Reflexiones
Por: Rodil Rivera Rodil
“Si así funciona el país, vámonos”. Esta fue la sarcástica expresión del obispo de Santa Rosa de Copán, Darwin Andino, al ser consultado sobre la legalidad de la junta directiva del Congreso Nacional. Y cuyo parecer, según el diario que publica la información, se halla en “comunión” con la posición de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), agregando que el prelado “insistió en que si el país funciona con ilegalidades entonces es mejor irse del país”.
Ignoro si el obispo Andino, además de sus estudios de teología y filosofía en Italia y Guatemala, también es especialista en derecho constitucional y procesal, y antes de irse del país, a la manera del abate Sieyes, el célebre constitucionalista de la Revolución Francesa, se proponga ilustrarnos con la publicación de algún tratado sobre la ilegalidad de la directiva del Congreso. De lo contrario, su burla solo puede calificársela de antojadiza e irresponsable.
Y está claro que la “comunión” con la Conferencia Episcopal, a que se refiere la noticia, es muy discutible, puesto que mientras él fue irreflexivo aquella fue más prudente y se limitó a externar su “preocupación” por la legalidad y legitimidad de la directiva y le solicitó a la Corte Suprema de Justicia su intervención para dirimir el asunto. Aunque sin percatarse de que dicha petición, más bien, puede ser contraproducente y volver realidad su inquietud llevando a Honduras a una crisis de impredecibles consecuencias. Salvo, por supuesto, que esa sea la verdadera intención.
En efecto, desde el pasado 2 de febrero, la Corte declaró inadmisibles los recursos que interpusieron las dos partes que contendieron por la conducción del Congreso Nacional, con lo que, judicialmente, ha quedado zanjada la controversia, que siempre fue esencialmente política. De otro lado, la directiva presidida por el ingeniero Luis Redondo ha sido legalmente reconocida por todos los diputados, sin excepción, incluyendo a los que la siguen cuestionando, pues al votar, ya fuera en contra o a favor de la infinidad de resoluciones que esta ha sometido a su consideración durante los más de ocho meses transcurridos desde que estos se reincorporaron a sus cargos, le han conferido, mediante el expediente procesal de la ratificación tácita, la legalidad y legitimación que reclama la Conferencia Episcopal.
Ya la Corte no puede, por consiguiente, pronunciarse por la ilegalidad de la junta directiva sin violentar el principio jurídico de la trascendencia, conforme al cual “ningún acto puede ser declarado nulo si con ello se causa un perjuicio mayor que el que se busca reparar con la nulidad”, como, obviamente, sería el caso con el sinnúmero de nulidades de todo cuanto ha aprobado el Congreso Nacional en este tiempo que cualquier persona, sabe Dios con qué fin, podría invocar si se emitiera un fallo en tal sentido.
Pero mi propósito principal en esta ocasión no es, propiamente, el tema de la directiva del Congreso, puesto que ya lo abordé en dos artículos anteriores, sino la alianza entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre, que pareciera a punto de naufragar. ¿Qué pasará si, efectivamente, la ruptura llegara a concretarse?
Comencemos por el PSH. Su problema fundamental estriba en que no ha podido estructurarse como un verdadero partido político. Sigue exactamente igual que como nació: alrededor de una sola persona y al calor de una sola bandera, muy loable, por cierto, como es la de la anticorrupción, pero en torno a la cual, hasta ahora, por razones que hoy no vienen al caso, no ha podido construir una ideología que le fije un norte y le imprima la cohesión que requiere todo partido político.
La alianza coyuntural que celebró con el Partido Libre le brindó, junto con el triunfo y la cuota de poder que le correspondió, la oportunidad de empezar a edificar su propia plataforma doctrinaria, justamente porque el primero, a su vez, más que un partido político es una suerte de frente amplio en el que han convergido posiciones programáticas de muy variada índole, pero en las que tiene perfecto acomodo la lucha contra la corrupción del PSH.
Al separarse de Libre, en consecuencia, sus posibilidades de consolidarse y crecer disminuyen ostensiblemente. Y afronta, al menos, dos problemas adicionales: uno, la ausencia de un claro liderazgo dentro de su bancada legislativa, la cual, por su carácter electivo, es el único órgano partidario que goza de alguna independencia, y dos, su escaso número de integrantes, lo que le resta capacidad de incidencia parlamentaria y de negociación con las demás fuerzas políticas.
En cuanto a Libre, no puede ser más evidente que el rompimiento con el PSH solo le dejaría dos alternativas para asegurar el cumplimiento mínimo de los puntos torales de su programa de gobierno: la primera, recurrir a la movilización popular, o lo que es igual, al instrumento político más poderoso con que cuenta, pero, al mismo tiempo, el que puede perturbar la tranquilidad social tan indispensable en las circunstancias que vivimos.
Y la segunda, impulsar un acuerdo de gobernabilidad con la bancada del Partido Nacional. Ello, porque entre los dos suman más de 90 diputados, con lo que no necesitan de nadie más para la mayoría simple o calificada y porque simplificaría la distribución de los titulares de las instituciones que toca elegir al Congreso Nacional. Y cuya legitimidad, desde luego, solo podrá lograrse en tanto ambos acepten de buen grado a los candidatos que resulten correctamente seleccionados por los mecanismos instituidos para este efecto, como es el caso de la Junta Nominadora para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para el Partido Nacional, un pacto de gobernanza podría proporcionarle el espacio político que tan urgentemente necesita para emprender la reorganización -o “reingeniería” como ellos la llaman- que exige su estrepitosa derrota en los pasados comicios y que se ha venido postergando por temor a una crisis interna de impredecibles resultados. De igual manera, le facilitaría replegarse un tanto de la extrema derecha a la que se ha desplazado, iniciar el proceso de limpia de la mancha de corrupción e impunidad que le legó el ex presidente Juan Orlando Hernández y hacer menos traumática la escogencia de sus cuadros de dirección y de candidatos para los próximos procesos electorales.
Lo anterior también podría traer consigo el recambio en el bipartidismo tradicional del país, mientras que para el PSH y para el Partido Liberal, que se perdió en el camino, acarrearía su imparable postergación histórica. Tal como ha ocurrido en Europa, América Latina y en casi todo el mundo con los movimientos político ideológicos que surgieron de las revoluciones francesa y rusa, de signos totalmente contrarios. Y de cuyo seno fueron desprendiéndose en el discurrir de los años incontables agrupaciones moderadas y radicales, pero en las que siempre continuaron siendo identificables sus lejanas matrices de origen, de izquierda y de derecha, esto es, de avance y de mantenimiento del statu quo.
Tegucigalpa, 25 de octubre de 2022.
