Las amenazas, los arrestos falsos, los encarcelamientos injustos, los asesinatos y la impunidad en el Bajo Aguán han sido tolerados por los funcionarios hondureños durante demasiado tiempo: Senador Peter Welch
La gente de las comunidades del aguan no debería tener que vivir con el temor de que poderosas empresas y funcionarios corruptos les roben sus tierras, contaminen sus ríos y los asesinen por defender pacíficamente los recursos naturales que les pertenecen por derecho.
Tegucigalpa. – El senador estadounidense Peter Welch por el estado de Vermont, en una declaración brindada este miércoles, ha señalado que ha habido muy poca atención de los Estados Unidos y otros gobiernos hacia la gente empobrecida que vive en la región del Aguán y que han puesto más apoyo los intereses de los inversionistas extranjeros por encima de ellos.
Welch señaló que, durante los últimos seis años, su oficina y la oficina de su predecesor, el senador Patrick Leahy, han recibido informes de amenazas recurrentes, ataques, detenciones arbitrarias y asesinatos de miembros de las comunidades de Guapinol, Tocoa y otras de la región del Bajo Aguán en Honduras.
Esos crímenes tenían como objetivo intimidar y silenciar a quienes se oponían a una mina de óxido de hierro a cielo abierto y al Proyecto Termoeléctrico Ecotek, que amenazan sus medios de vida y el medio ambiente de la región, y desafiaban a las empresas y funcionarios corruptos que se benefician de esos proyectos.
“El sábado 14 de septiembre me enteré del asesinato del activista ambiental hondureño Juan López, la última víctima de esta epidemia de violencia por mano propia”, dice Welch en su declaración.
El señor López, ganador del Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt en 2019, había sido víctima de encarcelamiento injusto, procesamiento falso y se había pronunciado en contra de funcionarios corruptos en Tocoa.
“Este crimen atroz me tocó la fibra sensible, porque el asesinato del señor López es el último de una serie de asesinatos similares. Ha habido otros seis asesinatos de miembros de los defensores del agua de Guapinol. Nadie ha sido procesado ni castigado por esos crímenes, ni por los asesinatos de decenas de otros defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Honduras”.
Juan López, al igual que Berta Cáceres —cuyo asesinato en 2016 estuvo vinculado a funcionarios de la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico al que ella y otros miembros de su comunidad indígena se oponían— era una persona íntegra, resalta Welch.
Ambos eran valientes defensores del medio ambiente y de sus comunidades, amenazados por poderosos intereses apoyados por el corrupto gobierno hondureño del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien, durante todo ese período y hasta su detención y condena por narcotráfico, contó con el apoyo de Estados Unidos.
El Sr. López fue asesinado después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera medidas cautelares en octubre de 2023.
La emisión de una medida de protección de la CIDH es un mecanismo para insistir en que el gobierno hondureño proteja a las personas que corren un riesgo grave y urgente de sufrir daños irreparables a sus derechos a la vida y la seguridad. Sin embargo, el gobierno hondureño no implementó medidas de protección efectivas en nombre de estas comunidades o sus defensores, como Juan López.
Esas medidas, si no se aplican, no son mejores que el papel en el que están impresas. Y esa es la realidad en Honduras, donde personas como Juan López no han tenido a nadie ni nada que las proteja.
En cambio, son las víctimas, los activistas, quienes son detenidos y encarcelados arbitrariamente, acusados de delitos que en realidad no son más que la defensa pacífica de sus tierras y su derecho a un medio ambiente sano.
Algunos han permanecido en prisión preventiva durante años, simplemente por protestar contra una mina que ha contaminado la fuente de agua de miles de personas.
Welch recalca también que Honduras es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los miembros del Consejo tienen la responsabilidad de defender las normas de derechos humanos. Ese ha sido un criterio de membresía desde que se creó el Consejo en 2006. Sin embargo, los derechos humanos de personas como Juan López y los demás defensores del agua de Guapinol son violados sistemáticamente con impunidad.
LLAMADO A LA EMBAJADORA LAURA DOGU
En respuesta a este patrón de violencia y al asesinato del señor López el sábado pasado, creo que, como mínimo, es necesario hacer tres cosas, comenzando de inmediato, e insto a la Embajadora de los Estados Unidos en Honduras a que insista en ellas también:
1.-Una comisión internacional de expertos para apoyar la investigación de la fiscalía hondureña sobre el asesinato de Juan López, para garantizar que la investigación sea creíble, exhaustiva e imparcial;
2.-Protección a defensores de derechos humanos en riesgo en la región del Bajo Aguán; y
3.-Investigaciones sobre los abusos y corrupción denunciados por Juan López y el patrón de violencia contra los defensores de Guapinol.
Las amenazas, los arrestos falsos, los encarcelamientos injustos, los asesinatos y la impunidad en el Bajo Aguán han sido tolerados -y en realidad alentados tácitamente e incluso activamente- por los funcionarios hondureños durante demasiado tiempo.
También han recibido muy poca atención de los Estados Unidos y otros gobiernos que han puesto los intereses de los inversionistas extranjeros por encima de los de la gente empobrecida que vive en esa región problemática.
Espero que la muerte de Juan López no sólo sea respondida con la rendición de cuentas de los responsables, sino que también marque el comienzo de un cambio real en el Bajo Aguán.
La gente de esas comunidades no debería tener que vivir con el temor de que poderosas empresas y funcionarios corruptos les roben sus tierras, contaminen sus ríos y los asesinen por defender pacíficamente los recursos naturales que les pertenecen por derecho.
