En el proyecto de Presupuesto General de la República para el año fiscal 2025, se contempla una línea presupuestaria de 7,909 millones de lempiras en la que se incluye la construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, la creación de mil plazas para agentes penitenciarios y la construcción de siete dormitorios para estos agentes.
El INP se reservó dar información sobre el presupuesto para la obra, argumentando que existe una reserva de información otorgada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
No obstante, el dictamen legal que realizó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se negó a reservar la información referente a Presupuesto de Actividades que incluye: cantidades de obra, términos de referencia, nombres de diseñadores, ingenieros y arquitectos que participaron en el diseño y construcción de las edificaciones de los centros penitenciarios del país.
Tegucigalpa, Honduras. – Durante más de un año, el Gobierno de Honduras ha anunciado la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, ubicadas en el mar Caribe, hasta el 8 de septiembre de 2024 no se conocía de dónde saldrían los fondos para financiar el proyecto. No fue sino hasta la aprobación del presupuesto para el 2025 que se asignó una partida específica para la edificación de esta obra.
Sin contar con una partida presupuestaria el Gobierno de Honduras inició procesos para construir cárcel en Islas del Cisne. Aunque esta acción no es ilegal porque no se pudo adjudicar la obra, no obstante, si se hubiese adjudicado antes de aprobarse el presupuesto se corría el riesgo de que el proceso se declarara ilegal.
Durante 2024 se realizaron dos procesos de licitación para que las empresas interesadas en la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne participarán. Sin embargo, ambos procesos se declararon fracasados.
El anuncio del centro penitenciario, en el que se pretende albergar 2,000 privados de libertad, fue recibido con escepticismo desde su inicio debido a la opacidad en torno al financiamiento del proyecto, los procesos de licitación, los altos costos para su edificación y mantenimiento, y los daños ambientales que provocaría la obra.
Hasta el 9 de septiembre de 2024, fecha en la que la presidenta Xiomara Castro y el Consejo de Secretarios de Estado aprobaron el proyecto presupuesto para 2025, el Gobierno de Honduras creó una línea presupuestaria asignada para la edificación de la millonaria obra que se construiría en las Islas del Cisne.
Pie de foto: Secretarías que conforman el Gabinete de Defensa y Seguridad desconocían fuente de financiamiento para construcción de cárcel de máxima seguridad en Isla del Cisne.
SECRETARÍAS DE ESTADO DESCONOCIAN CÓMO SE FINANCIARÍA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCEL EN ISLAS DEL CISNE
El 25 de marzo de 2024, Criterio.hn realizó una verificación sobre los costos y el origen de los fondos para la construcción de un centro de máxima seguridad en la Isla del Cisne.
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Sin embargo, este medio digital realizó múltiples solicitudes de información a distintas entidades gubernamentales para obtener detalles sobre el origen de los fondos, pero las respuestas han sido evasivas o incompletas.
La primera solicitud se realizó el 18 de enero de 2024, a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a quién se le solicitó “determinar el monto del presupuesto para la construcción del centro penitenciario de máxima seguridad a construirse en las lslas del Cisne” y “determinar el origen de los fondos por Secretaría de Estado para la construcción del centro penitenciario de máxima seguridad en lslas del Cisne”.
La respuesta de Sedena fue que Secretaría informó que el proyecto de construcción se encontraba en una etapa de “formulación”, lo que significaba que aún no se había determinado el monto necesario para llevarlo a cabo. Además, declararon que no se había generado información adicional sobre el desarrollo del centro penitenciario.
El 22 de enero de 2024, se le consultó a la Secretaría de Finanzas si existía una partida presupuestaria para la construcción del centro penitenciario, su respuesta fue que, hasta esa fecha dentro del Presupuesto General de ingresos y egresos de la República, para el año 2024 no se contemplaba una partida presupuestaria específica para la obra en mención.
Por otro lado, la Secretaría de Seguridad se limitó a contestar que “no corresponde” a esa institución dar respuesta a la petición.
