Por: Redacción CRITERIO.HN
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Una vez más, el rol de los Tribunales Judiciales de la República, como la máxima institución para preservar el imperio de la ley y tutelar los derechos de la población, evidencia la forma cómo se propicia un sistema de aplicación de la justicia de manera selectiva y favorable a los corruptos, manifestó la Coalición contra la Corrupción en un comunicado emitido hoy.
La agrupación de organizaciones de la sociedad civil calificó como vergonzoso e inaceptable sobreseimiento definitivo a favor de 22 involucrados en el caso denominado Pandora, es una deshonra para el Estado de Derecho y un golpe para la institucionalidad. Cada vez que suceden estos hechos, la ciudadanía pierde las esperanzas de ver, algún día, un Poder Judicial independiente y comprometido con la recta aplicación de la ley.
Este caso investigado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), es otra de las tramas delictivas que cae en la vertiginosa impunidad que, aprovechando la desmovilización de la ciudadanía por la pandemia, está dejando en libertad a los corruptos de cuello blanco.
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Tal como las diversas organizaciones ciudadanas hemos denunciado hasta la saciedad, la libertad de personas vinculadas a elites políticas involucradas en actos de corrupción, es la ruta que cuidadosamente trazaron los círculos de poder, desmantelando inicialmente la MACCIH y minimizando las funciones clave de la UFECIC, ahora llamada UFERCO.
Inicialmente, por este hecho delictivo fueron acusadas 38 personas entre diputados, dirigentes de tres partidos políticos y personas particulares, que a través de las ONG Dibattista y Todos Somos Honduras, desviaron para gastos de la campaña electoral de 2013 del Partido Nacional, el Partido Liberal y el FAPER, más de 282 millones de lempiras de fondos públicos, que la Secretaría de Agricultura y Ganadería tenía que invertir en proyectos agrícolas para madres jóvenes en diferentes partes del país.
La justicia ha sido puesta a prueba, y una vez más defrauda el interés general y defiende a los particulares de ese grupo reducido de saqueadores de los bienes públicos, declarándolos inocentes, mientras casos de hombres y mujeres que lideran movimientos por la defensa de los derechos humanos, siguen estancados.
En vista de lo anterior la Coalición contra la Corrupción exige al Ministerio Público presentar, lo antes posible, el Recurso de Amparo a la resolución que sobresee el proceso conocido como caso Pandora, a efecto de que la Sala de la Constitucional, resuelva el recurso correspondiente con la celeridad procesal correspondiente, revocando lo resuelto por la Corte de Apelaciones, que deja en libertad a los corruptos.
