El asesinato de Ramón Rivas y su hijo Carlos, ambos miembros de empresas campesinas en La Aurora, reaviva la tragedia familiar y comunitaria en el Bajo Aguán, donde suman 17 campesinos asesinados durante el actual gobierno
Tegucigalpa, Honduras. – La persistente conflictividad agraria en el Bajo Aguán, alimentada por la falta de acción efectiva del Estado, sigue cobrando vidas y generando desplazamientos forzados en la región.
La mañana de este jueves, la vida de Ramón Rivas y su hijo Carlos Rivas fueron arrebatadas, embocados cuando se dirigían a sus trabajos el área de La Aurora. El crimen, se suma a la larga lista de muertes relacionadas con la tenencia de la tierra y evidencia una crisis que sigue profundizándose en la zona evidenciando una vez más la situación de inseguridad y abandono estatal que enfrentan las comunidades campesinas en la región.
Ramón Rivas Baquedano era socio de la Empresa Asociativa Campesina de Producción La Aurora y Carlos Rivas, era miembro de la Empresa Campesina de Producción Gregorio Chávez, otra agrupación campesina que también forma parte del movimiento de defensa por los derechos agrarios en la región.
El asesinato de Ramón y Carlos Rivas vuelve a abrir la herida aún no cerrada que dejó la muerte violenta de Santos Hipólito Rivas y su hijo, ocurrida en febrero de 2023 bajo el mismo patrón. La repetición de estos crímenes, marcados por lazos de sangre—pues Ramón y Hipólito eran hermanos—retrata de manera cruda una violencia cíclica y sin castigo que azota al Bajo Aguán
Medarda Rivas, hermana de Ramón e Hipólito Rivas, expresó “ya no soportamos tanta injusticia, la familia Baquedano somos los que estamos poniendo los muertos”.
Pese a los compromisos gubernamentales asumidos, la indiferencia oficial ha permitido que la violencia protagonizada por actores armados no estatales continúe, dejando a las comunidades campesinas en situación de extrema vulnerabilidad y expuestas a nuevos ataques.
“Pedimos al gobierno de Xiomara Castro y a las autoridades, justicia, y no es poque no denunciamos, pero como somos pobres y no tenemos dinero para pagar jueces, policías y militares no somos escuchados”, recriminó Medarda Rivas.
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“SEGUIMOS PONIENDO LOS MUERTOS”
Estas muertes violentas han puesto en el centro del debate la falta de acción estatal. Para Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria, los reiterados crímenes reflejan una grave inoperancia por parte del gobierno, que continúa “poniendo peros” a las exigencias y demandas de las organizaciones campesinas.
“Nosotros seguimos en el proceso organizativo, en la exigencia al gobierno que dé respuesta y que dé con los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos. Nos están arrebatando compañeros”, sostuvo Cabrera en entrevista con Criterio.hn.
Sumado a los asesinatos, persiste la criminalización contra líderes campesinos. El propio Cabrera recordó que enfrentó recientemente una orden de captura con jurisdicción nacional, otra muestra del clima de hostilidad e indefensión en que operan las organizaciones campesinas del Aguán.
De acuerdo con datos de la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, suman ya 17 campesinos asesinados durante la administración de Xiomara Castro.
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PERSISTEN LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD EN EL BAJO AGUÁN PESE A ACUERDOS CON EL ESTADO
A pesar de los acuerdos suscritos por el Estado hondureño para poner fin a la violencia agraria en el Bajo Aguán, la acción concreta del gobierno sigue sin llegar a la región, denuncian líderes campesinos.
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria lamentó que la firma del Acuerdo Tripartito del 22 de febrero de 2022 —que contemplaba la creación de una comisión especial para investigar los hechos violentos— no se haya traducido en una presencia estatal efectiva ni en medidas que frenen los ataques contra las comunidades rurales. “Hasta hoy no hemos visto una voluntad expresa con acciones de parte del gobierno”, recalcó Rivas.
Rivas subrayó que la ausencia de respuesta institucional permite la continuidad de un sistema represor que beneficia a los grandes agroindustriales, al tiempo que perpetúa el círculo de intimidación y despojo de tierras mediante la violencia y el miedo. Para las comunidades campesinas, esta indiferencia oficial ha convertido el reclamo agrario en un escenario de riesgo permanente.
Frente a este panorama, Rivas hizo un llamado urgente a las autoridades hondureñas para que cumplan con su deber e investiguen a fondo tanto a los autores materiales como intelectuales de los crímenes. “Es su responsabilidad resolver el tema de la tenencia de la tierra. Desafortunadamente, esto ha costado ya la vida de decenas, incluso centenares, de compañeros y compañeras”, enfatizó. Insiste en que la verdadera paz en el Bajo Aguán solo será posible cuando haya justicia real y garantías para quienes, a diario, luchan por la tierra y la dignidad de sus comunidades.
