Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – La tarde de este viernes la Sala V del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia declaró al estudiante Rommel Valdemar Herrera Portillo Herrera, culpable a título de cómplice en incendio agravado y lo absolvió del delito daños por la quema del portal de la Embajada de Estados Unidos, en la capital de la república.
La sentencia en este caso de criminalización de la protesta social se conocerá en audiencia de individualización de la pena el próximo 15 de enero y podría acarrear una sentencia 4 a 8 años de cárcel, según el viejo Código Penal.
El 31 de mayo de 2018, en el contexto de una manifestación de protesta de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación en Honduras contra los decretos presidenciales o PCM, que privatizan un derecho humano, un grupo de encapuchados prendió fuego a algunos neumáticos en uno de los accesos de la legación diplomática estadounidense en la capital.
El incidente llamó la atención de la prensa crítica pues de forma inusual la embajada norteamericana lució esa tarde sin resguardo policial, facilitando la acción y la posterior huida de los encapuchados a pesar de las cámaras de vigilancia en un sector de alta seguridad.
Karol Cárdenas, abogada del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, (COFADEH), miembro del equipo de la defensa legal del estudiante sostuvo que “ha habido mucha incoherencia en la prueba del ente fiscal a la que se ha adherido la acusación privada”.
La prueba “consiste en el acta de registro para acreditar que a Rommel no se le decomisó nada al momento de su detención, nada, ni un instrumento que haya producido daño a las cámaras, como ellos están alegando, apuntó la profesional del derecho.
Este es un acto más de criminalización de la protesta social, es increíble que a alguien se le condene a cárcel por luchar por la salud y la educación pública; es un mensaje para que no protestemos para exigir la salida de la dictadura en este país, expresó por su parte Alba López, defensora de derechos humanos en una protesta autoconvocada en un sector del boulevard Centroamérica de Tegucigalpa.
