Tegucigalpa, Honduras.- Han transcurrido seis meses y seis días desde que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció con gran énfasis un conjunto de disposiciones para combatir el crimen organizado. Entre estas destacaban las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, medidas propuestas para garantizar un mínimo de efectividad en la implementación del estado de excepción.
Esa noche de 14 de junio de 2024, mediante una cadena nacional, los funcionarios que integran el cuestionado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, entre estas disposiciones establecieron las reformas de estas normativas enmarcadas en el Plan Solución Contra el Crimen Organizado del que se ha ido abanderando esta administración para impulsar otras medidas en materia de seguridad.
En pocas palabras, con la reforma al Código Procesal Penal, se busca que las personas capturadas por delitos como narcotráfico, asesinato, secuestro, extorsión, asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de armas reciban la medida de prisión preventiva. Asimismo, se propone crear un marco legal que permita el desarrollo de juicios de forma colectiva, lo que implicaría la vulneración de los derechos humanos de los procesados.
Por otro lado, con la reforma al Código Penal, se pretende que los miembros de maras y pandillas, quienes conforman el crimen organizado y cuyas responsabilidades en los delitos mencionados sean comprobados, sean calificados como terroristas y, en consecuencia, procesados judicialmente bajo esa figura legal.
Entre otras normativas también figura la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, que, como su nombre indica, otorga beneficios establecidos por la ley, como la libertad condicional y la reducción de pena, a quienes colaboren proporcionando información clave sobre delitos cometidos. Esta normativa, sin embargo, permanece archivada desde el 16 de noviembre de 2022 por el presidente del Congreso, Luis Redondo.
Tras presentar estas sugerencias, Luis Redondo, presidente del Poder Legislativo e integrante del CNDS, se comprometió a someterlas a votación para su aprobación lo antes posible, demostrando un férreo compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, seis meses y seis días después, ni siquiera las ha mencionado.
Eso sí, aunque no las presenta ante el pleno de diputados, Redondo culpa a los congresistas opositores, alegando que se oponen debido a sus vínculos, directos o indirectos, con el crimen organizado.
De igual interés: Sin reformas legales, casos de corrupción seguirán archivados para no beneficiar corruptos: Luis Javier Santos
PERO, ¿CUÁL HA SIDO EL IMPEDIMENTO?
El impedimento de estas reformas y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz podría diluirse en varios factores que conducen a una sola conclusión: falta de voluntad política. Aunque el gobierno de Castro mostró disposición al presentar estos planteamientos, desde el Legislativo, Redondo, quien recientemente se consagró como nuevo integrante del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), mantiene estancadas estas y otras normativas que vendrían a complementar los refuerzos en seguridad.
A lo anterior se le suma que la bancada oficialista, encabezada por el diputado olanchano Rafael Sarmiento, experimentó un rescabrajamiento, que concluyó en que varios diputados, liderados por Jorge Cálix, se sumaran a las filas del Partido Liberal, dejando maniatadas las posibilidades de aprobar alguna disposición girada por el Ejecutivo, lo que provocó la falta de consensos para lograr los objetivos.
Sin embargo, aún con esa división y la falta de voluntad política, en el Congreso se sesionó, pero para someter temas particulares que, de alguna manera, despertaron cuestionamientos. Por ejemplo, hubo acuerdos para aprobar los ascensos de la Policía Nacional, algunos de cuyos miembros fueron vinculados con el narcotráfico. Esto, una vez más, puso sobre la mesa que en el Legislativo no se aprobarán, por medio de consensos, temas que no tengan tintes políticos.
Y, actualmente, el Congreso nuevamente se encuentra dividido, sin avances en ningún tema de trascendencia nacional, debido a que no hay consensos para aprobar el presupuesto general para el ejercicio fiscal de 2025. Este tema, al ser de interés político, será motivo de varias estrategias y acuerdos para su aprobación. Sin embargo, las reformas en temas de seguridad y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, al parecer, no serán aprobadas en los venideros días de cierre de año.
El analista político Raúl Pineda Alvarado explicó que, durante la gestión de Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional, parece que los acuerdos alcanzados estarán orientados a beneficiar a la élite política, ya que no existe un interlocutor oficialista con la capacidad de establecer diálogos y llegar a consensos.
“Las reformas en temas de seguridad no han sido prioridad para la clase política. Hemos observado que los temas de trascendencia para los diputados son aquellos en los que están en juego sus propios intereses, por lo que esas reformas ni siquiera serán presentadas”, señaló el abogado y exdiputado del Partido Nacional.
