Los antecedentes de elecciones polémicas, como las de 2013 y 2017, vuelven a resonar en un proceso marcado por tensiones, denuncias y márgenes mínimos entre los candidatos. En ese sentido, analistas advierten que, sin cambios estructurales, Honduras seguirá enfrentando elecciones cuestionadas y autoridades electas con baja legitimidad.
Tegucigalpa, Honduras. –Sin segunda vuelta electoral, las constantes demoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para divulgar los resultados de las elecciones generales, los márgenes estrechos entre los candidatos presidenciales y las crisis recurrentes dentro del órgano electoral han reavivado la necesidad de aprobar reformas electorales para garantizar procesos transparentes, legítimos y confiables, y, por qué no, una nueva ley electoral.
Los resultados preliminares han mostrado una disputa cerrada por la presidencia entre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, y Nasry Asfura, candidato del presidente estadounidense Donald Trump.
Nasry Asfura sigue a la cabeza en el último conteo de votos, revelado hoy viernes 5 de diciembre a las 9:30 a.m., con una ventaja de 20,458 votos sobre el candidato liberal, Salvador Nasralla.
Tras los reñidos resultados preliminares por la Presidencia de la República, el exfiscal y extitular de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC), Edmundo Orellana Mercado, sugirió que Honduras debe implementar la segunda vuelta presidencial.
En su cuenta de X escribió que “sin segunda vuelta electoral, los resultados de esta votación a nivel presidencial, serán, inevitablemente, objeto de cuestionamientos por el escaso margen entre los candidatos”.
En el mismo mensaje sugirió que el nuevo Congreso “tendrá que priorizar la incorporación de la segunda vuelta electoral en la Constitución”.
El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, coincide en que la segunda vuelta debe ser prioridad legislativa. Señala que este mecanismo garantiza que el presidente electo alcance más del 50% de los votos, lo que fortalecería su legitimidad.
Aguilar recordó que la mayoría de presidentes hondureños han sido electos con menos del 40% del electorado habilitado. La única excepción ha sido Xiomara Castro en 2021.
La segunda vuelta permitiría que, si ningún candidato logra mayoría absoluta en los comicios generales, los dos más votados participen en una segunda elección. Esto reduciría las dudas y tensiones que actualmente generan los márgenes estrechos entre contendientes.
Según datos del extinto TSE, en 2013 Juan Orlando Hernández ganó la presidencia con solo el 36.89% de los votos, frente al 28.78% de Xiomara Castro. En 2017, Hernández volvió a ganar, con 42.95%, pese a la ilegalidad de su reelección y a las posteriores acusaciones de narcotráfico que derivaron en una condena de 45 años en Estados Unidos, de la cual fue indultado posteriormente por Donald Trump el pasado 28 de noviembre de 2025.
Ese proceso electoral estuvo marcado por denuncias de fraude, especialmente por el polémico conteo de “votos rurales”, que dejó atrás a Salvador Nasralla, quien obtuvo el 41.42% como candidato de la Alianza de Oposición.
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CONGRESO NACIONAL NO DIO PRIORIDAD A REFORMAS ELECTORALES
Pese a estos antecedentes, el Congreso Nacional no priorizó la aprobación de reformas electorales en los últimos años. Entre las propuestas olvidadas estaban la segunda vuelta, la separación de elecciones legislativas y presidenciales, y la ciudadanización de las mesas electorales.
Analistas señalaron que la falta de voluntad política y los pactos entre cúpulas partidarias han frenado los cambios necesarios para modernizar el sistema electoral.
En febrero de 2022, el diputado liberal Yuri Sabas presentó un proyecto de reformas que terminó estancado en la Comisión de Asuntos Electorales. La iniciativa incluía la segunda vuelta, regulación de períodos para alcaldes y congresistas, y la reducción del número de curules en el Legislativo.
Entre los alcaldes que han permanecido más de cuatro periodos –y que han sido reelectos para otros cuatro años – están Nahum Cálix, Carlos Miranda y Alexander López.
Estos cambios implican reformas constitucionales, lo cual exige 86 votos y ratificación en la siguiente legislatura, algo difícil en un Congreso profundamente dividido.
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Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), dijo a Criterio.hn que los diputados del actual Congreso Nacional han quedado a deber, especialmente en materia de reformas electorales que garanticen procesos transparentes.
Acevedo añadió que la ciudadanía debe asumir un rol más activo para exigir cambios de fondo y recordar a los políticos que se deben al pueblo, no a sus intereses partidarios.
Frente al clima de tensión y desconfianza que rodea estos comicios, los analistas reiteran que Honduras necesita transformar su sistema electoral, antes de que la falta de legitimidad profundice aún más la crisis política y la fractura social del país.
