Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
¿Contra el CAF? solo los demás banqueros. En contra de esta ley de justicia tributaria están todos los beneficiarios de la injusticia tributaria que, además, tienen a su servicio, más diputados que los partidos de oposición juntos, de modo que no se ha promulgado reforma alguna, aunque sabemos que es necesaria desde hace veinte años, y plantearon esa reforma la administración Lobo, y el propio JOH; sorprenderse de esa resistencia y pontificar que son unos voraces ¿no resulta un poco naíf? Por supuesto, además, hay distintas perspectivas. La reaccionaria de la oligarquía, a mi ver se equivoca al resistirse a corregir inequidades. Pero entiendo su otro argumento teórico: dada la mala calidad del gasto público y la baja capacidad de ejecución de la inversión estatal, con recoger más recursos para el gobierno (que ya gasta parte desproporcionada del producto nacional), no se garantiza el desarrollo. Se ufanan de ser expertos en gastar, pero no han construido una sola casa, ni para ellos mismos, en casi dos años. ¿No sería mejor bajar la planilla y los impuestos indirectos, mientras aumentamos la recaudación de los directos? El percibido intento de desestabilizar al gobierno es real, producto de una acción y de una reacción, de una vil conspiración contra Xiomara, porque propone un cambio democrático que les disgusta. Pero la campaña en contra se sirve de un amplio malestar real con las incompetencias múltiples de gente, sin experiencia o conocimiento de lo que está haciendo, y por supuesto también, la falta de tino político manifiesto, en actos de funcionarios y ministros-directores y consejeros.
No vamos a resolver las contradicciones sociales con un diálogo hechizo, de cuya inutilidad hay larga experiencia. A veces el gobierno cae en el maniqueísmo paranoico, y nunca ha tenido estrategia de comunicación adecuada. Pero ninguna estrategia oficial podría romper el bloqueo opositor en los medios de comunicación. En la vida real, en el mundo que existe y estamos obligados a sobrevivir, el pleito por el poder público entre fuerzas opuestas, es siempre una múltiple lucha libre, que refleja cabalmente las complejas contradicciones de la sociedad, entre sectores y partidos, territorios y regiones. El gobierno no puede esperar que sus contrarios dejen de maniobrar o ventilar su propaganda, ni los opositores tienen el privilegio que les conceda impunidad en la calumnia, la desinformación y el desacato. No puede estar exenta de toda regla esa pugna; porque degradaría en tiranía y anarquía, que no convienen a nadie, ni siquiera a quien las promueve, subestimando el daño. ¡No saben a lo que se exponen con tantas imprevisibles salidas; que soluciones al caos no hay!
Permítaseme entonces deslizarme, por un momento, al discurso normativo del deber ser, que usualmente respeto a los especialistas: las amas de casa, los abogados, los curas y los filósofos. Porque en este momento, que se tensa cada vez más la crispación de la vida pública nacional, parece necesario recordar reglas básicas, de mínima civilidad. En otro tipo, no. Pero en cualquier régimen democrático (y ha sido nuestra opción, es lo que preferimos, y hemos progresado en ello), los opositores tienen derechos políticos sustanciales e inalienables, y también tienen obligaciones de esa misma naturaleza, los cuales derechos y deberes son interdependientes en la práctica. Que, si no se les salvaguardan sus derechos a los opositores, tampoco estarán obligados a seguir reglas básicas, y viceversa.
La oposición no puede mantener una campaña propagandística masiva, permanente, embustera y sin escrúpulos que amenaza desestabilizar al gobierno, y esperar que este se quede de brazos cruzados como un tentetiesos. El gobierno no debe pretender que la oposición renuncie a su poder formal o al fáctico, decline de sus intereses o su visión propia, ni que se porte bien, porque sentadita se ve más bonita. Hay que negociar y ajustarnos a los términos del debate, para ordenar la convivencia, e irnos amaneciendo. Los oficiales, de repente, no tuvieron formación suficiente, ni en Oxford y andan faltos de básicos modales de mesa. Pero están ahí, pagados, no para generar, sino para resolver problemas, para dilucidar dilemas y consensuar salidas, no para agredir e insultar a los protagonistas; restan obligados a la mesura y están llamados a la elegancia, para convocar y convencer. Lo cortés no quita lo valiente. Pueden aludir los hechos pertinentes, no deben restregarle a nadie las verdades históricas que nos dividen, porque no son académicos, profetas ni xantipes, y su misión es congregar, resolver la contradicción. Las damas y los caballeros que representan a la presidenta de todos los hondureños, Xiomara Castro de Zelaya, deben ser impecables en su trato aun del más humilde.
Los payasos y los pencos abundan, pudo decir Facundo, aquí, y en todos lados: entre líderes empresariales y secretarios de gobierno, periodistas y aspirantes redentoristas al outsider, comandantes y embajadores. Los santos, y los locos pueden hacer y decir lo que quieran, y ciertos académicos también. Y mientras no infieran manifiesto daño, no importa mucho. Pero las acciones y las expresiones de los hombres públicos y de las mujeres también… de los oficiales del gobierno y de los personeros de las corporaciones tienen que ser más prudentes y circunspectos, pues repercuten sobre el ambiente y el funcionamiento de la sociedad y el estado e, igual el periodismo (la comunicación pública) -oficialista, independiente o de oposición- debe ser responsable, aunque aquí se prefiera la incoherencia como auténtica, y la intemperancia como valerosa. Mientras no se declare un rompimiento, el gobierno ha de reiterar el apoyo, y mantener su compromiso de proteger los derechos de todos. La oposición por su parte ha de tener arraigo y ser leal, comprometerse con los intereses nacionales incuestionables. La lealtad implica compromiso con el país, responsabilidad cívica y el respeto por sus leyes y valores, e intereses de nación.
Los opositores tienen derecho a la retórica que les dé la gana, de sus ideas y sus inocencias, y a participar en la vida cívica, cuestionando, a cada paso, a los personeros, las ejecutorias y las declaraciones de los gobernantes; incluso con aspereza, de manera radical, ¿por qué no? mientras no atenten contra el orden que aún nos rige (otro será mejor, cuando lo dispongamos), siempre que no irrespeten la función publica, minen la capacidad de ejecución de la autoridad o conspiren con sectores ilícitos foráneos o antisociales; y la autoridad tiene obligación de exigir ley y orden. Entonces, esos funcionarios ¡que dejen de estar insultando al prójimo en la vía pública! Y esos cabecillas de magnates deje de darse baños de pureza que ¡además de malcriados, lucen ridículos! y esos otros coconspiradores del nuevo golpe, que dejen de buscar gringuitas de verano y guarden sus garrotes, pomitos de veneno y armas blancas.
Mañana, roto el pacto, no habría obligación de parte de ninguno, la escalada sería imparable y la única lógica, la del poder bruto. La tensión exacerbada nuevamente evidencia que este país necesita de un pacto, más allá de un pauto centenario con la oscuridad, allende de pacto político (entre partidos) o de un pacto fiscal (entre sectores), necesita un pacto social ciudadano, suscrito por representantes de todos, con el liderazgo de los más visionarios, que se plasme en una ley primaria que todos avalen y se comprometan a obedecer. Quizá no hay de otra, ni mal que por bien no venga. Si no se detiene esta oleada de confrontaciones sería inevitable convocar a la constituyente. ¿Quién la detiene? Ese susto de la oligarquía, ¿quién más la teme? ¡No que no!
