El chantaje político del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra el electorado hondureño y el posterior indulto al expresidente Juan Orlando Hernández han puesto en evidencia no solo la injerencia extranjera, sino también la pasividad de actores que históricamente se autoproclaman defensores de la democracia.
Las elecciones generales, del pasado 30 de noviembre, no solo estuvieron marcadas por la polarización interna, sino también por pronunciamientos externos que, según analistas, cruzaron la línea de la diplomacia hacia la abierta injerencia política.
Tegucigalpa, Honduras. –Las expresiones públicas e injerencistas del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre asuntos internos de Honduras, antes y después de las elecciones generales, así como el indulto otorgado al expresidente Juan Orlando Hernández han reabierto el debate sobre la injerencia extranjera y el silencio de amplios sectores de la sociedad civil hondureña.
Es importante mencionar que organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro de Estudios por la Democracia (Cespad), la Plataforma Agraria y otros grupos campesinos emitieron pronunciamientos y ejercieron acciones cuestionando la injerencia del presidente Trump en asuntos internos.
Durante las últimas semanas, tres días antes de las elecciones generales, distintos pronunciamientos del mandatario estadounidense en el que coaccionó a los hondureños para que votarán por el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura Zablah, de lo contrario cortaría toda ayuda económica al país.
El 1 de diciembre, pocas horas después del primer corte tras el cierre de las urnas, Trump volvió a pronunciarse sobre el proceso electoral hondureño, acusando a funcionarios electorales de “cambiar los resultados de las elecciones” e “interrumpir bruscamente el recuento de votos” autoridades.
Estas aseveraciones han generado cuestionamientos sobre el respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos, establecido en el artículo 2 numeral 7 de la Carta de la Organización de Naciones (ONU) y 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que establece que ningún Estado tiene derecho a intervenir en asuntos internos de otro.
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El tema ha cobrado mayor relevancia ante la escasa reacción pública de organizaciones de sociedad civil que históricamente se han pronunciado sobre democracia, Estado de derecho y lucha contra la corrupción.
Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), considera que este silencio ante la constante injerencia de Trump y el indulto al exmandatario Hernández Alvarado, no es casual ni nuevo, sino que responde a vínculos políticos construidos en el pasado.
Durante una entrevista brinda días atrás a Criterio.hn el sacerdote jesuita sostuvo que varias de estas organizaciones han estado históricamente relacionadas con el Partido Nacional y que, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, sus críticas frente a la corrupción y al narcotráfico fueron “tibias” o “prácticamente inexistentes”.
En ese sentido, consideró que el indulto a Juan Orlando Hernández no es visto por estos grupos como un peligro para la democracia, sino como una oportunidad para recomponer relaciones políticas con un partido que, recordó, fue señalado por la justicia estadounidense por vínculos con la narcoactividad.
Moreno calificó el indulto como un “insulto a la justicia del propio Estados Unidos y una contradicción abierta frente al discurso de lucha contra el narcotráfico que sostiene públicamente el presidente Trump”.
A su juicio, se trata de una política exterior “ambivalente” e “hipócrita”, que condena a gobiernos extranjeros bajo el argumento del combate a las drogas, mientras concede beneficios a figuras emblemáticas del narcotráfico político en la región.
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Por su parte, el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, considera que la reacción —o falta de ella— frente a estas declaraciones refleja una “vergüenza generalizada” en la sociedad hondureña.
De igual manera, cuestionó que organizaciones de sociedad civil, analistas y sectores que suelen invocar la defensa de la Constitución guarden silencio cuando un extranjero opina o interviene en asuntos internos del país.
“El problema es la sumisión. ¿Dónde están las organizaciones denunciando esa injerencia?”, dijo a este medio digital en una entrevista brindada días atrás al advertir que se ha normalizado una práctica que vulnera principios básicos del derecho internacional.
Esta actitud, añadió, revela una falta de patriotismo que no se limita a la élite política, sino que también alcanza a organizaciones y medios de comunicación corporativos.
El abogado también criticó que analistas e incluso medios de comunicación minimicen o nieguen la injerencia extranjera, atribuyéndolo a desconocimiento de las reglas básicas de las relaciones internacionales.
Recordó que principios como la soberanía nacional y la no intervención están consagrados en el derecho internacional público y los principios de organizaciones como la ONU y la OEA.
Mejía subrayó que normalizar la intromisión e injerencia de potencias extranjeras, sean de derecha o izquierda, en asuntos internos constituye un grave retroceso democrático y una renuncia explícita a la autodeterminación de los pueblos.
El debate, según ambos analistas, deja en evidencia una crisis más profunda sobre la fragilidad del compromiso democrático de ciertos actores que, en nombre de la sociedad civil, guardan silencio ante hechos que comprometen la soberanía y la dignidad nacional.
