Militarización, política social y policía comunitaria en la construcción de una seguridad sostenible
Por: Virginia Contreras
Por décadas, Honduras ha enfrentado desafíos estructurales en materia de seguridad ciudadana que van más allá de las cifras de criminalidad: maras y pandillas transnacionales como MS-13 y Barrio 18, redes de extorsión, narcotráfico y condiciones persistentes de vulnerabilidad social han configurado un entorno de violencia prolongada. Aunque estos fenómenos comparten raíces regionales, las estrategias de Honduras han estado marcadas principalmente por medidas excepcionales y respuestas reactivas, con limitaciones significativas para consolidar instituciones civiles sólidas y herramientas preventivas.
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Durante la última década, el país ha experimentado fluctuaciones importantes en sus niveles de violencia. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Honduras llegó a registrar una de las tasas de homicidio más altas del mundo en 2011, con aproximadamente 86 homicidios por cada 100,000 habitantes, aunque posteriormente se observaron reducciones graduales (UNODC, 2023). Sin embargo, estas mejoras no han eliminado las causas estructurales de la violencia ni las debilidades institucionales que afectan la gobernanza de la seguridad.
Este artículo ofrece un análisis integral de las principales decisiones de política pública en materia de seguridad durante el período 2022–2026, con especial atención al estado de emergencia, la inversión social, la relación entre la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público, y el rol potencialmente transformador de la Policía Comunitaria en la construcción de un modelo de seguridad sostenible.
El contexto estructural de la violencia en Honduras
La persistencia de altos niveles de violencia en Honduras responde a múltiples factores estructurales. Debilidades institucionales, economías informales, exclusión social, falta de oportunidades para jóvenes y sistemas de justicia con limitaciones operativas han contribuido a consolidar un entorno favorable para la expansión de redes criminales.
Históricamente, Honduras ha estado entre los países con mayores tasas de homicidio en América Latina y Centroamérica, reflejando la interacción entre criminalidad organizada, desigualdad social y fragilidad institucional (World Bank, 2022). Estas dinámicas afectan no solo la incidencia delictiva, sino también la percepción de seguridad y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el orden público.
Es importante reconocer que la criminalidad no es únicamente un problema policial. La violencia surge de condiciones sociales, económicas y culturales complejas que requieren respuestas integrales. La evidencia internacional demuestra que las estrategias más efectivas combinan prevención social, fortalecimiento institucional, desarrollo económico y participación comunitaria (Jaitman, 2017).
Estado de emergencia: medidas excepcionales y lecciones
En diciembre de 2022, el Gobierno de Honduras decretó un estado de emergencia en materia de seguridad con el objetivo de enfrentar la violencia extrema y la extorsión vinculada a pandillas y estructuras criminales. Esta medida fue prorrogada sucesivamente hasta el 26 de enero de 2026, manteniendo restricciones temporales a derechos fundamentales como la libertad de asociación y reunión pacífica, además de ampliar las facultades de detención y control territorial de las fuerzas de seguridad.
Aunque las autoridades reportaron disminuciones puntuales en homicidios en determinadas zonas urbanas durante algunos períodos, informes de organizaciones internacionales señalan que estas medidas no siempre se traducen en una desarticulación estructural de las redes criminales. En algunos casos, los delitos tienden a desplazarse hacia áreas periféricas con menor presencia estatal (Human Rights Watch, 2024).
Este fenómeno sugiere que, sin un fortalecimiento paralelo de las capacidades civiles —incluyendo investigación criminal, inteligencia, sistemas judiciales eficaces y programas de prevención social— los estados de emergencia tienden a funcionar como mecanismos de contención temporal más que como soluciones estructurales.
La prolongación de medidas excepcionales también plantea interrogantes sobre sus implicaciones institucionales. Cuando estas medidas se normalizan, pueden generar riesgos para la gobernanza democrática, debilitar los mecanismos de supervisión civil y limitar el desarrollo de instituciones encargadas de garantizar la seguridad de forma ordinaria.
