A 17 días de las elecciones y sin resultados oficiales, enfrentamientos dentro y fuera del Centro Logístico Electoral dejan al menos una veintena de personas heridas y profundizan la incertidumbre política en Honduras.
Ilustración de portada: Ruth Moncada/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Diecisiete días después de los comicios y sin resultados oficiales a la vista, Honduras ya registra enfrentamientos vinculados a un proceso electoral inconcluso, marcado por señalamientos de fraude y una creciente tensión política.
Entre las madrugadas del martes 16 y miércoles 17 de diciembre se reportó al menos una veintena de personas heridas, entre simpatizantes de partidos políticos y efectivos de entes armados del Estado, según informes preliminares de la Policía Nacional de Honduras y reportes de medios de comunicación.
Durante la madrugada del martes 16, miembros de la fuerza pública reprimieron a simpatizantes políticos, entre ellos del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), que se encontraban en el exterior del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en la capital hondureña.

Miroslava Cerpas, comisionada presidenta del Sistema Nacional de Emergencias 911, declaró a Criterio.hn que, de acuerdo con los reportes recibidos, la Policía Militar habría lanzado bombas lacrimógenas desde el interior del Infop, mientras que la Policía Nacional habría enfrentado en el exterior a los manifestantes con presunto uso excesivo de la fuerza.
Según el reporte oficial de la Policía Nacional, solo en ese episodio resultaron heridas 15 personas, entre agentes policíales y civiles.
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Un día antes, también en el bulevar Fuerzas Armadas, en las cercanías del CLE, un joven motociclista fue golpeado por simpatizantes, presuntamente, de Libre, cuando intentó cruzar un bloqueo instalado en el marco de las exigencias de realizar un escrutinio voto a voto. Otros plantones se han realizado en las principales vías del país.
CHOQUE ENTRE DELEGADOS DE ESCRUTINIO DEJA HERIDOS
Durante la madrugada del 17, medios de comunicación reportaron al menos tres personas heridas tras un enfrentamiento ocurrido al interior del Infop, sede donde operan las juntas especiales encargadas del escrutinio de 2,792 actas con inconsistencias.

Según Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) en representación de Libre, pasadas las 12:00 de la medianoche, delegados de los tres partidos políticos comenzaron a corear consignas políticas, situación que, afirmó, derivó en el lanzamiento de piedras y palos por parte de representantes del Partido Nacional contra sus pares del Partido Liberal y Libre. El enfrentamiento fue controlado por Fuerzas Armadas.
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Ochoa señaló que, como resultado de este segundo incidente, cinco personas resultaron heridas, algunas de los cuales fueron trasladadas de emergencia al Instituto Hondureño de Seguridad Social debido a las lesiones. Además, responsabilizó de la crisis a las otras dos consejeras del CNE, a quienes acusó de negarse a verificar las urnas y resultados electorales tal como lo han solicitado Libre y el Partido Liberal.
Por su parte, Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE y representante del Partido Liberal, cuestionó que los hechos no fueran informados oportunamente al pleno del organismo por las Fuerzas Armadas, bajo cuya custodia y seguridad se encuentra el material electoral. Señaló que, ante las consultas realizadas, se respondió que no se tenía conocimiento inmediato de lo ocurrido. “¿Cómo es eso posible? ¿Cómo alegar desconocimiento de hechos tan graves en un contexto tan complejo?”, cuestionó.
Asimismo, en lo que puede interpretarse como respuesta a los señalamientos de Ochoa sobre los escrutinios especiales, Hall sostuvo que la Ley electoral no debe leerse a pedazos sino como un texto jurídico “unitario” y en “armonía con los principios constitucionales propios de la materia”.
PROTESTA, USO DE LA FUERZA Y UNA CRISIS SIN SALIDA CLARA
Frente a los enfrentamientos registrados en Tegucigalpa y las personas heridas en un proceso electoral aún inconcluso, Nelson Ávila, economista y presidenciable por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), advirtió que la protesta social no puede reducirse a un problema de orden público. A su juicio, la inconformidad expresada en las calles se inscribe en el derecho constitucional a la rebelión, aunque su ejercicio debe articularse con otros derechos, como la libre circulación, para evitar una escalada de violencia.

Ávila señaló además que las fuerzas de seguridad están obligadas a actuar bajo el principio de proporcionalidad y cuestionó el uso indebido de la fuerza por parte de agentes armados del Estado, al considerar que no solo incrementa el riesgo de nuevas víctimas, sino que profundiza la desconfianza ciudadana.
El presidenciable del PINU-SD vinculó la violencia registrada con la incertidumbre prolongada del proceso electoral, marcado por retrasos, denuncias de manipulación y falta de verificación técnica. Advirtió que la ausencia de respuestas claras sobre el respeto a la voluntad popular alimenta la zozobra y abre espacio a intereses que buscan capitalizar el caos. Cualquier salida, sostuvo, pasa por el respeto a la Constitución, la transparencia del proceso y garantías de justicia.
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