Tegucigalpa, Honduras.– El estado de excepción en Honduras, vigente desde el 6 de diciembre de 2022 y prorrogado hasta el 19 de febrero de 2025, se desarrolla ahora en un contexto electoral que plantea cuestionamientos sobre su impacto en el proceso democrático, ya que posiblemente continúe siendo prolongado y se mantenga en las próximas contiendas electorales primarias, que son el 9 de marzo de este año.
De acuerdo con el criminólogo Gonzalo Sánchez, estas medidas han permitido capturas, allanamientos y otras acciones orientadas a combatir el crimen organizado y las pandillas. Sin embargo, advierte que su implementación en medio de una contienda política requiere un análisis meticuloso para evitar afectaciones a la ciudadanía común, que no tenga vínculos con redes del crimen organizado y narcotráfico.
Sánchez enfatiza que el estado de excepción “no es para perseguir a políticos o miembros de partidos”, y su propósito principal es atacar al crimen organizado y a la delincuencia común. Agrega que “como está la situación política del país, ningún gobierno podría beneficiarse utilizando herramientas como esta contra la oposición política. Sería un grave error.” Estas declaraciones dadas a Criterio.hn, reflejan su escepticismo ante un posible uso político de la medida establecida en el artículo 187 de la Constitución de la República.
Tras varios cuestionamientos de sectores de la sociedad civil se esperaba que el Poder Ejecutivo no volviera a prolongar el estado de excepción, pero no fue así. Esta medida se mantendrá hasta febrero y, con ello, se vino también el inicio oficial de la propaganda política, que inició el pasado 18 de enero y concluye hasta el 3 de marzo.
Esta inusual coincidencia intensifica el debate público sobre la posible instrumentalización del estado de excepción por parte del oficialismo. Según Sánchez, “cualquier intento de utilizar el estado de excepción con fines políticos sería demasiado evidente y acarrearía serias repercusiones para la democracia del país”.
Los antecedentes en Honduras han mostrado casos de utilización de recursos públicos y medidas de emergencia con fines políticos más orientados a la corrupción, pero también a la instrumentalización de las fuerzas de seguridad pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas). Informes e investigaciones del Ministerio Público (MP) han señalado cómo en contextos de crisis, como la pandemia de Covid-19, se han disfrazado campañas proselitistas como asistencialismo social, lo que ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones.
El criminólogo también subrayó que, pese a los resultados obtenidos en el combate al crimen, “siempre queremos más y más resultados”. Reconoce que enfrentar a estructuras criminales como el narcotráfico y las pandillas no es sencillo, ya que se trata de un proceso que requiere tiempo. No obstante, advirtió que la permanencia prolongada del estado de excepción podría generar dudas sobre su efectividad y objetivo en el largo plazo.
En este contexto, garantizar que el estado de excepción no interfiera con el ejercicio libre del voto será crucial para proteger la integridad democrática del proceso electoral. Para Sánchez, es indispensable que estas medidas de seguridad “no perjudiquen al ciudadano, sino que brinden seguridad para que las personas puedan ejercer su derecho al voto libremente”.
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¿UNA HERRAMIENTA EN EL AÑO ELECTORAL?
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), destacó los riesgos que el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, podría representar en un año electoral marcado por la polarización política.
Según Castañeda, esta medida excepcional, que inicialmente se planteó como una respuesta al problema de la extorsión, no solo ha mostrado debilidades en su implementación, sino que también enfrenta cuestionamientos por posibles fines políticos.
Este contexto, afirmó, se agrava en un año electoral, donde la falta de cumplimiento constitucional podría derivar en sospechas de manipulación política.
En el ámbito político, Castañeda señaló que es cuestionable que se continúe prolongado del estado de excepción durante un año electoral. “El Ejecutivo ha evitado la ratificación de las ampliaciones por el Congreso, lo que genera sospechas sobre las verdaderas intenciones de mantener esta medida en un contexto tan politizado”, afirmó. Este manejo podría interpretarse como un intento de controlar el escenario electoral a través del miedo o la intimidación, afectando a opositores y sectores críticos.
Para Castañeda, este escenario pone en peligro las garantías democráticas en Honduras. “La instrumentalización del estado de excepción como herramienta política no solo debilita las instituciones, sino que también erosiona la confianza ciudadana en un proceso electoral libre y transparente”, concluyó. En este sentido, insistió en la necesidad de replantear el uso de esta medida para garantizar que no interfiera con los derechos y libertades fundamentales de los hondureños en un momento tan crucial.
Además de eso, Castañeda señaló que el Congreso Nacional ha incumplido con los procedimientos legales establecidos para ratificar esta medida. “Solo dos de las 17 ampliaciones han sido ratificadas en tiempo y forma”, explicó, subrayando que estas irregularidades generan riesgos de nulidad legal en procesos relacionados con detenciones y allanamientos.
Castañeda planteó un escenario en el que el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) podría recurrir al estado de excepción como herramienta constitucional para arrestar a dirigentes políticos opositores, especialmente en caso de no alcanzar la victoria en las elecciones generales de finales de 2025. Por otro lado, señaló la posibilidad de que la oposición utilice esta medida para victimizarse, denunciando abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad, amparándose en la suspensión de seis garantías constitucionales.
En este contexto, y considerando las posturas divergentes de Castañeda y del criminólogo Gonzalo Sánchez, los próximos meses serán decisivos para el país. Será el momento de esclarecer si la prolongación del estado de excepción responde a intereses políticos o, por el contrario, si se traduce en una reducción significativa de la criminalidad y la violencia, lo que representaría un avance positivo.
