Por: Rodil Rivera Rodil
Hace algunos años, la decisión del presidente del Congreso Nacional de promover la abolición del laicismo, o sea, de la independencia del Estado y la sociedad respecto de cualquier organización religiosa, consagrado en nuestro sistema constitucional desde 1880, durante el gobierno de Marco Aurelio Soto, que ha comenzado con obligar a la lectura de la Biblia en los centros educativos, hubiera sido acogida por los hondureños poco menos que con horror, como una suerte de sacrilegio cívico. Ello, porque este siempre “ha representado una conquista histórica fundamental en la modernidad, lograda tras siglos de luchas por separar el poder político de la influencia religiosa. Supone la emancipación del Estado, la educación y el derecho de la tutela eclesiástica, garantizando la libertad de conciencia, la igualdad ciudadana y la autonomía de la esfera pública”, tal como lo define la IA.
El laicismo, además, se hallaba estrechamente asociado a los grandes desaciertos, para decir lo menos, cometidos por la Iglesia católica, entre ellos, su inflexible intolerancia, los terribles métodos de la Inquisición para perseguir “herejes” y su incondicional apoyo a las monarquías absolutas de pasado. Suprimirlo, pues, era tan impensable como restaurar la monarquía de la época colonial.
El laicismo nace en Francia, en las postrimerías del siglo XVIII con la Ilustración y la Revolución Francesa y se acrecienta en América por la feroz oposición de la Iglesia católica a la causa independentista, aunque sin desconocer la contribución que prestaron a esta varios de sus miembros, como los dominicos que ayudaron económicamente a Simón Bolívar, los curas Hidalgo, Morelos y Matamoros en México, Delgado y Arce en El Salvador y la alianza de los franciscanos y la francmasonería contra los conservadores en el Uruguay.
Consumada la independencia -dice un autor- muy pronto se desataron “conflictos mortíferos entre – por una parte los liberales, libre pensadores, racionalistas, anticlericales, partidarios de la libertad religiosa y de la separación de la Iglesia y el Estado – y por la otra parte, los conservadores, defensores de las tradiciones y de los privilegios, partidarios del autoritarismo, quienes invocan el orden moral católico”, los cuales finalizaron, precisamente, con la implantación del laicismo. Con la sola excepción de Costa Rica, en cuya Constitución se mantiene todavía la católica como religión oficial, lo cual es considerado por muchos de sus políticos y hombres de pensamiento como un retraso ideológico y jurídico en comparación con las demás democracias de América Latina, y atribuible al predominio que ejerce la Iglesia católica desde el siglo pasado. Dicho sea de paso, en la asamblea legislativa se ha presentado un proyecto laicista que, paradójicamente, cuenta con el respaldo de la propia iglesia.
Pero hoy, el anuncio del presidente Zambrano ha sido recibido casi con indiferencia por los diversos sectores de nuestra sociedad, en particular, por la intelectualidad y la academia. Hasta ahora, solo he visto un debate sobre el tema en un programa de televisión, aunque, básicamente de carácter político.
Me atrevo a opinar que este cambio tan notable obedece, en primer lugar, a la distancia en el tiempo de los mencionados acontecimientos, lo que suele propiciar el olvido y el desconocimiento de los pueblos de su propia historia, y en segundo, a la descarnada versión del neoliberalismo que impulsa el presidente Trump, indisolublemente ligada al fundamentalismo religioso, intransigente y conservador a más no poder y antirrepublicano por excelencia, y para el cual la supresión del laicismo significaría la inmejorable oportunidad de asegurarse el control de la doctrina y la iglesia, y por supuesto, el indiscutible triunfo del clericalismo, esto es, de “la influencia excesiva del clero en los asuntos políticos”, contra el que tanto luchó el papa Francisco.
Con estos antecedentes, conocidos seguramente por todos los diputados, surgen algunas interrogantes acerca del trasfondo de esta sorpresiva determinación del nacionalismo de convertir a Honduras en el segundo estado confesional de Latinoamérica, y en el único, si Costa Rica instaura el laicismo, como es lo probable. ¿Responde a un alineamiento más estrecho del Partido Nacional con el neoliberalismo delirante de Trump o a un mero acuerdo político con las Iglesias criollas a cambio del irrestricto apoyo que le brindaron durante la pasada campaña electoral?
Si se tratara de esto último, ¿qué podrá pasar si se impone una religión oficial, tomando en cuenta el centenario enfrentamiento que ha existido entre las Iglesias católica y evangélica y, sobre todo, por el gran malestar de la primera en Honduras por haber sido superada por la segunda? Los últimos estudios, dice la IA, “sitúan a los evangélicos entre el 43% y el 55% de la población, mientras que los católicos romanos representan entre el 33% y el 47%. El crecimiento evangélico es notable, especialmente en zonas urbanas y mediante iglesias de corte pentecostal, consolidando a Honduras como uno de los países con mayor porcentaje de evangélicos en Centroamérica”.
Y si se opta por declarar a Honduras solo como estado religioso o cristiano, a secas, y no católico, apostólico ni romano, como reza la fórmula tradicional, ¿se les otorgarán o no privilegios a ambas Iglesias, en especial, económicos? Y, si así fuera, ¿a cuánto ascenderán y cómo se distribuirán? Porque, aun cuando se ha manejado como secreto, nuestra Iglesia católica siempre, o casi siempre, ha recibido fondos del gobierno. A Costa Rica, para el caso, su condición de Estado confesional le cuesta cerca de un millón de dólares al año. Y a todo esto, qué dicen los jerarcas de las dos Iglesias, ¿están de acuerdo con ese cambio y en recibir dinero de una nación que se halla en harapos?
Y finalmente: ¿estarán firmes y unidos los diputados liberales en la preservación del laicismo, uno de los postulados torales de su histórica doctrina, o también se hallan dispuestos a negociarlo con el Partido Nacional, justo como lo acaban de hacer con asuntos terrenales?
