Según datos de organizaciones defensoras de los derechos de las personas privadas de libertad, este sería el fallecimiento número 16 tras la intervención militar en los centros penitenciarios de Honduras, implementada el 26 de junio de 2023
Tegucigalpa, Honduras. – El domingo 11 de agosto, Medicina Forense del Ministerio Público (MP) confirmó el ingreso de un privado de libertad procedente del centro penal La Tolva, ubicado en Morocelí, departamento de El Paraíso.
Según el reporte de medicina forense en Tegucigalpa, capital de Honduras, el fallecido fue identificado como Eli Santos Salgado Colindres, de 31 años.
Respecto a este último deceso, la portavoz de Medicina Forense del Ministerio Público, Issa Alvarado, informó a Criterio.hn que el cuerpo ya fue retirado, pero que la causa y la manera de la muerte no pueden ser reveladas, ya que se consideran información confidencial.
Alvarado explicó que todo lo encontrado durante la autopsia médico-legal se documenta en un dictamen que se envía a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida.
Aclaró que esta información sólo se hará pública si se presenta un requerimiento fiscal o si se inicia un juicio oral o público.
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SILENCIO DE AUTORIDADES
En tanto, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) no han hecho ninguna declaración sobre el deceso, el cual tampoco se informó en sus redes sociales, a diferencia de otros casos.
Criterio.hn también intentó contactar a la portavoz del INP, Digna Aguilar, y al vocero de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), José Coello, para obtener la versión oficial sobre la muerte, sin embargo, al cierre de esta publicación, no se había recibido ninguna respuesta.
Este tipo de falta de transparencia en torno a la muerte de internos no es un hecho aislado. Desde la intervención militar en los centros penitenciarios, el 26 de junio de 2023, los decesos de privados de libertad se han manejado con sospecha y hermetismo.
Un ejemplo claro de esta situación, es la ausencia de respuesta por parte del INP a las solicitudes de información pública que ha realizado este medio de comunicación en reiteradas ocasiones, sobre los fallecimientos ocurridos tras la intervención militar.
De momento sólo se han emitido algunos comunicados informando sobre algunos decesos, a la par las organizaciones defensoras de derechos humanos reportaron hasta julio un total de 15 muertes por diversas causas, lo que indica que el fallecimiento reportado el fin de semana pasado sería el número 16.
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AUTOPSIA ES CLAVE
La directora de la organización Cozumel Trans, Rihanna Ferrerra, cuestionó el silencio del INP y sugirió que podría haber indicios de ocultamiento. Por dicha razón, consideró crucial conocer el resultado de la autopsia para determinar la verdadera causa de la muerte.
En este contexto, Ferrerra destacó que ha habido muchas muertes no informadas, y su organización tiene documentada la muerte de 19 privados de libertad, siendo el deceso del sábado 10 de agosto el número 20.
Ferrera enfatizó la necesidad de claridad sobre las circunstancias de estas muertes, dado que las personas involucradas están bajo la custodia del Estado de Honduras.
“Actualmente, no se sabe si las muertes en los centros penales son causadas por los propios internos, un custodio o un militar. Existen muchas preguntas, pero la única respuesta posible es a través de una autopsia”, expresó la defensora.
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OCULTAR LO EVIDENTE
Respecto a las muertes de privados de libertad que se manejan de manera silenciosa, Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), comentó a Criterio.hn que no informar oportunamente es como tratar de “tapar el sol con un dedo”, haciendo alusión a cuando se quiere ocultar al no mencionarlo.
“Que no se divulgue la información no afecta a las autoridades, salvo que haya alguna culpabilidad (…) compartir información es una señal de que se está intentando hacer bien las cosas. Lo que estamos viendo es una mala interpretación de lo que se debería estar haciendo”, expresó Acevedo.
Además, subrayó la importancia de informar oportunamente sobre cada deceso para determinar responsabilidades, independientemente de si la causa fue natural o homicidio.
Señaló que se debe reportar a los juzgados que enviaron a la persona al establecimiento penitenciario, ya sea como procesado o condenado. En en caso que fuera lo segundo, se debe notificar al juez o jueza de ejecución de sentencia, así como al Ministerio Público y a Medicina Forense, para iniciar la investigación correspondiente.
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La falta de información sobre las muertes de privados de libertad en las penitenciarías hondureñas y la negativa a responder las solicitudes de información sobre el tema no son los únicos aspectos que generan hermetismo.
Además, se ha impedido el acceso a los centros penales a este medio de comunicación, a pesar de que el coronel Muñoz, jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y director de la Comisión Interventora de los centros penitenciarios, había extendido una invitación para que se pudiera ingresar y observar los supuestos cambios en los recintos.