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Política social y prevención: gasto estratégico para la seguridad
La seguridad ciudadana no depende exclusivamente de las fuerzas policiales o militares. Su sostenibilidad está profundamente vinculada a la capacidad del Estado para prevenir el delito abordando sus causas estructurales. Programas de educación, empleo juvenil, fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario constituyen herramientas fundamentales para reducir la violencia a mediano y largo plazo.
Asignación y ejecución presupuestaria
millones para inversión social, incluyendo educación, salud, protección social y proyectos comunitarios, lo que representa aproximadamente 53.6% del total del Programa de Inversión Pública.
Dentro de este marco, algunos programas prioritarios incluyeron:
• Red Solidaria: aprobado L4,729.3 millones; ejecutado al 30 de junio de 2024 L393.5 millones (8.3 %).
• Merienda Escolar: aprobado L1,023.0 millones; ejecutado L669.1 millones (65.4%).
• Becas SEDESOL: aprobado L401 millones; ejecutado L190 millones (47.4%).
• Bonos Tecnológicos: aprobado L1,000 millones; ejecución aproximada del 50%. • Bonos Cafetalero y Ganadero: ejecutados al 100%.
En conjunto, estos programas sumaron L8,021.5 millones aprobados para 2024, con una ejecución de L2,341.0 millones (29.2%) hasta junio de 2024. Datos adicionales indican que la inversión social total alcanzó L48,311 millones, con una ejecución de L20,421 millones (42%) en el mismo período (ASJ, 2024).
Impacto en la prevención de la violencia
Diversos estudios internacionales han demostrado que la inversión social constituye uno de los instrumentos más efectivos para reducir la criminalidad. La educación disminuye la probabilidad de que jóvenes se involucren en actividades delictivas, el empleo juvenil ofrece alternativas económicas legítimas y los programas de apoyo familiar reducen factores de vulnerabilidad social (Jaitman, 2017).
Cuando estos programas no se ejecutan plenamente, la capacidad del Estado para prevenir el delito se reduce significativamente. Como consecuencia, aumenta la presión sobre las fuerzas de seguridad coercitivas y se refuerza la percepción de que la seguridad solo puede alcanzarse mediante control represivo.
Para una política de seguridad integral, Honduras debe no solo aprobar presupuestos sociales ambiciosos, sino también garantizar su ejecución efectiva y su evaluación mediante indicadores verificables.
Policía Nacional y Policía Militar de Orden Público: roles, limitaciones e implicaciones
La Policía Nacional de Honduras es la institución civil de garantizar la seguridad ciudadana, investigar delitos y mantener proximidad con las comunidades. Su misión exige capacidades profesionales en investigación criminal, inteligencia preventiva, gestión operativa y relaciones comunitarias.
Por su parte, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) fue creada en 2013 como respuesta a una crisis de violencia asociada a pandillas y crimen organizado, en un contexto en el que las capacidades institucionales civiles eran limitadas para recuperar el control territorial.
El problema surge cuando una fuerza concebida como instrumento temporal se consolida como actor permanente en la seguridad ciudadana sin un fortalecimiento paralelo de la Policía Nacional. Esta situación genera varias implicaciones:
• Dependencia estructural de la militarización: refuerza la percepción de que la seguridad se logra principalmente mediante el uso de la fuerza.
• Limitaciones estratégicas: las fuerzas armadas están entrenadas para defensa nacional, no para tareas de seguridad ciudadana o mediación comunitaria.
• Impacto en derechos humanos: la participación militar prolongada en tareas policiales puede generar riesgos de abusos y afectar la confianza ciudadana (International Crisis Group, 2024).
• Debilitamiento institucional: la falta de inversión sostenida en profesionalización policial limita el desarrollo de capacidades civiles de seguridad.
