Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El perito siquiatra de la Sección de Evaluación Mental del Ministerio Público, Fernando Medina Riera, estaría prejuiciado y no podría ser perito en el juicio sobre la muerte violenta del abogado Eduardo Montes Manzano y del imputado, Rigoberto Paredes Vélez.
Este martes durante el juicio oral y público, celebrado en la Sala IV del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Medina Riera dijo que por la rapidez del caso no pudo aplicar las pruebas psiquiátricas al imputado y manifestó además haber visto un video mediante el cual Paredes Vélez le da muerte a Montes Manzano.
El artículo 241 del Código Procesal Penal en su numeral 3 establece que no puede actuar como perito quienes hayan presenciado el hecho sometido a investigación.
El siquiatra insistió en varias oportunidades en que Paredes Vélez cometió el hecho en su sano juicio, por lo que a su juicio es una persona mentalmente capaz. La insistencia del perito desconcertó a la defensa porque el imputado ha aceptado los hechos, e incluso hasta ha pedido perdón.
A juicio de la abogada, Kenia Oliva, la Fiscalía ya no debe enfrascarse en ese tema y lamentó que Medina Riera haya hecho una serie de conclusiones que sólo se pueden obtener al aplicar pruebas.
“El perito también, en sus expresiones ha dado sus opiniones y ha hecho juicios de valor, respecto a la personalidad de Rigoberto, entonces, para esta defensa es muy claro, que está prejuiciado, que tiene un interés en el juicio”, expresó Oliva.
La abogada añadió que el perito debió admitir que al no haber aplicado las pruebas no podía llegar a las conclusiones que ampliamente vertió en el Tribunal y que no se ven reflejadas en el documento.
Nota relacionada Asesinan a abogado defensor de vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez
“El peritaje del siquiatra está totalmente parcializado y lo ha hecho de manera inadecuada”, señaló Oliva.
La defensa pide a la Fiscalía que ya no siga presentando argumentos sobre el aspecto siquiátrico y sicológicos de Paredes Vélez, “La Fiscalía ya no tiene más que investigar, la Fiscalía lo único que debería probar aquí, es si se cumplen las características de tipo penal que está imputando”, insistió Kenia Oliva.
El juicio oral y público para presentar las evidencias sicológicas y siquiátricas, inició este martes a las 10:15 de la mañana. Se suspendió a las 12:00 del mediodía por el almuerzo y reinició a las 2:00 de la tarde, con la exposición del consultor siquiátrico de la defensa, Carlos Sosa Coello, quien hizo una amplia valoración del comportamiento siquiátrico del imputado.
Sosa Coello, quien es un reconocido siquiatra hondureño, apuntó que Paredes Vélez cometió el hecho en momentos en que atravesaba una crisis de depresión a raíz de la muerte de su padre, el escritor Rigoberto Paredes y porque su novia se iba para España a cursar estudios de maestría.
Atribuyó que su depresión se originó al ver en los medios de comunicación las publicaciones sobre el saqueo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y al pensar que su padre murió porque no encontró el medicamento y la atención que le aseguraran su sobrevivencia.
Rigoberto Paredes es hijo de los escritores, el extinto Rigoberto Paredes y Anarella Vélez Osejo, quien este día al ser abordada por la prensa no contuvo las lágrimas, pues está consiente que su hijo pasará varios años bajo prisión, acusado por homicidio o por asesinato.
Vélez Osejo recuerda a su hijo como un niño, un joven y un hombre de carácter tranquilo y sobre todo muy habilidoso para las matemáticas y las artes, especialmente para la pintura.
Dijo además que probablemente su único error fue amar demasiado a Rigoberto, a quien ha amado desde siempre porque fue un hijo planificado.
Rigoberto Paredes Vélez se declaró culpable desde un inicio de haber dado muerte de varias puñaladas al abogado Eduardo Montes Manzano, el 16 de septiembre de 2015, en uno de los edificios de las Torres Metrópolis, ubicadas en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa
Montes Manzano era abogado defensor de la familia Gutiérrez Arévalo, propietarios de la empresa Astropharma, señalada por actos de corrupción por la venta irregular y adulteración de medicamentos al Estado.
