Por: Rodil Rivera Rodil
El pasado 22 de febrero, el diario El País, de España, publicó un artículo del periodista salvadoreño, Bryan Avelar, especializado en los temas de violencia, migración y crimen organizado de México y Centroamérica, titulado: “La receta de Bukele contra las pandillas que falló en Honduras. Aquí ya gobierna la Mara Salvatrucha”, que contiene una insólita información acerca de lo que en el tema de seguridad estaría aconteciendo en San Pedro Sula, de tal gravedad, que he optado por transcribir literalmente algunos de sus párrafos, que hablan por sí solos:
“En el barrio Rivera Hernández, en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, se puede constatar el fallido intento del Gobierno de implementar medidas represivas contra las pandillas similares a las impuestas por Nayib Bukele en El Salvador. En la entrada de este poblado, el taxista que pide identificarse como señor Jota explica los nuevos matices con los que realiza su trabajo: “Mire, lo que nosotros pagamos ya no se llama extorsión. Se llama uso de instalaciones. Si usted usa el punto de taxis, tiene que pagarle a la pandilla. Si no lo usa, no paga. Así de sencillo”.
Y agregó el señor Jota: “Ahora, la Rivera Hernández es uno de los lugares más seguros de este país. Ahora estamos más seguros porque aquí ya gobierna la Mara Salvatrucha”. La baja de homicidios en Honduras –anota Avelar- coincidió con la consolidación de la hegemonía criminal de la MS-13 tras eliminar a sus rivales. Por ejemplo, para 2010, en el sector Rivera Hernández operaban cerca de una docena de ellas, pero para febrero de 2026, la MS-13 había acabado con todas. “Ahora usted puede caminar aquí tranquilo –continúa Jota-.Los pandilleros ya no se ven. Ahora tienen cámaras de vigilancia en las colonias. Tienen todo controlado desde un centro de mando, pero ya de una forma más profesional”.
Antes de proseguir, creo importante mencionar que el “barrio Rivera Hernández” no es propiamente un barrio de San Pedro Sula, en el sentido estrictamente urbano, sino, más bien, un gran sector que comprende cerca de 189 colonias y barrios, con varias centenas de miles de pobladores, o lo que es igual, con un significativo porcentaje del total de los habitantes de la ciudad. Al que “muchos –se lee en el sitio Web xplorhonduras- lo catalogan como un infierno, una zona de guerra, un lugar donde si entras, no sales. Esto debido a que en su territorio existen pandillas que le han robado la paz a sus habitantes”.
Una ex fundadora de la MS-13, bajo condición de anonimato, le relató al articulista Avelar: “Ahora solo quedan unas cuatro o cinco colonias pequeñas que son de la Mara 18. La Kitur, Cerrito Lindo, la Satélite… poco más. Por eso ahora la MS opera de manera más quirúrgica. No van a matar el montón de gente para hacer la gran bulla. Van a ir de manera selectiva. Ellos saben a quién”.
Y un alto mando de la inteligencia militar hondureña le comentó: “Aquí las pandillas están más organizadas. Allá (En El Salvador) mataban solo por matar. Aquí funcionan como una empresa. Aquí, si usted se une a la MS, se dice que usted trabaja en la MS. Usted es empleado de la MS. Usted, por ejemplo, le administra negocios, un carwash, un restaurante, o cobra la extorsión y le responde a sus jefes. A la MS ya no le interesa tanto matar sino el negocio”.
Me parece que el ministro de Seguridad, cuyo anunciado plan para enfrentar este problema estamos esperando, debería verificar la veracidad de esta denuncia y de sus verdaderos alcances. Porque si es verídica, que pareciera que lo es, el peligro que se cierne sobre Honduras, como muy bien lo reconoció el oficial de inteligencia que cita Avelar, es mucho mayor que el que corría El Salvador cuando Bukele llegó al poder. Y si no hacemos algo con la premura del caso, en algún momento, dicha pandilla, cualquiera otra o todas ellas, podrán comenzar a alzarse con el control del país, ya que del poder económico casi invariablemente se pasa al político, y para entonces ya podrá ser demasiado tarde. Quienes hayan conocido con algún detalle la influencia que llegaron a tener las pandillas salvadoreñas saben de lo que estoy hablando.
Del contexto de la publicación del señor Avelar se desprende que su objetivo central no es tanto dar a conocer el caso de San Pedro Sula sino desacreditar al presidente Bukele y su política de seguridad, particularmente, desde la óptica de los organismos internacionales de derechos humanos: “Muchos políticos latinoamericanos –asevera- han querido imitar la medida como si fuera una receta. Xiomara Castro replicó un régimen similar al de El Salvador”… “Desde su aplicación, el Gobierno salvadoreño ha detenido a cerca de 90.000 personas durante ya casi cuatro años sin haber tenido un juicio y ha desarticulado estructuras pandilleras como ningún gobierno anterior. El costo ha sido alto: casi 500 muertes en cárceles y miles de denuncias por torturas y detenciones arbitrarias, según organizaciones de derechos humanos”.
Pero no es cierto que país alguno, incluyendo el nuestro, haya pretendido copiar el modelo de Bukele, no, en todo caso, de la manera apropiada, con lo que no quiero decir que no pueda hacerse. Más aún, estoy persuadido de que en Honduras y Guatemala, por su vecindad con El Salvador, y por otras obvias razones históricas derivadas de la vieja unidad centroamericana, podría intentarse una suerte de réplica del mismo, con las debidas correcciones y adaptaciones a la idiosincracia de cada uno, con mayores posibilidades de éxito que en otros países que han mostrado interés en él, como Chile, Ecuador y la misma Costa Rica, cuyas características son bastante distintas de las que compartimos en el Triángulo Norte de Centroamérica.
No obstante, la única forma de apostar a una estrategia similar a la salvadoreña estriba, siempre en mi opinión, en que se den los mismos presupuestos fundamentales que le permitieron al presidente Bukele el extraordinario resultado que ha obtenido. Y estos son básicamente tres: el primero, que quien gobierne se halle pertrechado de una férrea voluntad política para ponerla en práctica, el segundo, que la lleve hasta sus últimas consecuencias, no a medias, que sería lo peor que podría hacer, como quedó demostrado entre nosotros durante el gobierno de Libre, y para lo cual considero que sería necesaria la asesoría del mandatario salvadoreño, y el tercero, que cuente con el pleno respaldo del Congreso Nacional, Poder Judicial, la Fiscalía y de todos los demás órganos contralores del Estado. Sin estos requisitos, simplemente, no tendrá ningún sentido embarcarse en semejante aventura.
Y asumiendo que se den las dos primeras condiciones por ser las menos complejas, la tercera, la obtención del soporte institucional sin reservas, bien podría alcanzarse mediante la concertación de las fuerzas políticas y sociales, tal como, para el caso, lo hicimos en Honduras en 1985 y en el 2001-2002, o bien, pidiendo a la ciudadanía un claro respaldo a través de la consulta popular del plebiscito.
Dicho esto, concluyo recordando al estimado lector que los columnistas tenemos la gran suerte de poder sugerir cualquier cosa a cualquier gobierno sin correr el menor riesgo de que se pueda comprobar que estamos equivocados, por la sencilla razón de que nunca será tomada en cuenta.
