A más de dos semanas de celebrado los comicios electorales, el retraso en el escrutinio especial y las decisiones del CNE mantienen al país sin resultados oficiales.
El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) advierte que sin una revisión total de las actas con inconsistencias no existe certeza ni legitimidad en los resultados de las elecciones del 30 de noviembre.
Tegucigalpa, Honduras. –18 días después de las elecciones generales, Honduras sigue sin resultados oficiales, sumando a ello los constantes retrasos para el conteo especial de votos, ante esto el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) advirtió que, sin una revisión integral de las actas con inconsistencias, no existe certeza ni un cierre legítimo del proceso electoral derivado de los comicios celebrados el 30 de noviembre.
La organización expresó su profunda preocupación por el desarrollo del escrutinio especial, especialmente en un escenario marcado por un margen muy ajustado entre los candidatos Nasry Asfura Zablah, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y un volumen significativo de actas cuestionadas por los propios partidos políticos.

En el comunicado señalan que la incertidumbre actual tiene su origen en decisiones adoptadas durante la etapa de transmisión de resultados, entre ellas la eliminación de mecanismos de validación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
De igual manera, indican que el incumplimiento del acuerdo aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) que ordenaba la verificación visual del 100% de las actas publicadas, una medida clave para garantizar la transparencia y confianza en los resultados del proceso electoral.
La omisión de estos controles, advirtió el centro de estudios, trasladó al escrutinio especial una incertidumbre que pudo evitarse y que hoy pone en entredicho la confianza ciudadana en los resultados del proceso electoral.
Esta situación, añade el posicionamiento, se refleja en un clima de conflictividad social que no puede ni debe normalizarse, por los riesgos que implica para la estabilidad democrática e institucional del país.
En ese contexto, el Cespad condenó de forma enérgica toda manifestación de violencia ocurrida en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro de Logística Electoral (CLE) del CNE, incluida aquella ejercida contra manifestantes, y exigió la protección inmediata del personal, del material electoral y de los espacios destinados al escrutinio especial.
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REVISIÓN, RECUENTO Y VERIFICACIÓN DE ACTAS ES UN MANDATO LEGAL
La organización recordó que la revisión, el recuento y la verificación de actas no dependen de la voluntad política del órgano electoral, sino que constituyen un mandato legal expreso establecido en los artículos del 294 al 296 de la Ley Electoral.
De acuerdo con esta normativa, el CNE tiene la competencia exclusiva para realizar revisiones y recuentos especiales, ya sea de oficio o a petición de parte, cuando existan inconsistencias objetivas debidamente identificadas.

Entre las inconsistencias señaladas se incluyen problemas relacionados con el sistema biométrico, falta de firmas, errores aritméticos y actas no recibidas, un volumen que, a juicio del centro de estudios, no puede considerarse marginal ni irrelevante.
Pese a ello, el CNE decidió iniciar el escrutinio especial de oficio únicamente con 1,081 actas, sin ofrecer una explicación pública clara sobre los criterios técnicos y jurídicos utilizados para esa selección.
El 14 de diciembre, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, informó que en decisión el pleno decidió iniciar de oficio el escrutinio especial con 1,081 maletas correspondientes al nivel electivo presidencial, aclarando que en ningún momento se estableció que esas serían las únicas sometidas a este proceso.
“Nadie dijo que serían las únicas que irían a escrutinio especial en ese nivel electivo. Es más, ni siquiera se habló aún de las solicitudes de escrutinios especiales cuyo plazo de presentación vence mañana (15 de diciembre); ni se han hecho los análisis de lo que corresponde conforme a Ley, en las impugnaciones ya presentadas”, escribió en su cuenta de X –antes Twitter—.
Esta decisión, subrayó el Cespad, se agrava al haberse ordenado el inicio del escrutinio especial mientras persistían denuncias sobre entregas tardías o irregulares de credenciales a los representantes de los partidos políticos.
Ante este escenario, la organización hizo un llamado urgente a la sensatez y a la responsabilidad democrática de todos los actores involucrados en el proceso electoral.
Al respecto, la organización de sociedad civil demandó el cumplimiento estricto del artículo 294 de la Ley Electoral, sin decisiones políticas o selectivas, mediante la autorización integral de las revisiones y recuentos especiales de todas las actas con inconsistencias verificables.
Además, exigió la garantía de igualdad de participación en el escrutinio especial, a través de la acreditación oportuna de los representantes partidarios y la emisión y aceptación inmediata de credenciales por parte del CNE.
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Finalmente, el CESPAD reiteró que la defensa del voto no pertenece a ningún partido ni a negociaciones políticas privadas, sino que es un derecho de la ciudadanía hondureña, y afirmó que solo una verificación plena, transparente y conforme a la ley permitirá que el resultado final refleje sin dudas e incertidumbre la voluntad soberana del pueblo expresado en las urnas el pasado 30 de noviembre.




