciudadana se dio horas antes que la mandataria Xiomara Castro firmara la carta con los términos de referencia para que venga la primera misión de expertos de la ONU que trabajará sobre las condiciones para la instalación de la CICI en Honduras.
Los acuerdos mínimos para la Implementación del mecanismo anticorrupción son: que la CICIH deberá ser jurídicamente distinta, funcional y políticamente independiente del Estado de Honduras y con autonomía funcional de hacer uso de sus competencias, de acuerdo con lo que considere necesario.
Además, deberá tener una vigencia por un periodo mínimo de 4 años, con opción a ser prolongado por 4 años más, las veces que sea necesario y el acceso total sin restricciones a la información relativa a las gestiones públicas realizadas por las administraciones pasadas y las que estén en funciones durante su ejercicio, así como acceso a las instituciones privadas, bancarias, alianzas público-privadas y cualesquiera que las investigaciones ameriten.
También debe considerar que sus funciones deben ser de inteligencia e investigación preliminar en materia criminal con amplias capacidades en inteligencia financiera.
Asimismo, solicitan que se mantenga un canal de comunicación directa entre el Gobierno, las Naciones Unidas y la sociedad civil de manera amplia, tanto la representada en este espacio, como en otras expresiones interesadas en coadyuvar, durante el proceso de creación y establecimiento del mecanismo anticorrupción.
Otra de las funciones será facilitar, agilizar, promover y prestar colaboración activa para que el Estado de Honduras luche contra la corrupción y la impunidad. De la misma manera deberá monitorear, informar y publicar sobre el desempeño del Estado de Honduras en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Por otro lado, deberá colaborar con las víctimas, las comunidades afectadas y la sociedad civil, y apoyar sinergias para el cambio, entre medios de comunicación independientes, periodismo de investigación, el sector privado, el sector financiero y la academia.
En el mismo documento, exponen una serie de elementos que generan preocupación, entre los mencionados está: la conformación y selección del personal del primer nivel de toma de decisiones que integre la CICIH, debe estar a cargo de las Naciones Unidas, mediante procedimientos que garanticen la objetividad en la selección y el establecimiento de perfiles de alto nivel con reconocida y comprobable trayectoria, honestidad y eficiencia en la materia.
Además, solicitan la derogación de leyes y decretos que podrían resultar lesivas para el trabajo y funcionamiento de la CICIH.
Señalan que es importante hacer una revisión de la ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho (Ley de Amnistía) que se aprobó a inicios del 2022 en lo referente a los delitos de corrupción, al igual que otras leyes que han sido creadas para facilitar la impunidad y promover la corrupción en Honduras, por ejemplo: el nuevo Código Penal, el decreto 93-2021.
Otras consideraciones son: la revisión de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), derogar el decreto 116-2019, las reformas a la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Artículo 81‐ A y 10-A agregado mediante decreto 117-2019, entre otras.