También, se le consultó al Instituto Nacional Penitenciario (INP) el costo y el origen de los fondos para la construcción de la obra, no obstante, informaron que todo lo referente a la cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne se encuentra clasificada como reservada bajo la resolución del Instituto de Acceso a la Información (IAIP).
Nuevamente este medio digital, en agosto de 2024, solicitó el monto del presupuesto para la construcción del centro penitenciario de máxima seguridad a construirse en Islas del Cisne y del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE).
El INP respondió que “se solicitó a la Unidad de Infraestructura, quienes mediante Memorándum N* UNIF-INP189-2024, manifiestan, que no tienen acceso al presupuesto asignado para cada uno de los Centros Penitenciarios solicitados en la consulta”.
Además, señalan que los valores corresponden a asignación presupuestaria para el estudio, diseño, construcción y equipamiento de cada centro penitenciario “cuyo valor final será determinado conforme a la propuesta de diseño que las empresas que participan en los procesos de contratación presenten en los procesos, que para tal efecto se están llevando a cabo”.
Para el abogado penalista y exdirector de Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, que ninguna de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad diera información o no tuviera conocimiento de dónde saldría el dinero destinado a la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne denota la mala planificación para la edificación de estas obras.
De igual manera, cuestionó que se realizará los procesos de licitación –mismos que fueron declarados fracasados— sin tener una línea presupuestaria destinada exclusivamente a la construcción de estos centros penitenciarios.
“Las disposiciones de la Administración Pública sobre esos temas son muy puntuales, y no se puede iniciar un proceso de licitación si no tiene la disponibilidad presupuestaria aprobada por la Secretaría de Finanzas en su institución respectiva o secretaría”, argumentó el analista.
El abogado penalista y analista político, Henry Salinas, explicó que es irresponsable e incoherente publicar un proceso de licitación si no se tiene una línea presupuestaria definida, porque detrás de toda licitación existe una planificación.
En pláticas con este medio digital el profesional del derecho reclamó que a estas alturas “se debería tener una propuesta y un diseño técnico de cómo se va a construir y cuántos recursos se necesita, pero si está lanzando licitación sin tener certeza de cuánto va a costar, creo que es una mala práctica”.
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PRESUPUESTO NO PUEDE SER CLASIFICADO COMO INFORMACIÓN RESERVADA
En consecuencia Criterio.hn solicitó al INP y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) la resolución, en la que se solicitaba la reserva de la información sobre lo referente a la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, para corroborar si los costos y el financiamiento de la construcción entra en la reserva de información.
En el documento el Instituto Nacional Penitenciario (INP) solicita al IAIP reservar todo lo referente a: planos arquitectónicos –incluyendo datos como el presupuesto—, estado de fuerza de seguridad penitenciaria, informes de información de inteligencia penitenciaria, planes de seguridad.
En el dictamen legal que realizó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se negó a reservar la información referente a Presupuesto de Actividades que incluye: cantidades de obra, términos de referencia, nombres de diseñadores, ingenieros y arquitectos que participaron en el diseño y construcción de las edificaciones de los centros penitenciarios del país.
“Ya que dichos elementos, no son susceptibles de reserva de información en vista que la información de naturaleza “presupuestaria” siempre ostentara el principio de público, así mismo, las cantidades de las obras, los términos de referencia de la obra que se pretende construir y las empresas o personas que ejecutan la obra, también es información que prima bajo el principio de publicidad ya que en el caso específico, estos últimos son pagados con fondo públicos que son productos del tesoro nacional”, fue parte de la resolución del IAIP.
En ese sentido, el IAIP expone que corresponde al Estado de Honduras, a través de sus órganos competentes, la tutela o garantía de la seguridad como un derecho fundamental, pero la tutela de este derecho no se obtiene con la vulneración de la garantía del derecho del acceso a la información pública del colectivo social, “por lo tanto, esta unidad legal, es del criterio que la información aludida en el presente numeral no debe ser clasificada como reservada”.
