Expertos piden mayor presencia de la Secretaría de Derechos Humanos en los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR)
Tegucigalpa, Honduras. – Para muchos migrantes hondureños y hondureñas ser deportado es una sentencia de muerte, que es precedida por la angustia ante la inseguridad que enfrentarán sus seres queridos.
En el Bajo Aguán, tras los asesinatos de once liderazgos campesinos y defensores ambientales en 2023, muchos de sus familiares fueron desplazados de forma forzada por los mismos grupos armados que cometieron los crímenes. Migraron a Estados Unidos en busca de seguridad, y hoy se enfrentan al miedo de retornar a un territorio en el que la sangre continúa corriendo.
Entre sobrinos, hijos y vecinos, Abril [nombre ficticio por motivos de seguridad] se tuvo que despedir de dos decenas de personas tras el asesinato de dos integrantes de su familia. La amenaza era clara se iban o los mataban. Ahora con la publicitada campaña de deportación que promueve la Casa Blanca, Abril teme que sean asesinados en caso de retornar. En su misma comunidad están quienes informan las idas y venidas de su familia a los grupos sicariales.
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Si bien, el Bajo Aguán es una de las zonas que reportan mayor número de acciones violentas contra la población campesina a manos de grupos criminales organizados, esta no es la única. En los populosos barrios y colonias de las principales ciudades del país se cierne la misma amenaza: huir o morir.
Esta semana medios de comunicación reportaron el asesinato de una persona, en La Ceiba, Atlántida, que fue deportada hace menos de 15 días. Ante esta realidad, Criterio.hn consultó con organizaciones qué protocolo se está siguiendo para salvaguardar la vida de las personas retornadas.
HONDURAS DEBE FORTALECER LA PROTECCIÓN A MIGRANTES RETORNADOS
Elsy Liliana Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al ser consultada por Criterio.hn explicó que actualmente el trabajo de identificación de hondureñas y hondureños con necesidades de protección recae en personal de la cooperación internacional y si bien estos hacen esfuerzos, la responsabilidad directa es del Estado.
Reyes señaló que sigue pendiente de aprobación, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería), un protocolo para la atención de las personas retornadas con necesidades de protección.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh especificó que de acuerdo a cifras de la misma Cancillería, al menos un tres por ciento de los migrantes retornados presentan necesidades de protección y asistencia humanitaria para su reubicación al no poder regresar a sus comunidades de origen.
Explicó que la hondureña u hondureño que retorna a Honduras tras haber salido a causa de la extorsión, las amenazas, asesinatos de familiares o que fueron despojados de sus viviendas, regresan al país en una situación de vulnerabilidad extrema, en la que si llega a su domicilio o a la comunidad de la que salió no solamente corre riesgo su vida, sino también la de su familia.
Mercedes Pérez, gerente del programa de movilidad humana de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), relató que personas con necesidad de protección por amenazas de grupos criminales, vienen en la mayoría de los vuelos por lo que es urgente la activación de un mecanismo de protección.
Pérez señaló que desde CASM, a través del Programa Gestión de Movilidad Humana, han referido casos de personas con necesidad de protección al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego para Refugiados y la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, una de las principales limitantes para identificarles es el miedo.
Usualmente, explica Pérez, quienes identifican a las personas migrantes con necesidad de protección es el equipo de psicologas que detectan comportamientos de temor, lo que les permite ahondar y preguntar qué ocurre. Estos casos son derivados a las organizaciones arriba expuestas.
EL RETO DE IDENTIFICAR A LAS PERSONAS RETORNADAS EN RIESGO
Tanto Elsy Liliana Reyes del Conadeh, como Mercedes Pérez de CASM, coinciden en la necesidad de contar con mayor presencia de la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección para la Protección a las Personas Desplazadas Internas, en los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) y de esta forma coordinar e implementar una respuesta para las personas retornadas con necesidad de protección.
“[E]l problema es que si llega la persona, pide protección, pero no se le da la asistencia inmediata, esta persona al verse sola, abandonada, continua su ruta a su lugar de origen o busca otro lugar para protegerse, pero lamentablemente terminan siendo asesinados”, advirtió Mercedes Pérez de CASM.
César Castillo, director del Observatorio para las Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), dijo a Criterio.hn que es necesario investigar las condiciones en que salieron y retornan las y los hondureños, para de esta forma aplicar protocolos diferenciados a aquellas personas que fueron desplazados por violencia y no es posible su retorno a las comunidades de origen.
Al igual que Mercedes Pérez de CASM, Castillo señaló que identificar a las personas con necesidades de protección es un reto, debido a que muchas y muchos por temor no proporcionan información sobre su condición de seguridad. “[A]quí el esfuerzo es cómo lograr la confianza de estas personas y tener un plan de trabajo muy específico en el tema de seguridad para poder apoyar a estas poblaciones”, compartió.
