Tegucigalpa, Honduras — Tras el asesinato de un miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y que un elemento de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público haya salido herido en una operación para capturar a dos líderes del clan «Urbina Soto,» solicitados en extradición por Estados Unidos, la institución castrense anunció la intervención del departamento de Yoro, al norte de Honduras.
El hecho ocurrió el pasado 26 de junio, precisamente en la aldea Ayapa, ubicada en Yoro. En el lugar, elementos militares se disponían a allanar una vivienda en la que se encontraban Carlos Fernando y Miguel Urbina Soto, líderes del clan ‘Urbina Soto‘, pero estos lograron huir después de un enfrentamiento armado en el que pereció el sargento Jonny Aníbal Escobar.
Luego de que los líderes del clan ‘Urbina Soto’, por quienes las autoridades ofrecen un millón de lempiras de recompensa respectivamente a cambio de información (500 mil por cada uno, lograran persuadir a los cuerpos de seguridad, la institución castrense, a través de su departamento de prensa, anunció la intervención completa del departamento.
Esta intervención viene de la mano de la operación ‘Candado’, que en pocas palabras se trata del cierre de todas las vías, incluyendo puntos ciegos, que dan acceso a la comarca. Además, consiste en la revisión minuciosa de todos medios de transporte que intenten ingresar o salir de Sulaco y Victoria, municipios de Yoro.
“Ya decomisamos la camioneta blindada en la que huyeron estas personas, también les quitamos armas de grueso calibre. Ya tenemos operación de cierre del sector, tenemos cerradas todas las posibles rutas de escape de la zona, para obtener resultados en lo más pronto posible”, mencionó en medios de comunicación José Cuello, portavoz de la Policía Militar de Orden Público.
Miguel y Carlos son hermanos de Arnaldo Urbina Soto, quien de la mano del Partido Nacional logró consolidar dos periodos consecutivos como alcalde de Yoro (2006-2014). El 27 de julio del año en que dejó la alcaldía fue arrestado y acusado de lavado de activos, tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y otros delitos relacionados.
En 2017, Urbina Soto fue declarado culpable de lavado de activos y en 2020 fue condenado a 16 años de prisión. Sin embargo, en 2022, la Sala de lo Penal del Poder Judicial dictó un sobreseimiento definitivo para iniciar el proceso de extradición hacia EE.UU., el cual se concretó en enero de 2023, durante el gobierno de Xiomara Castro.
Puede leer: Reducción de los homicidios de transportistas es atribuida al pago de extorsión, no a acciones de las autoridades
SIN INVESTIGACIÓN NO HAY RESULTADOS
Aunque la Policía Militar anunció que intensificará operaciones para dar con la captura de los líderes del clan ‘Urbina Soto’, el proceso carecería de efectividad, como quedó evidenciado en el primer intento de arresto. Esto se debe a que la institución no cuenta con la capacidad para concretar y llevar a cabo investigaciones, aunque los operativos sean respaldados por el Ministerio Público.
La medida es una reacción policial y militar ante la violencia, lo cual es comprensible, pero sin una previa investigación sobre las causas, seguiremos interviniendo sin obtener resultados positivos significativos”, opinó Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Javier Acevedo, director del Ciprodeh, mencionó que han recibido quejas sobre abusos cometidos por policías y militares desde que las medidas de seguridad se tornaron más rigurosas en el país. (Foto: Horacio Lorca)
Acevedo, defensor de los derechos humanos, aseguró que cualquier intervención dirigida por la Policía Militar contará con poca o nula efectividad porque esa institución no cuenta ni con la preparación ni con un departamento dedicado a la investigación, como la Dirección Policial de Investigación (DPI) de la Policía Nacional.
Sin embargo, aunque la Policía Nacional sí cuente con esta dependencia, los uniformados que la componen no son tan efectivos. Ha quedado demostrado que algunos de ellos tienen vínculos con la criminalidad. Como evidencia de ello, en 2024 más de 10 uniformados están siendo procesados judicialmente por cometer ilegalidades en ejercicio de sus funciones.
También lea: Unificación de fiscalías anticorrupción será la estocada final a la Uferco
¿SON EFECTIVAS LAS INTERVENCIONES?
Aunque las intervenciones ejecutadas por policías y militares puedan tener una respuesta medianamente funcional, nunca han rendido cuentas oficialmente sobre los hallazgos, logros y obstáculos encontrados. Esta falta de transparencia dificulta evaluar la efectividad de estas acciones. A pesar de no demostrar ser eficaces, continúan implementándolas.
Desde mediados de 2022, cuando comenzó la primera fase del Plan Solución Contra el Crimen, hasta la actualidad, la Policía Militar ha realizado intervenciones en varios departamentos como Colón, Olancho, El Paraíso, Atlántida, Copán, Yoro, Francisco Morazán y Cortés. Sin embargo, nunca ha rendido cuentas de sus acciones, y además de eso, resulta inconstitucional asignar esta tarea a las Fuerzas Armadas.
Permitir que los militares orquesten operativos es inconstitucional según el artículo 272 de la Constitución de la República, que establece que las Fuerzas Armadas deben cooperar con la Policía Nacional para conservar el orden público.
«Además de ser una estrategia inconstitucional, la falta de rendición de cuentas es un claro indicio de opacidad y de que algo no está funcionando correctamente. Las autoridades deben ser más estratégicas para evitar caer continuamente en estos errores ineficaces», opinó el analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid.
