El Centro de Monitoreo Digital se implementaría por primera vez, para verificar inversiones realizadas en redes sociales por parte de los precandidatos. Mientras un informe de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), señala que las estadísticas de la plataforma Meta revelan que la inversión, por parte de aspirantes a cargos de elección popular, en pauta digital supera el millón de lempiras.
Tegucigalpa, Honduras. -La comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Ivonne Ardón, confirmó este miércoles que la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender temporalmente la ayuda externa ha afectado el desarrollo del Centro de Monitoreo Digital.
El Centro de Monitoreo Digital estaba diseñado para cuantificar las inversiones realizadas en redes sociales por parte de los precandidatos y precandidatas que promocionan sus campañas electorales. Según Ardón, esta iniciativa permitía evaluar el uso de recursos en publicidad digital, un ámbito cada vez más relevante en las contiendas electorales modernas.
La funcionaria explicó que con el software los procesos de fiscalización de redes sociales se simplificarían, porque con sólo ingresar el nombre del o la precandidata se podría rastrear todas las redes sociales y con ello se podría cuantificar las inversiones que se hacen en pautas publicitarias.
Ardón informó que fue notificada por el embajador de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales en Honduras (IFES) sobre la suspensión del proyecto «de momento». Esto implica una paralización de actividades en un momento clave para su implementación.
«Nosotros teníamos varios proyectos que estaban siendo financiados con fondos de USAID y ahora debemos esperar una contra orden para que se retome el proyecto», señaló Ardón, reflejando la incertidumbre que genera esta situación en la Unidad de Política Limpia y otros organismos involucrados.
El proyecto se encontraba en la fase de lanzamiento y capacitación del personal encargado de su operación. La suspensión ha detenido estos esfuerzos, lo que representa un retraso en la fiscalización de los gastos de campaña en redes sociales.
Días atrás, Criterio.hn solicitó a la Unidad de Política Limpia un informe o auditorías relacionadas con la inversión en redes sociales durante los procesos electorales de 2017 y 2021. No obstante, estas acciones no se realizaron debido a que las reformas necesarias fueron introducidas recientemente por el nuevo pleno de comisionados.
Lea: Crisis de Transparencia: sólo el 6% de aspirantes a cargos públicos acredita cuentas bancarias
PRECANDIDATOS HAN INVERTIDO MÁS DE UN MILLÓN EN PAUTAS EN RRSS
La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presentó un informe sobre los gastos de campaña electorales de las y los precandidatos a cargos de elección popular. De acuerdo, a la RED se han llevado a cabo aproximadamente 291 eventos hasta la fecha, con un gasto estimado de 19 millones de lempiras en actividades de campaña electoral. Este monto incluye inversiones en publicidad tradicional, impresión de afiches, organización de eventos públicos y, más recientemente, publicidad en redes sociales y medios alternativos de apoyo al gobierno.
De igual manera, expusieron que las estadísticas de la plataforma Meta (Facebook, Instagram, Treads y WhatsApp) revelan que la inversión en pauta digital supera el millón de lempiras, lo cual refleja una creciente apuesta por las plataformas digitales en la estrategia electoral.
Sin embargo, la falta de información sobre el uso de recursos en campañas pasadas genera preocupación sobre la transparencia en el financiamiento electoral. La implementación del Centro de Monitoreo Digital pretendía subsanar esta deficiencia, pero ahora su futuro es incierto.
Expertos en transparencia electoral han advertido que la suspensión de este proyecto podría afectar el control sobre el financiamiento político, permitiendo que candidatos y partidos continúen gastando sin regulación en publicidad digital.
Mientras tanto, la Unidad de Política Limpia continuará buscando alternativas para retomar la iniciativa y garantizar que los procesos electorales cuenten con mecanismos adecuados de fiscalización en el ámbito digital.
