Reflexiones
Por: Rodil Rivera Rodil
He seguido con atención las incidencias relacionadas con el requerimiento fiscal del Ministerio Público contra el ex jefe de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez, y otros oficiales, por el homicidio de Isi Obed Murillo, de 19 años de edad, el domingo 5 de julio del 2009 durante la marcha pacífica de la Resistencia hacia Toncontín para recibir al presidente Manuel Zelaya que intentaba regresar de su exilio acompañado, entre otras personalidades, de los presidentes Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, y Rafael Correa, de Ecuador.
No puedo brindar una opinión profesional acreditada en torno al mencionado requerimiento porque no soy especialista en la materia y porque no conozco el expediente incoado contra ellos. Pero sí puedo atestiguar que el crimen fue perpetrado por elementos de las Fuerzas Armadas, dado que yo me encontraba en la manifestación a unos pocos metros de donde cayó el joven estudiante y ya había podido apreciar con toda claridad a los francotiradores que acabaron con su vida apostados en los techos de dos o tres inmuebles del aeropuerto.
Más aún, a los pocos instantes del atentado, desde un jeep militar que se estacionó en el extremo sur del campo de aterrizaje sus ocupantes también dispararon hacia nosotros una serie de ráfagas con una ametralladora antiaérea, las que, por fortuna, no podían alcanzarnos porque lo impedía el reducido ángulo de tiro de que disponían por la diferencia de altura entre la pista y la carretera.
Creo conveniente, asimismo, traer a colación el histórico antecedente de varios altos mandos de distintos gobiernos militares de América que en la segunda mitad del siglo pasado fueron condenados a severas penas, incluyendo la cadena perpetua, por haber sido encontrados culpables de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en las que incurrieron soldados y oficiales de menor graduación de sus respectivos ejércitos, especialmente, de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile.
Dicho sea de paso, las declaraciones que algunas personas han vertido a lo largo de los casi 17 años transcurridos desde esa aciaga insinuando que los disparos pudieron provenir de los propios manifestantes solamente pueden calificarse de indignas o cobardes.
Ignoro si los procesos judiciales en cuestión llegarán hasta su fin o si el Congreso Nacional decretará una amnistía para los incriminados, lo que, según las noticias, podría ser muy pronto. Solo me permito recordar que esta gracia o benevolencia que puede otorgar el Estado, en ningún caso, significaría la absolución de nadie, sino únicamente, el “olvido” del delito y la extinción de la responsabilidad penal.
Pero si la amnistía se diere sin que los tribunales de justicia de la República hayan pronunciado su fallo definitivo conforme al ordenamiento legal y estructura de las Fuerzas Armadas, estas siempre quedarán ineludiblemente obligadas con los familiares y la memoria de Isis Obed, y más que todo, con la sociedad hondureña, a brindar un informe del hecho, el cual, desde luego, deberá incluir la identidad de los autores intelectuales y materiales de su asesinato. Sería lo menos que podrían hacer para lavar esa mancha que envilece su nombre.
Los jerarcas de nuestro Ejército Nacional deberían reflexionar un poco y acabar con esa inveterada manía suya de masacrar a los compatriotas que toman parte en las protestas populares. Y a los soldados, de humilde condición, a quienes obligan a cumplir esas execrables órdenes quizás les sirvan estos elocuentes versos del gran poeta Nicolás Guillén:
“No sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo,
si somos la misma cosa
yo, tú.
Me duele que a veces tú
te olvides de quién soy yo;
caramba, si yo soy tú,
lo mismo que tú eres yo.
Soldado, aprende a tirar:
tú no me vayas a herir,
que hay mucho que caminar.
Para abajo, no,
que allí estoy yo”.
