La declaratoria de emergencia estableció compras directas y acciones inmediatas, pero ni el presupuesto ha sido liberado ni las empresas han sido seleccionadas
El subcomisionado de Copeco, Benedicto Santos, declaró a medios de comunicación que el proceso está “en standby” por impases administrativos, descartando que existan irregularidades en la compra de los chalecos y cascos destinados a motociclistas.
Tegucigalpa, Honduras. – Tras seis meses de la declaratoria de emergencia por el aumento accidentes viales, cuyas víctimas principales fueron motociclistas, hasta la fecha, el contrato para la adquisición de cascos y chalecos reflectivos destinados a motociclistas no ha sido adjudicado a ninguna de las empresas oferentes.
Criterio.hn solicitó a la Secretaría de Finanzas (Sefin) y a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) el desglose de presupuesto de los 50 millones de lempiras prometidos en el PCM-020-2025, ambas instituciones confirmaron que no se ha realizado la transferencia.
De acuerdo con Copeco, el presupuesto asignado por la presidenta Xiomara Castro continúa sin ser desembolsado por Sefin, lo que mantiene en pausa la adquisición de los implementos de seguridad. Sefin, por su parte, aseguró que no existe registro alguno de transferencia a favor de Copeco conforme al PCM-020-2025.
El subcomisionado de Copeco, Benedicto Santos, dijo a un medio de comunicación que el proceso está en “standby” debido a impases surgidos en el área de compras, pero insistió en que “ni un lempira se ha tocado”, ya que los fondos permanecen bajo control de Finanzas y sólo se liberarán cuando exista luz verde para la adquisición de la indumentaria para motociclistas.
Santos también negó categóricamente cualquier señalamiento de corrupción o mal uso de recursos y señaló que quienes especulan sobre un supuesto desvío de fondos “no han investigado”. Pidió a la población consultar directamente a las instituciones responsables.
Estas declaraciones contrastan con el anuncio hecho el 5 de mayo por la presidenta Xiomara Castro, cuando aseguró que se destinarían 50 millones de lempiras de manera inmediata para equipar a motociclistas de escasos recursos con implementos de seguridad.
Castro justificó la medida ante la alarmante incidencia de accidentes de motocicleta que, solo en 48 horas, dejaron más de 30 coaliciones y al menos siete personas fallecidas, según reportes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Desde su cuenta de X –antes Twitter–, Castro ordenó la prohibición de circulación de motocicletas sin accesorios e implementos de seguridad “fundamentales para prevenir accidentes” y afirmó que los fondos serían ejecutados en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Copeco.
Además dispuso que en un plazo de 72 horas para que se emitiera la reglamentación correspondiente para el uso obligatorio de estos implementos y los mecanismos de distribución para los motociclistas que serían beneficiados.
Sin embargo, no se brindaron detalles sobre qué ciudades serían priorizadas, qué tipo de implementos serían distribuidos, ni cuál sería el mecanismo de entrega para los miles de motociclistas del país.
Posteriormente, el 20 de junio, se publicó en La Gaceta el PCM-020-2025, que estableció un estado de emergencia por seis meses para atender la creciente mortalidad de motociclistas y habilitar la compra directa de implementos de seguridad.
El decreto instruyó a Copeco a coordinar con la DNVT y otras instituciones pertinentes para ejecutar la adquisición bajo principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
COMPRA DE INDUMENTARIA AVANZA A PASO LENTO, PESE A DECLARATORIA DE EMERGENCIA
Con el decreto vigente, la ciudadanía esperaba una respuesta rápida. Sin embargo, pasaron casi dos meses antes de que se lanzara un proceso de contratación en Honducompras, fechado el 15 de agosto, para comprar 10,000 cascos con homologación ECE 22.6 y 10,000 chalecos reflectivos.
El 12 de septiembre se recibieron las ofertas de cinco empresas, entre ellas el consorcio Van Heusen/Interval/Motoauto, Didemo, Ditex, Industria Textil Lamysef y la firma ITYM, con propuestas que oscilan entre 6.7 y 42.5 millones de lempiras.
Pese a la urgencia establecida en el PCM, han transcurrido más de dos meses desde la recepción de ofertas sin que se haya anunciado una adjudicación.
Consultada sobre el presupuesto, Copeco respondió oficialmente que Sefin no ha desembolsado los fondos que permitirían formalizar la compra, por lo que no existe avance más allá del proceso de recepción de ofertas.
Por otro lado, la Secretaría de Finanzas, ante una solicitud de información, confirmó que no registra transferencias relacionadas con el PCM-020-2025, lo que impide que Copeco proceda a cualquier compra o adjudicación.
En medio de esta falta de avance, persiste la incertidumbre entre motociclistas, quienes desde mayo esperan información sobre la fecha de entrega de los implementos prometidos.
El funcionario insistió en que una vez se libere el presupuesto desde Finanzas, el proceso avanzará hacia la fase de adjudicación y posterior compra de cascos y chalecos.
De momento, los fondos continúan sin ejecución, los oferentes siguen sin adjudicación y los motociclistas aún no reciben los implementos anunciados como urgentes hace más de cinco meses.
Entre tanto, las cifras de accidentes de motociclistas continúan en aumento, mientras el país aguarda que una medida declarada como urgente y vital para salvar vidas finalmente se materialice.
