Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Los sindicalistas y los miembros de la comunidad LGTBI se han sido víctimas de una escalada de violaciones a sus derechos fundamentales a partir del golpe de Estado de 2009, y a diez años de ese suceso el Estado no da respuesta a sus demandas.
Lo anterior fue debatido el martes durante un evento desarrollado en la capital hondureña donde se divulgó el informe 2018-2019 “Resistiendo a la violencia antisindical”, presentado por la Red contra la violencia antisindical, que surgió en el año 2015.
Durante el período de enero de 2015 a febrero de este año, la red ha documentado más de cien casos de violencia antisindical, con similar número de víctimas directas, casos que van desde procesos de criminalización hasta asesinatos.
El estudio refiere que el 77 % de los casos corresponden al sector agroindustria, caracterizado por la desprotección estatal en detrimento de los trabajadores. Las violaciones se dan en especial en empresas dedicadas a la extracción de aceite de palma africana en el Valle del Aguán, en el litoral atlántico y en las empresas productoras de melón, en la zona sur, en virtud que los trabajadores se encuentran organizando sindicatos.
Los resultados del estudio fueron discutidos en el marco del foro: “El impacto del golpe de Estado en los derechos humanos con énfasis en la violación de los derechos laborales y de la comunidad LGTBI”, organizado por la Regional Latinoamericana Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA), el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y organizaciones LGTBI.
Jorge Hernández, quien es facilitador del estudio, aclaró que la violencia hacia los trabajadores siempre ha estado presente en Honduras pero se profundizó a raíz del golpe de Estado de 2009, con el asesinato de 19 docentes y 12 sindicalistas, cuyos casos fueron denunciados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pero todavía permanecen en la impunidad.
Hernández apuntó que la principal agresión ejercida contra los sindicalistas son las amenazas a muertes, seguido por actos intimidatorios, atentados y asesinatos.
Como parte de la violencia contra los sindicalistas, Hernández recordó el secuestro y desaparición del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Litoral Atlántico (La Ceiba), Donatilo Jiménez Euceda y el asesinato del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Litoral Pacífico (Choluteca), Héctor Martínez Motiño, quien tenía medidas cautelares. Martínez Motiño tenía medidas de protección policial, sin embargo, el día que fue asesinado su escolta no se presentó a darle resguardo.
Otro hallazgo del estudio es que el 56 % de las violaciones provienen de agentes del Estado y son dirigidas contra los sindicalistas que trabajan en instituciones del mismo Estado.
Jorge Hernández manifestó que es inconcebible que sea el Estado el principal agresor de los trabajadores. En ese orden, citó que el alcalde de Tocoa, Colón, Adán Funez ha perseguido la organización sindical de esa municipalidad, mediante despidos y remociones de puestos.
Comunidad LGTBI
Por su parte el defensor de los derechos humanos, Erick Martínez, indicó que las violaciones a los derechos de los miembros de la comunidad LGTBI se evidencian de diferentes maneras y una de ellas es el nivel de pobreza.
Precisó que el nivel de pobreza en la comunidad LGTBI es del 86.10 % y el acceso a la educación superior de 26.8 %, pero solo el 8.9 % egresa de las universidades, lo que pone en balanza la relación que existe entre la pobreza y el acceso a un empleo digno.
Martínez apuntó que se ha evidenciado que las empresas atentan contra los derechos de todos los ciudadanos, pero dicha situación se acentúa en las personas que se diferencian por su orientación sexual o por pertenecer a un grupo étnico.
“Esto tiene un impacto en nuestras vidas al no tener salarios que se ajusten a las demandas que tenemos actualmente en el país y este impacto también se ve en niveles de seguridad, acceso a salud y también en el patrimonio que podamos generar a nivel de nuestras familias o nuestras parejas con quienes estemos conviviendo”, dijo Martínez quien es miembro de la diversidad sexual.
Según el defensor de los derechos humanos, el gobierno de Juan Hernández, ha desatendido los derechos de los grupos vulnerables, generando con ello exclusión, que se mide desde las muertes violentas.
Según la Red Lésbica Cattrachas desde el golpe de Estado a la fecha, en Honduras se reportan 331 asesinatos y una persona desaparecida. En lo que va del 2019 ya se registran 26 casos, de los cuales seis pertenecen a mujeres lesbianas, siete mujeres transexuales y 13 hombres gay.
Martínez apuntó que para el gobierno no es prioridad ninguna política o mecanismo que plantee la sociedad civil para mejorar las condiciones de los ciudadanos, porque su prioridad es mantenerse en el poder bajo un nivel de dictadura, por lo que los derechos humanos en vez de avanzar están retrocediendo.
