El ajuste al salario mínimo no se aprobó antes del cambio de gobierno, pese a que era una decisión prevista. El retraso deja a los trabajadores comenzando el año con un salario que ya no alcanza para cubrir el costo actual de la vida, mientras la negociación queda en manos de la nueva administración.
Por: Doris Sánchez
Tegucigalpa.- El salario mínimo comenzó el año sin un ajuste aprobado, luego que la administración saliente dejara pendiente esta decisión. El proceso, que se realiza de manera periódica, y deberá ser retomado por el nuevo gobierno. Mientras tanto, el ingreso mínimo se mantiene sin cambios frente a las variaciones en el costo de vida.
Las negociaciones para el ajuste del salario mínimo de 2026 comenzarán una vez que el nuevo gobierno y sus autoridades tomen posesión. La administración saliente no aprobó ningún aumento anticipado, dejando esta decisión pendiente para las nuevas autoridades. Esto retrasa un proceso que afecta únicamente a los trabajadores, que verán cómo su poder adquisitivo se debilita frente a la inflación.
La economista Liliana Castillo, explicó que, “entre más tiempo se demore en llegar a un acuerdo, más va afectar a la clase trabajadora, porque ellos siguen exigiendo su sueldo en ese ajuste, y ese sueldo ya está perdiendo poder adquisitivo.
Además, manifiesta que el problema es que, aunque por ley el ajuste al salario mínimo se define por el número de trabajadores, sólo el 50% de las empresas realmente lo aplican. Las pequeñas y algunas medianas empresas, al ser tan pequeñas o no tener suficiente solvencia, no hacen el ajuste, aunque deberían hacerlo. La ley existe, pero no todas las empresas la cumplen.
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El retraso en aprobar el aumento no es algo inesperado ni extraordinario. La revisión del salario mínimo es un proceso periódico, con criterios claros y cifras conocidas. Aun así, la administración saliente deja la responsabilidad a la nueva gestión, sin aprobar un aumento provisional o un mecanismo automático. Los únicos afectados por esta decisión son los trabajadores.
LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE DEJA SIN RESOLVER EL AJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO
Que este ajuste del salario mínimo quede pendiente refleja la falta de previsión en la política salarial. El ingreso mínimo no solo define la economía doméstica, también influye en el consumo general. La falta de actualización afecta directamente el bolsillo de los trabajadores y no genera ningún efecto negativo sobre el gobierno ni sobre las empresas que cumplen con la ley.
El economista Martín Barahona quien manifestó que no aprobar el ajuste del salario mínimo por falta de voluntad política, es un acto de irresponsabilidad.
El no haberle dado a ese tema la importancia para poderlo dejar avanzado o ya resuelto, pero el tema salarial y el tema del empleo no fue una prioridad para este gobierno, no le dieron importancia. Se pasaron los cuatro años sin darle la importancia del caso; así empezaron, así continuaron y así se van.
Barahona enfatiza que, a este tema no le dieron prioridad y entonces el sector laboral tampoco se movilizó. El sector laboral no hizo bulla, no exigió; las centrales obreras no se pronunciaron ni exigieron que también a ellos los atendieran. Y no solo lo del ajuste, sino también el tema del trabajo en general para la población: no fue un tema prioritario ni para el Poder Ejecutivo ni para el Poder Legislativo.
Ahí está el tema de la ley del empleo por hora: la derogaron, pero nunca más se volvieron a enterar. Según ellos, con derogar una ley ya estaba resuelto, y se engañaron, porque no es así.
Asimismo, manifiesta que, los trabajadores que dependen de este aumento del salario mínimo, se ven perjudicados, porque el ajuste salarial es una cuestión necesaria para la recuperación de una parte del poder adquisitivo. Hay que decir siempre que los reajustes salariales comprenden solo a una parte de los trabajadores en Honduras, que es el sector formal de la economía. La gran masa de trabajadores no está ni siquiera asalariada, sino que pertenece al sector informal.
El retraso también reduce el tiempo disponible para la negociación del nuevo ajuste. La nueva gestión tendrá que revisar los indicadores económicos, evaluar la inflación y definir un aumento que ya debería haberse aprobado.
Aunque los montos y porcentajes de aumento son relevantes para ampliar la información, no son el punto central. Los incrementos del año pasado, según la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), mostraron ajustes según tamaño de empresa y actividad económica. Sin embargo, estos datos son secundarios frente a la omisión de aprobar el ajuste de manera oportuna.
Por ejemplo, las empresas de 1 a 10 trabajadores tuvieron un aumento aproximado de 632 lempiras, pasando de 11,560 lempiras a 12,192 lempiras, según la STSS. En empresas de 11 a 50 trabajadores, el incremento fue de cerca de 663 lempiras. Para los segmentos de 51 a 150 y 151 o más trabajadores, los aumentos fueron de 912 y 1,104 lempiras. Estos números contextualizan, pero no cambian la afectación principal.
En cifras generales, los salarios mínimos quedaron en 12,300 lempiras para empresas de 1 a 10 trabajadores; 12,900 lempiras para 11 a 50 trabajadores; 15,300 lempiras para 51 a 150 trabajadores; y 17,300 lempiras para empresas de 151 empleados o más, según la STSS. Los promedios reflejan la estructura vigente en 2025 y permiten proyectar incrementos. Pero su relevancia queda subordinada a la omisión de la administración saliente, que es el problema central para los trabajadores.
Durante 2025, el salario mínimo promedio fue de 13,985.16 lempiras, de acuerdo con la STSS. Con la inflación del año pasado, la compensación base proyectada supera los 696.46 lempiras. Estos cálculos muestran que los trabajadores ya sufren una pérdida de poder adquisitivo. La decisión pendiente para 2026 significa que esta situación continuará hasta que se apruebe un nuevo ajuste.
El ajuste del salario mínimo para 2026 será uno de los primeros retos del nuevo gobierno. La negociación deberá avanzar rápidamente para compensar la omisión de la administración anterior. Mientras tanto, los trabajadores continúan siendo los únicos afectados por la falta de previsión. La omisión previa no genera consecuencias para el gobierno, pero sí reduce el ingreso real de los hogares.