El fortalecimiento de la Policía Nacional debe entenderse como un proceso estratégico orientado a consolidar instituciones civiles capaces de asumir plenamente las responsabilidades de seguridad pública.
La Policía Comunitaria: prevención, proximidad y capital social
Dentro de este marco institucional, la Policía Comunitaria representa una herramienta estratégica de gran potencial que ha sido relativamente subutilizada en Honduras.
Este modelo se basa en la colaboración activa entre policía y ciudadanía. La seguridad no se concibe únicamente como control del delito, sino como resultado de relaciones de confianza entre instituciones y comunidades (Skogan, 2006).
La policía comunitaria promueve:
- prevención temprana de conflictos
- identificación de factores de riesgo locales
- mediación comunitaria
- cooperación ciudadana en la prevención del delito.
Sin embargo, en Honduras la Policía Comunitaria está integrada dentro de la Dirección de Prevención de la Policía Nacional, lo que limita su autonomía operativa.
Esto genera varias limitaciones:
• falta de presupuesto propio
• dependencia institucional para diseñar programas
• ausencia de evaluaciones sistemáticas de impacto.
Experiencias internacionales en Canadá, Japón, Chile, Colombia y Costa Rica muestran que cuando las unidades de policía comunitaria cuentan con autonomía, recursos y mecanismos de evaluación, pueden contribuir significativamente a la reducción de la violencia y al fortalecimiento de la confianza institucional (Skogan, 2006; LAPOP, 2023).
En Honduras, fortalecer este modelo podría contribuir a:
- reducir delitos a nivel local
- mejorar la cooperación ciudadana
- fortalecer la inteligencia social
- reducir presión sobre fuerzas coercitivas.
La Policía Comunitaria no debe considerarse un complemento opcional, sino un pilar fundamental de una estrategia preventiva de seguridad.
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Conclusión: lecciones, oportunidades y visión estratégica
El análisis de las políticas de seguridad implementadas durante el período 2022–2026 demuestra que Honduras ha enfrentado sus desafíos mediante una combinación de medidas excepcionales y respuestas reactivas que han producido resultados temporales, pero no transformaciones estructurales duraderas.
Las experiencias internacionales muestran que los países que han logrado reducir la violencia de manera sostenible han combinado tres factores clave: profesionalización policial, inversión social sostenida y fortalecimiento de la gobernanza local.
De este análisis emergen varias lecciones:
- La seguridad no puede depender de medidas excepcionales prolongadas.
- Fortalecer la Policía Nacional es fundamental para una seguridad sostenible.
- La Policía Comunitaria debe ocupar un lugar central en las estrategias preventivas.
- Las políticas sociales deben integrarse a la estrategia de seguridad.
- La seguridad requiere una visión de largo plazo basada en instituciones civiles fuertes.
Honduras tiene la oportunidad de transformar décadas de respuestas reactivas en una estrategia de construcción institucional basada en legitimidad democrática, participación ciudadana y prevención social.
La seguridad sostenible no se construye únicamente con fuerza coercitiva, sino mediante instituciones civiles profesionales, políticas sociales eficaces y comunidades comprometidas con la construcción de un entorno seguro.
Referencias
ASJ. (2024). Monitoreo ciudadano sobre ejecución presupuestaria y políticas públicas 2023–2026.
Human Rights Watch. (2024). World Report: Honduras.
International Crisis Group. (2024). Security and Governance Challenges in Central America.
Jaitman, L. (2017). The Costs of Crime and Violence: New Evidence and Insights in Latin America. Inter-American Development Bank.
LAPOP. (2023). Americas Barometer: Public Opinion in Latin America.
Skogan, W. (2006). Police and Community in Chicago: A Tale of Three Cities. Oxford University Press.
UNODC. (2023). Global Study on Homicide.
World Bank. (2022). Crime and Violence in Central America: A Development Challenge.
Virginia Contreras, abogada, especialista en seguridad y defensa, ex Directora de Seguridad Pública de la MACCIH/OEA.
