Tegucigalpa, Honduras.– Sin una voluntad genuina de las autoridades estatales y de los empresarios del transporte urbano para modernizar, identificar y certificar a los trabajadores de este sector, el proyecto seguirá siendo una utopía, como ha ocurrido en administraciones anteriores: se anuncia, se inicia, pero no trasciende.
Para Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), en el sector del transporte urbano realmente no ha existido voluntad, porque, al no estar este sector legalmente regulado, los empresarios se están beneficiando, por ejemplo, al no ofrecer salarios justos ni pagar el décimo tercero y el décimo cuarto.
“Es un tema de muy mala gobernanza en el sector del transporte. Hay un elemento importante: los dueños de las unidades no están interesados en cumplir con la Ley Laboral, y el proceso de identificación y regulación, de alguna manera, los obligaría a cumplir con todo lo relacionado con el pago de salarios justos, el décimo tercero, el Seguro Social y otros elementos”, valoró Acevedo.
De igual forma, Acevedo mencionó que la falta de voluntad por parte de las autoridades se evidencia cuando, por ejemplo, los elementos policiales no hacen cumplir la ley, es decir, no sancionan a la mayoría de los transportistas que cometen diversas irregularidades. Además, desde el Poder Ejecutivo, no se reforma la Ley de Tránsito para que las sanciones y los requisitos para obtener la documentación y regularizar estas unidades sean más rigurosos.
“Voluntad no es decir ‘haremos esto’ o ‘estamos trabajando en aquello’. La verdadera voluntad se evidencia cuando hay avances, cuando hay compromiso. Voluntad es, incluso, ejecutar sanciones a los empresarios que no estén dispuestos a sujetarse a un nuevo marco legal que regule ese rubro”, enfatizó Acevedo.
Lo expuesto por Acevedo tiene sentido. Desde el inicio de este gobierno, los empresarios de este rubro han anunciado que, por ejemplo, modernizarán las unidades de transporte y certificarán a sus empleados para prestar un servicio más eficiente y seguro para los usuarios.
Sin embargo, esto todavía no se materializa. De hecho, la mayoría de los siniestros viales registrados no solo en durante 2024, sino que en los últimos años en el país han sido causados por conductores de buses, quienes ocupan el segundo lugar en incidentes de conducción imprudente, solo superados por los motociclistas.
El indicador sugiere que gran parte de los conductores de transporte urbano han provocado varios accidentes de tránsito debido a que conducen bajo los efectos de sustancias ilegales, como diversos tipos de drogas. Además, se ha constatado que muchos de ellos no portan los documentos legales necesarios para operar estas unidades.
Mientras tanto, las autoridades, en este caso la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), justifican que no pueden intervenir en el rubro hasta que, de alguna manera, la masa laboral haya pasado un proceso de preselección y registro, es decir, que no tengan antecedentes que los involucren con el crimen organizado, para así elaborar un proceso de certificación adecuado.
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ANUNCIAN CERTIFICACIÓN
El punto de vista de Acevedo es porque hace más de cuatro semanas, la DNVT, en conjunto con empresarios del transporte urbano, iniciaron un proceso de identificación y certificación de conductores de unidades de transporte, que busca lo planteado: excluir a quienes tengan vínculos con el crimen organizado o carezcan de la documentación legal para desempeñar esta labor.
Según Adonay Hernández, director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, el propósito de este proyecto es fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Estas agrupaciones utilizan a sus miembros en el transporte urbano en distintas zonas del país para facilitar el cobro de extorsión, un delito que, en la última década, ha generado millonarias ganancias a costa de este y otros sectores.
Hernández explicó que, en esta primera fase, se está llevando a cabo la certificación de los conductores, lo cual incluye capacitarlos en la prestación de un servicio de calidad para la población. Además, se verifica que posean los documentos legales, como la licencia de conducir, necesarios para ejercer esta labor.
El proceso de identificación, explicó Hernández, se centra en verificar que los conductores no tengan antecedentes de pertenecer a organizaciones criminales o de participar en delitos vinculados a la criminalidad y violencia. Una vez superados estos filtros de certificación e identificación, los conductores recibirán uniformes para formalizar su rol en el transporte urbano.
“Esto ya lo estamos implementando, no es solo una proyección. Ya hemos tenido reuniones y realizamos una intervención en la capital a más de 180 unidades, verificando quiénes las conducen y quiénes son sus propietarios, para abordar el trabajo de manera integral. Cuando hay descontrol, a muchos les favorece; pero cuando hay control, tenemos una mayor incidencia en la reducción de los hechos delictivos que se han venido registrando”, mencionó Hernández en un foro televisivo.
Sin embargo, el director de Seguridad y Justicia (ASJ), Nelson Castañeda, precisó que, al igual que con otras estrategias en materia de seguridad, debe haber una planificación y análisis previo, porque, de manera preliminar, se debe lograr que el transporte urbano no esté infiltrado por el crimen organizado.
“Mientras no se controle primero la penetración del crimen organizado en el transporte urbano, cualquier estrategia será ineficiente, porque algunos empleados del rubro forman parte de agrupaciones criminales e informan las medidas. Es decir, lo que harían sería simplemente dejar el rubro por un tiempo y luego regresar, cuando las autoridades descontinúen estas medidas”, indicó.
En conclusión, para que una intervención en el rubro del transporte urbano sea funcional, no se necesita únicamente que ambas partes estén de acuerdo, sino que lo más valioso es que se concreten las acciones: erradicar el crimen organizado de este rubro y, en consecuencia, reformar las leyes e iniciar el proceso de certificación e identificación para que el servicio seguro a la población deje de ser una utopía.
