La sociedad civil exige al Estado hondureño detener la impunidad y la violencia institucional, implementar reformas urgentes y garantizar el acceso a justicia para comunidades indígenas, LGBTIQ+ y defensoras del territorio.
Tegucigalpa, Honduras. – La delegación de sociedad civil hondureña participó activamente en la pre-sesión del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, presentando un panorama crítico sobre la situación actual de los derechos humanos en Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El EPU es el mecanismo internacional de la ONU que revisa periódicamente la situación de derechos humanos de los 193 países miembros. Honduras será examinada oficialmente en noviembre de 2025 y, en este ciclo, representantes estatales y actores de sociedad civil presentan informes y recomendaciones clave frente a la comunidad internacional.
Ante este panorama, organizaciones LGBTIQ+ han presentado una serie de recomendaciones urgentes: implementar campañas de sensibilización nacionales en educación y medios de comunicación, aprobar leyes que aseguren la igualdad de género y el cumplimiento de sentencias como la del caso Vicky Hernández, y reforzar marcos legales como el Código Penal para tipificar delitos de odio y fortalecer la investigación de muertes violentas.
También demandan reformar el Código de Salud para garantizar acceso sin discriminación, incorporar el enfoque de atención diferenciada en los sistemas de salud y justicia, así como asegurar que todos los protocolos sean validados por la comunidad LGBTIQ+. Tales acciones son consideradas esenciales para combatir la cultura de impunidad y sentar las bases de una sociedad respetuosa de la diversidad y los derechos humanos.
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CONFLICTO POR LA TIERRA Y PERSISTENTE IMPUNIDAD AGRAVAN LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS
Honduras enfrenta un conflicto prolongado que afecta con especial crudeza a comunidades rurales, donde la problemática por la posesión y explotación de la tierra y los recursos naturales ha generado graves abusos contra los derechos humanos, según expuso Javier Acevedo, integrante de la Comisión contra la Impunidad y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los derechos humanos (Ciprodeh).
El Estado ha mostrado insuficiencia para garantizar la protección efectiva de quienes defienden los territorios, los derechos de pueblos indígenas y campesinos, y los ecosistemas, situación que se agrava por amenazas constantes, procesos judiciales y administrativos arbitrarios, y casos emblemáticos de violencia e impunidad, como los de Margarita Murillo y Juan López, cuyas investigaciones continúan sin esclarecer plenamente la responsabilidad de los autores intelectuales.
Frente a este contexto, organizaciones sociales y de derechos humanos han planteado la urgencia de reformar el marco normativo nacional, asegurando la implementación de instrumentos internacionales como el Convenio 169 y el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos originarios.
También subrayan la necesidad de asignar recursos humanos y técnicos a las instituciones encargadas de proteger derechos humanos, despenalizar la defensa del territorio en el Código Penal y fortalecer los mecanismos de protección y acceso a la justicia para defensores.
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ESTADO DENUNCIADO POR CONTINUIDAD DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
En el contexto de la reunión previa al Examen Periódico Universal (EPU) realizada en Ginebra, Suiza, la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Blanca Izaguirre, expuso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la preocupante realidad que enfrenta Honduras bajo la aplicación del estado de excepción.
Izaguirre enunció que en Honduras la figura del estado de excepción se ha desnaturalizado totalmente, convirtiéndose en una medida utilizada de manera casi permanente y no como un recurso excepcional, como establece la ley.
La funcionaria agregó que durante la vigencia del estado de excepción se han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y abusos sexuales, lo que ha motivado la elaboración de informes especiales con enfoque de género desde el Conadeh.
De igual manera, Izaguirre alertó sobre el impacto negativo de esta situación en coyuntura electoral, advirtiendo que mantener el estado de excepción compromete la transparencia, la participación y los derechos fundamentales de la ciudadanía, en especial de los grupos históricamente vulnerados.
Durante la semana de las “Pre-sesiones” del Examen Periódico Universal, la delegación hondureña, compuesta por 18 integrantes de la Coalición contra la Impunidad (CCI), llevó a cabo un plan estratégico de incidencia en Ginebra previo al examen oficial del 7 de noviembre de 2025.
En este contexto, la delegación sostuvo reuniones directas con representantes de 20 misiones permanentes de distintos países, siete relatorías especiales de la ONU y diversas organizaciones internacionales, buscando posicionar en la agenda internacional las preocupaciones y demandas más urgentes en torno a la situación de los derechos humanos en Honduras.
