Edmundo Orellana insta además al Ministerio Público abrir una investigación contra magistrados y magistradas que contribuyeron a varias arbitrariedades durante “la narcodictadura” instaurada en los últimos doce años.
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. -El secretario de Transparencia y Anticorrupción, Edmundo Orellana, exhortó a los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar la inconstitucionalidad de la reelección presidencial, los pactos de impunidad y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Orellana considera, además, necesario que el Ministerio Público comience a hacer investigaciones exhaustivas en contra de los magistrados que crearon las jurisdicciones especiales para las ZEDE. La investigación, según el funcionario, debe abarcar también a aquellos magistrados de la Corte que emitieron el fallo que dejó en suspenso la aplicación de los artículos 239 y 42, inciso 5, de la Constitución.
En sesión celebrada por el pleno de magistrados el 14 de junio de 2021 la Corte Suprema de Justicia aprobó el establecimiento de la jurisdicción especial de las ZEDE mediante el acuerdo CSJ-01-2021. En este caso se vieron involucrados los magistrados del periodo (2016-2023) Rolando Argueta, Reynaldo Antonio Hernández, Edgardo Cáceres Castellanos, Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, Edwin Francisco Ortez Cruz, Reina Auxiliadora Hércules Rosa, María Fernanda Castro Mendoza, Jorge Abilio Serrano Villanueva, Alma Consuelo Guzmán García, Lidia Álvarez Sagastume, José Olivio Rodríguez Vásquez, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Rafael Bustillo Romero, Miguel Alberto Pineda Valle y el magistrado integrante Garín Enoc Urquía Castro por excusa del magistrado Wilfredo Méndez Romero.
En cuanto al fallo emitido, por la Sala de lo Constitucional, el 22 de abril de 2015 —,mediante el cual se argumentó la reelección presidencial, sin que la Corte tenga la facultad de modificar los artículo pétreos de la Constitución —,se vieron implicados los magistrados del periodo 2009-2016, German Vicente García, Silvia Trinidad Santos, Lidia Estela Cardona Padilla, José Elmer Lizardo Carranza y el fallecido Víctor Manuel Lozano Urbina.
Orellana enfatizó que la inconstitucionalidad y las investigaciones para sancionar a los responsables, debe abarcar la aprobación del pacto de impunidad que permite que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sustituya algunas atribuciones del Ministerio Público.
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Esta no es la primera vez que se promueven acciones en contra de los magistrados del Supremo hondureño, el 24 de junio del 2021 un grupo de exdiputados y actuales congresistas, presentó una solicitud de juicio político contra los magistrados, de la Corte Suprema de Justicia, del periodo 2016-2023 que vacaron en sus funciones el pasado 17 de febrero, que aprobaron la creación de jurisdicciones especiales para las ZEDE.
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MAGISTRADOS PROTEGIERON DELINCUENTES
Edmundo Orellana externó que a través del Poder Judicial se hicieron “barbaridades” porque desde este poder del Estado se protegió a los delincuentes y se dictaron sentencias diciendo que era constitucional la entrega del territorio nacional, para que se instalaran en el país las ZEDE y que la Constitución era inconstitucional para permitir la reelección presidencial.
Manifestó que con sus deliberaciones los anteriores operadores de justicia demostraron que eran enemigos del país y traidores a la patria, razón por la cual deben ser investigados y aquellos que resulten responsables ser castigados.
Al respecto el director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) Lester Ramírez estima que de haber un proceso de investigación los exmagistrados y exmagistradas serían señalados por delitos menores como abuso de poder, violación de los deberes de los funcionarios, prevaricato o cohecho, tráfico de influencias y va a ser “sumamente difícil comprobarlo”.
Por otra parte, puntualizó que estas investigaciones debe hacerlas el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores de Justicia (FEES-SJ) que investiga y enjuicia a funcionarios y operadores de justicia.
